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Judiciales esperan pronto una oferta del gobierno

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Deuda: se reclama US$ 70 millones para 4.000 trabajadores. Foto: F. Ponzetto

VIEJO RECLAMO

Tienen diálogo con Murro, pero no hay una fórmula de pago.

Deuda: se reclama US$ 70 millones para 4.000 trabajadores. Foto: F. Ponzetto
Deuda: se reclama US$ 70 millones para 4.000 trabajadores. Foto: F. Ponzetto

La Asociación de Funcionarios Judiciales espera que en los próximos días el gobierno le haga alguna propuesta que atienda su viejo reclamo derivado del "enganche" por ley de las remuneraciones de los trabajadores con las de los ministros de Estado y de la Suprema Corte de Justicia que se produjo durante la anterior legislatura. Ayer una asamblea extraordinaria del sindicato se declaró en cuarto intermedio por unos días para informar a los afiliados mejor sobre las fórmulas que se barajan con el gobierno. El sindicato se está reuniendo con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y con técnicos del Ministerio de Economía, dijo a El País el secretario general del gremio, Richard Ascurrein.

En los últimos días hubo algo de inquietud en el sindicato ante el rumor, luego desmentido, de que se estarían ofreciendo acuerdos "individuales" a los trabajadores.

Unos 4.000 funcionarios judiciales reclaman una deuda que al día de hoy ronda los US$ 70 millones.

El 30 de octubre en un Consejo de Ministros realizado en Trinidad, el presidente Tabaré Vázquez aseguró que se les pagaría a los judiciales.

Una tensa asamblea judicial realizada en octubre decidió por 671 votos a 630 continuar negociando con el gobierno. En febrero pasado una asamblea rechazó la oferta de pago que le había hecho el Ejecutivo.

Los trabajadores tienen sentencias judiciales que señalan que su reclamo debe atenderse y que el gobierno aún no ha cumplido.

Un artículo aprobado en la última Rendición de Cuentas por el oficialismo y el diputado colorado Fernando Amado, supeditó en los hechos el pago de la sentencia a la disponibilidad de recursos por parte del Estado. El sindicato presentará un acción de inconstitucionalidad contra el artículo. El reclamo es abultado y el gobierno ha buscado postergar los pagos.

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