Detectaron en Paysandú al menos 37 estafas, por montos de $ 150.000

Investigan maniobra fraudulenta con multas de Policía Caminera

La Justicia sanducera investiga por fraude a varios efectivos de Policía Caminera del departamento de Paysandú. Según estimaron fuentes judiciales, se detectaron 37 procedimientos fraudulentos que dejaron ganancias ilícitas por al menos $ 150.000. No obstante, no se descarta que haya más casos.

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Los efectivos cambiaban las carátulas de las multas en el sistema de Policía Caminera.

En la jornada del viernes, por el despacho del juez penal Fernando Islas, pasaron 30 personas a declarar. Se trata de conductores que fueron parte involuntaria en esta estafa contra el Estado.

La maniobra fraudulenta fue descubierta a raíz de una serie de controles y auditorías que la propia Policía Caminera comenzó a realizar a nivel nacional, a raíz de un fraude, con efectivos de la misma repartición, ocurrido en el departamento de Soriano y descubierto en el mes de julio del año pasado. Cuatro efectivos fueron procesados en esa investigación.

Hace unos meses se realizó una auditoría en el departamento de Colonia. Allí, según las autoridades, todo estaba en orden.

El segundo departamento en ser auditado fue Paysandú y allí se detectó una serie de irregularidades que llamaron la atención de los investigadores, que auditaron los sistemas informáticos de Caminera.

Durante dicha pesquisa, se encontraron irregularidades en el cobro de multas, las cuales eran adulteradas por parte de varios efectivos que ingresaban, en primer término, una multa de alto valor y cuando el usuario iba a pagar, la daban de baja en el sistema, para poner otra sanción de menor cantidad de dinero.

La diferencia, que era de entre $ 1.000 y $ 8.000, quedaba en manos de los efectivos que participaban de la maniobra.

Según allegados a la investigación judicial, desde las jerarquías del departamento sanducero hasta mandos medios y bajos, hay varios involucrados en este hecho.

Extraoficialmente, desde el Poder Judicial se informó que habrá procesados dentro del cuerpo de Caminera.

El jefe de ese destacamento será indagado mañana respecto a la responsabilidad que le corresponde acerca de estos hechos. Se trata de un suboficial mayor que, según los informantes judiciales, había sido investigado por otros hechos irregulares en el departamento, pero nunca se le pudo probar una culpabilidad.

Además se indagará al jefe regional para saber hasta qué punto estaba al tanto de estas maniobras, junto con al menos una decena de efectivos de mandos medios y bajos, que se presume están involucrados.

Testigos.

La jornada del viernes fue agitada en el juzgado sanducero, ya que 30 personas pasaron por el despacho del juez Islas.

"Yo pagué $ 6.000 de multa", declaró uno de los conductores citados a declarar. El hombre, junto con su declaración, presentó una boleta en la que se leía claramente el importe abonado por él.

Conjuntamente con esta documentación, al juez le llegó una impresión de pantalla del sistema de Policía Caminera, donde el mismo usuario tenía una multa el mismo día y a la misma hora, pero por un importe sensiblemente menor.

En este caso, comentaron las fuentes judiciales, el usuario había sido multado por exceso de velocidad (así figuraba en la boleta), pero en el sistema fue cambiada esta infracción por otra: circular sin cinturón, que es $ 5.000 más barata.

Cuatro policías habían sido procesados en julio.


La investigación que se cerró a mediados del mes de julio del año pasado, involucró a cuatro efectivos de Caminera que estafaban principalmente a camioneros cuyas cargas eran consideradas peligrosas. En este caso, los policías inventariaban la carga del camión y detallaban las infracciones que los mismos tenían. Estos efectivos nunca ingresaban las multas al sistema, sin embargo se comunicaban con los camioneros, para informarles que las multas ascendían, por ejemplo, a 150 UR. Los policías sabían que el usuario se iba a asustar con el alto costo de la multa, por lo que, acto seguido, les ofrecían “arreglar” la situación por un monto menor, que iba de los $ 20.000 y $ 60.000. Ese dinero se lo repartían entre los efectivos policiales que terminaron procesados por un delito de fraude.

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