El Grupo por la Verdad y la Justicia que institucionalizó ayer el presidente Tabaré Vázquez, investigará las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado desde antes del golpe de junio de 1973.

El decreto de Vázquez que crea este grupo le encomienda investigar desde el 13 de junio de 1968, cuando el expresidente Jorge Pacheco Areco —que había asumido en diciembre de 1967 por la muerte de Oscar Gestido— implantó las medidas prontas de seguridad, hasta el 26 de junio de 1973, el día antes de la disolución del Parlamento; y desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, un día antes de la asunción de Julio María Sanguinetti como primer presidente democrático tras la dictadura.

El decreto, que firman Vázquez y sus trece ministros, señala que "están presentes aún las consecuencias de la acción ilegítima y el terrorismo de Estado sufrido por nuestro país en el pasado reciente".

Este grupo, que toma bajo su órbita a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente creada durante el primer gobierno Vázquez (2005-2010), sistematizará información relacionada a los crímenes de la dictadura y la pondrá a disposición de la Justicia. Esto "podrá utilizarse para el esclarecimiento de causas judiciales e investigaciones", que, según el decreto, pueden estar "institucionalizadas o no".

Macarena Gelman, integrante del grupo, dijo a El País que esta es una de las principales diferencias con la anterior Comisión para la Paz, creada durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005). "Hoy hay líneas de trabajo con la Justicia —siempre conservando su independencia— cosa que no existía en la Comisión para la Paz. Su mandato era recibir testimonios de personas que tuvieran datos para aportar. No tenía el mandato de recabar los testimonio de forma sistemática", explicó Gelman.

"El registro de los testimonios cumplirá con las condiciones necesarias para que puedan ser utilizadas por el Ministerio Público, las víctimas y familiares en los procesos e instancias judiciales y tengan valor probatorio en el ámbito del Poder Judicial", aclara el decreto.

Entre sus tareas está la de relevar los archivos documentales e identificar nuevos. Sistematizará, además, los elementos generados en los procesos judiciales archivados o en curso de investigación, realizando un registro de los testimonios.

El grupo propondrá, además, los mecanismos para que esta información esté disponible y atenderá planteos realizados por personas y organizaciones. Toda la información será digitalizada para agilizar el cruzamiento de datos.

Gelman explicó que si bien hoy, mediante orden judicial, toda la información está disponible, se busca agilitar la accesibilidad de la información, "que el Estado sea proactivo".

El grupo evaluará también el estado de situación del cumplimiento de las leyes reparatorias. Especialmente sobre la recuperación de los derechos jubilatorios y pensionarios (Ley Nº 18.033) y la reparación a víctimas contemplada en la Ley Nº 18.596. Esto no existió como cometido para la Comisión para la Paz debido a que son normativas posteriores. "También se avanzará en temas que hoy no se han implementado", agregó Gelman.

Para el relevamiento de datos en sedes judiciales, se tendrá en cuenta testimonios y denuncias realizadas en el país y en el exterior.

El documento firmado por Vázquez define como propósito principal la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado y quienes hubieran actuado con su aval para cometer terrorismo de estado.

El grupo estará integrado por siete personas de forma honoraria que ya fueron nombradas por el presidente el 13 de febrero, cuando anunció su creación: Macarena Gelman, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro (organización Familiares), Susana Andrade (colectivi- dad afrodescendiente), Pedro Sclofsky (colectividad judía), Ademar Olivera (Iglesia Metodista) y Mario Cayota (Iglesia Católica). La Dirección de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente la ocupará Isabel Wschevor.

Las organizaciones de Derechos Humanos estaban expectantes del decreto que oficializó ayer el Grupo de Trabajo por la Verdad y la Justicia.

"Si bien está solo Familiares (madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos) y no hay ninguna otra organización de Derechos Humanos ni el Pit-Cnt, nosotros le abrimos la puerta y le damos respaldo para que los resultados se vean", dijo a El País el expresidente de Crysol, Waldemar Tarocco.

Tarocco explicó que todavía no ha notado ningún cambio en la política de Derechos Humanos del presidente Tabaré Vázquez. Y dijo que espera que "no sea una comisión más para que pase el tiempo". "Depositamos confianza en esta comisión", agregó. "(Vázquez) dijo que se iba a acceder a toda la información, Pero con (Eleuterio Fernández) Huidobro en el Ministerio de Defensa me parece bastante difícil", expresó.

La presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, dijo a El País que en el Grupo de Trabajo hay personas "de nuestra confianza y que pueden tratar de averiguar cosas. Al núcleo duro de la información no hemos llegado", dijo.

Guianze explicó que hay que aprovechar instancias de este tipo y que, a pesar de que muchos de los responsables de los crímenes pueden haber fallecido o tener edad avanzada, "nadie puede saber lo que va a pasar". "Hay que mantener la esperanza", expresó.

La Comisión para la Paz fue creada por el expresidente Jorge Batlle en agosto de 2000 para conocer el destino de los desaparecidos durante la dictadura militar. Algunos de sus cometidos eran recibir, analizar, clasificar y recopilar información sobre las desapariciones forzadas y recibir documentos y testimonios. En su informe final, fechado el 10 de abril de 2003, la Comisión consideró que hay elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que hubo personas que fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales, fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos —en la enorme mayoría de los casos— o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional. Agrega que los restos de todas las personas desaparecidas que fallecieron a partir de 1973 (24 en total) habrían sido exhumados hacia fines del año 1984, incinerados o cremados y arrojados finalmente al Río de la Plata, en una zona cercana al Barrio Paso de la Arena.

Abarcará período de Pacheco Areco a partir de las medidas prontas de seguridad