Avanza denuncia por la construcción de barco para el ente.

El jefe de la Armada almirante Leonardo Alonso comparecerá hoy junto con otras personas ante el juzgado de Crimen Organizado por una denuncia relacionada con Ancap. Se trata de la construcción del remolcador empujador "Ky Chororo" que el ente petrolero encargó a la fuerza naval.

También hoy se espera la concurrencia de otras personas con rango jerárquico en Ancap como el gerente de Logística Eduardo Lurner. Mañana concurrirán el exfuncionario de Ancap Ricardo Lemes, y el capitán Ruben Varela de la firma Nautimill S.A.

El remolcador "Ky Chororó" fue inaugurado en mayo de 2013 por las autoridades de Ancap y el entonces presidente José Mujica. El objetivo de la construcción de este conjunto de embarcaciones (el remolcador "Ky Chororó" y dos barcazas, "Río de los Pájaros" y "Garzas Viajeras") era poder atender la demanda —que efectivamente existió y existe— sobre todo vinculada a las naftas.

El 16 de febrero de 2009 se firmó un contrato entre el Ministerio de Defensa Nacional y Ancap para construir dos barcazas y un remolcador. Las barcazas fueron construidas. Se terminó la primera en 2010 y la segunda en 2011.

El remolcador, en cambio, a pesar de la inauguración realizada en mayo de 2013, ha demorado en entrar en servicio, lo que ha sido denunciado entre otros por el propio sindicato de la empresa pública, la Federación Ancap.

El acuerdo entre la Armada y Ancap fue por US$ 12,5 millones, pero al final, debido a los cambios solicitados por Ancap el total trepó a casi US$ 15 millones.

Debido a las demoras en el proceso de construcción del remolcador, y a pesar que incluso la Armada afirma que el remolcador estaba en condiciones de navegar, Ancap tuvo que arrendar un remolcador (llamado Raúl S. a la firma Nautimill S.A.) y esa decisión le costó al ente US$ 5 millones a mediados de 2015, según declaró el ingeniero Lurner en la comisión investigadora.

Para el diseño del remolcador fue contratada de manera directa sin llamado competitivo a la empresa RN Consultores, a la que se contrató por US$ 700.000 (solo para el proyecto). En el proceso aparecen varias irregularidades, lo que queda acreditado a partir del análisis de la documentación y los testimonios de las personas involucradas.

Según información recabada por el senador Pablo Mieres, se pagaron US$ 700.000 cuando este tipo de proyectos de ingeniería no supera habitualmente los US$ 200.000.

También esta semana serán citados al juzgado de Crimen Organizado Fernando Capurro, el representante de Kios S.A., el ingeniero Ricardo Núñez, por la firma RN Consultores, y el ingeniero Eduardo Goldztejn, que es el jefe de mantenimiento de la División Marítima de Ancap.

La comisión investigadora que funcionó en 2015 en el Senado elaboró una serie de conclusiones, tras lo cual representantes de los partidos de la oposición desembarcaron en la Justicia con varias denuncias.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL