El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se comprometió ayer ante la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, a construir un Hospital Penitenciario, para terminar con los traslados de reclusos a centros como el Vilardebó y la Colonia Etchepare.

Fuentes de ASSE explicaron a El País que si bien el secretario de Estado no dio una fecha concreta para la concreción de este proyecto, prometió a Muñiz que este se hará "a la brevedad".

Por otro lado, el ministro se comprometió a mantener una guardia policial en los módulos del Hospital Vilardebó en los que hay pacientes judiciales.

La semana pasada dos internos de la sala de máxima seguridad número 11 escaparon del Hospital. Uno de ellos volvió al centro por sí solo; el otro rapiñó un ómnibus e hirió de arma blanca al conductor. Más tarde fue atrapado por la policía. Tras esto la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), instaló un "piquete" en el centro y reclamó a las autoridades mayor seguridad.

Más de la mitad de las camas del Vilardebó están ocupadas por pacientes judiciales (el 53%).

Por otro lado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, siempre según fuentes de ASSE, se comprometió a que mientras no esté el nuevo Hospital Penitenciario, intentará agilizar los tiempos para que la internación de presos dentro de los centros psiquiátricos sea menor. El problema radica en que a veces un recluso tiene el alta médica, pero la Justicia "demora hasta tres semanas" para autorizar el traslado.

Algunos de los pacientes judicializados son inimputables y otros vienen del sistema carcelario. Los de mayor peligrosidad están en la sala 11, que tiene capacidad para 38 pacientes y está al límite, según reconocieron fuentes del centro.

Vilardebó al límite