POLÍTICA

El Frente Amplio respalda a quien fue su principal referente en la región.

Pasó de ser un obrero metalúrgico y sindicalista a ocupar dos veces la presidencia de Brasil. Pero para el Frente Amplio, Luiz Inácio "Lula" da Silva fue más que eso, fue el principal referente del progresismo en América Latina y hoy su condena es un golpe difícil de digerir.

Lo sentenciaron por corrupción y lavado de activos a 12 años de prisión, pero la mayoría de la izquierda uruguaya entiende que no hay pruebas suficientes que respalden tal acusación. Lo apoyan y denuncian un episodio más de la "judicialización de la política" que comenzó cuando se destituyó a la expresidenta Dilma Rousseff luego de un juicio político.

"El Frente Amplio tiene nueve años más que el Partido de los Trabajadores. Aunque ustedes no lo sepan, el Frente inspiró mucho al PT ser de la forma que es", aseguró Lula en el acto por los 40 años de la coalición celebrado en el 2011 en el Palacio Peñarol. No fue la única vez que Lula marcó presencia en actividades del oficialismo, de hecho mantiene una amistad muy grande con el exmandatario José Mujica.

La cercanía con Lula y el PT siempre fue mayor que la mantenida con la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, o incluso con el exmandatario de Venezuela Hugo Chávez y con el actual Nicolás Maduro, que ha sido cuestionado por el astorismo.

"Para nosotros, como frenteamplistas, es un golpe muy duro por lo que ha sido la figura de Lula y la relación histórica con el PT de Brasil. Eso es inocultable. Hemos tenido una relación fraterna y solidaria desde siempre", aseguró a El País el vicepresidente del Frente Amplio y diputado de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía.

¿Por qué duele tanto? El legislador no tiene dudas de que pega más porque toca la ética de un gobierno de izquierda. Sobre el fondo del asunto, Mahía prefiere no opinar y dice que no tiene aún elementos suficientes para concluir si Lula es inocente o culpable.

Por ese motivo fue que Asamblea Uruguay votó en contra de una declaración de respaldo a Lula que aprobó el pasado viernes la Mesa Política. "Es importante seguir el proceso, analizando de forma objetiva y ver qué tan cierto es de que se lo acusa", dijo a El País el delegado del sector en el organismo Sebastián Hagobian.

Si se demuestra que incurrió en corrupción "tendrá que pagar como cualquier persona" y si no queda comprobado tal acusación y es sancionado, Hagobian concluyó que todo el episodio le hará "muy mal" a la imagen de Brasil como país. Sea como sea, "hay un golpe importante, porque Lula ha sido históricamente un líder que marca la línea de lo que es la izquierda latinoamericana", acotó.

El senador Leonardo De León de la Lista 711 coincide que esta condena a Lula no es un hecho más, sino "un golpe y tiene impacto muy fuerte" para toda la izquierda. Pero su visión es diferente a la de Asamblea Uruguay; no solo apoya a Lula sino que piensa que "se la tenían jurada" porque cuando fue presidente "molestó al capitalismo mundial" y ahora "es el candidato a ganar las elecciones" que se celebrarán en octubre de este año.

Otro que entiende que el fallo está absolutamente condicionado "por un interés político" de que Lula no pueda ser candidato es el diputado socialista Roberto Chiazzaro. "Los tres jueces no han podido probar los delitos de corrupción y lavado. Por lo tanto, hay un interés que no sea candidato y el fallo está viciado de nulidad", aseguró. Más allá de eso, admitió que el efecto es el mismo: un golpe para todo el progresismo de América Latina.

El Partido de los Trabajadores con Lula a la cabeza "ha sido un referente de la izquierda en el Cono Sur, mucho más de lo que fue (Hugo) Chávez o Rafael Correa en Ecuador", sostuvo el delegado de la Vertiente Artiguista en la Mesa Política y catedrático de Derecho Daoiz Uriarte. Como ejemplo de eso, insistió en que "nadie puede acusar a Lula de que haya limitado la libertad de prensa".

Si bien hay una condena de corrupción, para Uriarte "parece bastante raro que a un presidente de Brasil lo acusen por usufructuar un departamento triplex en Guarujá, el cual habría recibido para beneficiar a la constructora OAS con obras en la estatal Petrobras cuando aún era presidente de Brasil. "Si realmente fuera un coimero se habría llevado US$ 300 millones. Parece como ridícula la acusación en términos económicos", opinó.

De todos modos, Uriarte reconoce que "cualquier denuncia de corrupción le hace daño a la izquierda". Tanto él como Mahía, recordaron que tal como señaló el propio presidente Tabaré Vázquez "no hay una vacuna para la corrupción", por lo que nadie está libre.

"No hubo solo dictadura en Uruguay, sino en toda la región y no solo en Uruguay triunfaron las concepciones neoliberales en los 90". Este argumento es el que usó el senador y secretario general del Partido Comunista Juan Castillo para describir una nueva realidad en América Latina, algo que él llama "el avance de las clases dominantes".

"Están utilizando distintas estrategias y también aprovechan errores y carencias, vuelven a estar en una forma de restauración de gobiernos de clases dominantes de la derecha", advirtió Castillo a El País. Como ejemplo citó la destitución de Rousseff en Brasil, que no duda en llamar "golpe de Estado parlamentario", aunque "fuera vestido de ropas legales".

En el caso de Lula, sostiene que se trata de "un ajuste de cuentas contra el pueblo de Brasil (...) No han podido comprobar ninguna de las denuncias como para condenarlo e impedirle ser candidato en las próximas elecciones", aseguró.

Según Castillo, se intenta denostar a los gobiernos de izquierda y "generar una sensación de que son todos corruptos y que son todos iguales (...) Es un dato sintomático y no es casualidad, está pasando en Argentina también y es parte del discurso del gobierno de (Mauricio) Macri", añadió.

Desde el punto de vista de los comunistas, las generalizaciones sobre la marcha de los gobiernos no son buenas. "No podemos decir que todo es blanco y negro. De la misma manera que no se puede decir todos fueron corruptos o todos son unos santitos y bebés de pecho. No es ni una cosa, ni la otra, es una expresión de la lucha de clases", sostuvo el secretario general del PCU.

Para Castillo, Uruguay no está libre de que se pueda reproducir algo similar a lo que sucede en Brasil. "Tenemos problemas en Uruguay, estamos mejor que 15 años atrás pero al mismo tiempo tengo que reconocer que falta mucho para que la riqueza sea distribuida con equidad y eso se ha expresado en parte en la movilización del campo", concluyó.

"Hay sectores del campo que están ganando mucho dinero y hace tiempo vienen generando muchos recursos, algunos ya no cuentan la plata, la pesan. Y hay otros que no tienen para pagar la luz", acotó en referencia a los lecheros.

En ese marco, Castillo aseguró que hay tres realidades diferentes dentro del grupo de los que participaron en las movilizaciones: los que tienen problemas realmente (lecheros y arroceros), "los reconocidos empresarios que participan de la vida política" y "los que vieron la oportunidad de sacar rédito".

"Nada es blanco y negro. Hay tonos y matices que tenemos que examinar y esto supone tener una visión de alerta para defender la democracia y para defender las instituciones", advirtió.

Se acusa al expresidente de Brasil Luiz Inácio "Lula" Da Silva de recibir un triplex en el balneario de Guarujá (San Pablo) para beneficiar a la constructora OAS con obras en la estatal Petrobras cuando aún ocupaba la Presidencia. El supuesto soborno se calcula en US$ 750.000.

También se lo responsabiliza de negociar con Odebrecht un soborno de 12 millones de reales para comprar un terreno para erigir el instituto que divulga su legado. La transferencia no se concretó, pero la Fiscalía afirma que el delito se consumó con la mera aceptación del soborno. El juicio está en la primera instancia.

Otro de los cargos que se le imputa es de haber recibido sobornos de Odebrecht y OAS para reformar una hacienda en Atibaia (San Pablo), que se asegura es del exmandatario. A cambio se habrían firmado contratos con Petrobras. El juicio está actualmente en primera instancia.

En la misma etapa está la causa que se abrió contra Lula por lavado de dinero y tráfico de influencias por la compra de aviones suecos Gripen por US$ 5.000 millones durante la presidencia de Dilma Rousseff. Según la denuncia, Lula recibió 2,25 millones de reales a través de una empresa de su hijo Luis Claudio.

Se lo acusa también de obstrucción a la Justicia al supuestamente participar en un plan para comprar el silencio del exdirectivo de Petrobras Nestor Cerveró, involucrado en el fraude a la petrolera. La Fiscalía pidió archivar la causa por falta de pruebas y el juicio se encuentra en primera instancia.

Lula es investigado por influenciar en la política de financiación internacional del Banco Nacional de Desarrollo, con la intervención de otros organismos públicos federales para favorecer a Odebrecht. Los cargos en su contra son por tráfico de influencias, corrupción pasiva y lavado de dinero.

Lula también es acusado de recibir 6 millones de reales en 2009 su segundo mandato para prorrogar beneficios tributarios a automotrices. Este juicio se encuentra en una primera instancia.

Fue acusado junto a la cúpula del Partido de los Trabajadores de haber cobrado ilegalmente 1.485 millones de reales, usando a la administración pública.

Se investiga la obstrucción a la Justicia al articular su nominación junto con Rousseff como ministro jefe de la Casa Civil para obtener fueros. Fuente: AFP.