La comisión que analiza el espionaje en democracia recibe hoy a Berrutti.

La comisión de la Cámara de Representantes que investiga el espionaje a dirigentes políticos una vez terminada la dictadura, evalúa convocar a otros exministros de Defensa, además de Azucena Berrutti que comparecerá hoy, dijeron a El País legisladores que participaron de la última reunión de la comisión el pasado lunes. También se analiza incluir en el análisis el denominado "archivo Berrutti", que hoy está disperso en el Archivo General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República.

La comisión, cuya creación fue votada por todos los partidos políticos, se formó luego de que quedara claro, tras la incautación del denominado "archivo Castiglioni", que varios dirigentes políticos fueron objeto de espionaje una vez terminada la dictadura. El denominado "archivo Castiglioni" estaba conformado por material que tenía en su casa el coronel Elmar Castiglioni, quien fuera subdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen). Luego de que este falleciera, se incautaron decenas de cajas que el fallecido militar habría robado del Servicio de Información de Defensa. Castiglioni era sobrino de Víctor Castiglioni, quien fue director de Inteligencia de la Policía durante la dictadura.

El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dijo a El País que en la comisión existe la "convicción" de que las tareas de espionaje sobre dirigentes políticos continuaron en democracia y que el objeto de la comisión debería ser "avanzar en lo que refiere a las responsabilidades por estas tareas de inteligencia". Para Posada, parece claro que se tienen que convocar a quienes han tenido "responsabilidad política" en la conducción de la cartera de Defensa.

La semana pasada estuvo en la comisión José Clastornik, director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic), quien fue convocado a instancias del diputado nacionalista Jaime Trobo para asesorar al cuerpo legislativo respecto a los alcances que pueden llegar a tener las indagatorias de la comisión.

Trobo dijo a El País que "hay una idea" de pedir la información del denominado "archivo Berrutti" que no está clasificado, aunque señaló que en este asunto hay matices entre los sectores del oficialismo.

"Hemos exigido ser más selectivos y no pedir cualquier cosa y que haya cosas dando vueltas", señaló el diputado. "Es un tema muy delicado y hay que tener mucho cuidado. No hay fijada una estrategia que diga claramente vamos tras esa pista", consideró Trobo. El legislador nacionalista considera que puede ser útil convocar a otros exministros de Defensa.

Por su parte, el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio, que también integra la comisión, consideró que será necesario llamar a otros exresponsables del Ministerio de Defensa. A su juicio, la comisión avanza "lentamente" y "no parece fácil" cumplir con el objetivo de establecer las responsabilidades por la realización del espionaje a políticos, que Rubio no duda que existió. Pero no quiso dar detalles del funcionamiento de la comisión porque los diputados se comprometieron a mantener reserva.

El "archivo Castiglioni" fue requisado por orden de la ex- ministra de Defensa Azucena Berrutti, y constaba de alrededor de 60 cajas. El semanario "Brecha" informó luego que contenía gran cantidad de información respecto al espionaje del que fueron objeto dirigentes políticos de todos los partidos tras el final de la dictadura.

La comisión también planea citar a Isabel Wschebor, extitular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, y al historiador Álvaro Rico.

La información sobre la existencia del archivo fue dada al Ministerio de Defensa por Javier Miranda, hoy presidente del Frente Amplio que entonces era secretario de Derechos Humanos. Miranda es hijo de Fernando Miranda, un escribano y catedrático universitario de militancia comunista que fue secuestrado por militares el 30 de noviembre de 1975. Sus restos aparecieron en 2006.

La creación de la comisión investigadora fue votada en noviembre por la Cámara de Representantes para analizar, "hasta las últimas consecuencias", las supuestas acciones de espionaje de servicios de Inteligencia militar después del final de la dictadura, que presuntamente finalizaron en 2009. En el curso de la sesión plenaria, diputados del Frente Amplio y de Unidad Popular (UP) hicieron afirmaciones juzgadas como "gravísimas" desde la oposición. Por ejemplo, Eduardo Rubio (UP) y Gerardo Núñez (Partido Comunista) dijeron que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos "financiaba" esas operaciones de espionaje y el seguimiento del que habrían sido objeto desde presidentes como Jorge Batlle y Tabaré Vázquez, hasta jueces, legisladores y sindicalistas. El representante frenteamplista Óscar Groba (609) aseguró que en 1992 el entonces ministro de Defensa Mariano Brito, durante el último gobierno del Partido Nacional, convocó a dirigentes sindicales para informarles que estaban siendo vigilados y les hizo recomendaciones para evitarlo.

Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo, PVP, Frente Amplio), quien solicitó la creación de la investigadora, dijo que solo una mínima parte del archivo Castiglioni está en manos del Poder Judicial.

Hay diputados que aseguran que el espionaje siguió hasta 2015. En noviembre, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y la Dirección de Inteligencia Estratégica informaron al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, que no hubo espionaje contra partidos, políticos o sindicatos en democracia.

JUAN PABLO CORREA

ESPIONAJE EN DEMOCRACIAJUAN PABLO CORREA