ABORTOS CLANDESTINOS

Ofrecían pastillas a $ 8.000 el blíster; los contactos se hacían en Tres Cruces.

EDUARDO BARRENECHE

Mariela (nombre ficticio) quedó embarazada de mellizos de una pareja que conoció hace tres meses a través de un portal de citas de Internet. Como ya tenía otros tres hijos, presión arterial alta y había cumplido los 45 años, Mariela le comentó a su pareja que pensaba interrumpir el embarazo. Durante dos horas, ambos "bucearon" en Internet hasta que dieron con un contacto en un hospital de Montevideo: un enfermero se comprometió a conseguirles dos pastillas de Misoprostol por $ 12.000.

La mujer y su pareja pagaron el dinero. Ella tomó las pastillas y no le surtieron efecto. Debió concurrir a una mutualista para interrumpir el embarazo en forma legal.

La historia de Mariela se repite. Mujeres que acuden a Internet en busca de Misoprostol porque no quieren realizarse una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en una clínica. La mayoría de los casos es porque ya pasaron las 12 semanas requeridas por la ley que habilita a una IVE.

El lunes 9 y ayer, más de 20 personas, entre indagados y testigos, declararon en el Juzgado Penal de 16° Turno por venta ilegal de Misoprostol.

La titular de la sede, la jueza Julia Staricco, también indagó a dueños de tres farmacias y a compradoras del medicamento.

Fuentes del caso indicaron a El País que los vendedores colocaban avisos en Internet ofreciendo un blíster de cuatro pastillas a unos $ 8.000.

Los intercambios se realizaban en la zona de Tres Cruces, según constató la Policía.

En la tarde de ayer, el fiscal Leonardo Morales solicitó el procesamiento con prisión de 11 personas por la venta ilegal de Misoprostol, fármaco utilizado para la interrupción voluntaria del embarazo. La Fiscalía le tipificó a los indagados un delito de comercialización ilegal de medicamentos (Artículo 221 del Código Penal).

Anoche, Staricco aún no había tomado una resolución.

El 30 de agosto de este año, el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó el informe anual sobre política pública de salud sexual y reproductiva, confirmando que, desde la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en 2013, se desaceleró el aumento de casos.

Según los datos aportados por la Secretaría de Estado, en 2016 se realizaron 9.719 interrupciones de embarazos, un 3,8% más que en 2015 (9.362).

De todos modos, el porcentaje de crecimiento es cada vez menor conforme pasan los años, según se desprende del informe: de 2013 (cuando comenzó a regir la ley) a 2014 hubo un crecimiento de las interrupciones de embarazos del 20%, mientras que de 2014 a 2015 fue del 9%.

El 12 de marzo de 2015, una meretriz reconoció en el Juzgado de Maldonado que quedó embarazada en noviembre del 2014 en el ejercicio de su trabajo. "Me dejé estar", declaró ante la jueza Adriana Morosini. Pese a saber que ya había pasado la fecha límite legalmente dispuesta para poder interrumpir voluntariamente el embarazo, la meretriz decidió hacerlo igualmente a través de la compra de pastillas Misoprostol en forma clandestina a través de Internet.

Según la resolución judicial, a la que tuvo acceso El País, dichas pastillas le fueron entregadas en una zona cercana a la feria de Piedras Blancas en Montevideo y abonó por ellas la suma de $ 5.700.

Una vecina la ayudó a abortar. Si bien su madre no parti-cipó en el momento del aborto, prestó su colaboración dándo-le las bolsas de nylon en las que la meretriz colocó al bebé en el baño. Allí el cuerpo quedó dos días.

Luego la meretriz se desprendió del mismo arrojándolo al pozo de aguas sépticas de su casa. Tenía cuatro meses de gestación.

La meretriz y la vecina fueron procesadas con prisión por un delito de aborto por la jueza Morosini. La madre también fue procesada por el mismo delito, pero sin prisión.