Se arrastra desde 2011 por un error del gobierno de Mujica.

Para el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Jorge Chediak se trata de "un problema grave" que "tiene el Estado", partiendo de la base de que el organismo no tiene dinero para pagar: es la liquidación de las diferencias salariales que se han venido generando desde 2011, cuando en el gobierno del expresidente José Mujica por error se enganchó en un aumento para los ministros del gabinete a todos los funcionarios del Poder Judicial.

Según Chediak, el juicio original por US$ 56 millones que unos 3.700 funcionarios judiciales hicieron al Estado al ver que no se les pagaba lo aprobado en la ley de Presupuesto del anterior gobierno, creció por los ajustes y los intereses generados teniendo en cuenta los años transcurridos hasta unos US$ 90 millones.

"Son más de 3.700 funcionarios que ganaron el juicio. Estamos en la etapa final de la liquidación", dijo Chediak ante las comisiones de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Representantes cuando los ministros de la corporación comparecieron por la Rendición de Cuentas. "Por parte de nuestros servicios está pronta la liquidación; lo que faltan son los ajustes y los intereses los que, teniendo en cuenta los años transcurridos desde que se generan, probablemente lleven a un incremento del orden del 50% de la cifra calculada", explicó el ministro.

Chediak explicó la comisión que una vez que quienes ganaron el juicio tengan definida la suma correcta "iniciarán las acciones para su cobro", aclarando que "por supuesto que nosotros no podemos afrontar esta situación".

En la ley de Presupuesto aprobada en 2011, el Poder Ejecutivo quiso mejorar las remuneraciones de los ministros del gabinete e incluyó un artículo que equiparó sus salarios a los de los legisladores.

La redacción dada a la norma dejó abierta la posibilidad de que el aumento salarial (26%) también incluyera a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.

En el Poder Judicial, por ley, los jueces deben ganar un porcentaje del salario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Lo mismo ocurre con los funcionarios administrativos y profesionales que no tienen la calidad de magistrado, que están "enganchados" al sueldo de los integrantes del máximo órgano judicial.

Pensando en evitar reclamos salariales, el Poder Legislativo aprobó una ley interpretativa en la que estableció que los aumentos regían solo para los ministros del gabinete. Sin embargo, esa norma fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte, lo que abrió la puerta a que jueces y ministros del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral presentaran reclamos.

En ese marco, un grupo de casi 3.700 funcionarios administrativos y actuarios del Poder Judicial presentaron un juicio por US$ 56 millones.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIADANIEL ISGLEAS