El 9 de julio, cuando asuman los intendentes electos, cambiarán los partidos políticos que gobiernan en cinco departamentos. Y en todos ellos las nuevas administraciones advierten que la situación financiera es preocupante. En Salto los funcionarios no cobraron en fecha los sueldos de mayo.

En Maldonado no podrán hacerlo desde julio. Río Negro recurrirá a un préstamo de un banco privado. Y en Paysandú harán una auditoría.

En pleno período de transición, los intendentes que ganaron las últimas elecciones departamentales van conociendo los números de las comunas. En Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Maldonado, una de las primeras medidas que tomará la administración entrante será la realización de una auditoría.

Enrique Antía, intendente electo en Maldonado, tendrá en funcionamiento antes de su asunción la auditoría a cargo del Tribunal de Cuentas de la República (TCR). Es que el próximo martes los ediles blancos y colorados pedirán durante la sesión ordinaria de ese día la intervención de las cuentas municipales por parte del TCR. El inciso 4º del artículo 273 de la Constitución de la República, habilita a los ediles a requerir la intervención del Tribunal "para informarse sobre cuestiones relativas a la Hacienda o a la Administración Departamental".

Para lograr el concurso de los técnicos se necesita que el pedido cuente con un tercio de los votos del total de componentes de la Junta Departamental. Los blancos y colorados tienen trece ediles en la presente legislatura.

El planteo de los ediles opositores se concretará en la noche del martes cuando la Junta Departamental deberá expedirse sobre la conveniencia o no de conformar una comisión investigadora que audite los gastos de sueldos incurridos en el último año de la primera gestión del intendente Óscar de los Santos (Frente Amplio)

Una comisión preinvestigadora conformada por tres ediles de cada partido analiza por estas horas una denuncia formulada por el colorado Pablo Gallo. Este edil denunció varias irregularidades en la gestión del rubro cero, destinado a los salarios de los funcionarios municipales.

Fuentes del entorno de Antía aseguraron que la intendenta encargada de la transición, Susana Hernández, se contactó en la noche del viernes con el próximo intendente para asegurarle que la Intendencia cuenta con los rubros suficientes para pagar los sueldos de junio y el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Los blancos entienden que la Intendencia "está fundida" y que es necesario contratar un préstamo bancario para poder solventar los gastos de funcionamiento y el pago de los salarios de los funcionarios.

El déficit acumulado de la Intendencia de Maldonado fue uno de los temas principales de la pasada campaña electoral. En ella, el actual subdirector general de Hacienda, Mauro Mendiburu, aseguró que el déficit acumulado al próximo 31 de diciembre será de US$ 65 millones. Mendiburu es un funcionario de confianza política que responde al diputado frenteamplista Darío Pérez. El dato de Mendiburu causó sorpresa y molestia en filas del exintendente De los Santos.

Desde la oposición se recordó que el contador Ricardo Alcorta, senador del Movimiento de Participación Popular, había dicho que el déficit acumulado es de unos US$ 130 millones.

En Río Negro, el intendente electo, el frenteamplista Óscar Terzaghi, destacó la apertura del jerarca nacionalista Jorge Gallo, pero no dejó de desconocer que siente incertidumbre por el estado financiero de la comuna.

"Vemos con preocupación que se han parado algunas flotas de Vialidad de trabajos rurales porque, según se nos dijo, no hay gasoil", dijo Terzaghi, que ayer participó de una reunión con los demás intendentes electos por el Frente Amplio. Y agregó: "También estamos preocupados por los plazos que tenemos para acceder al crédito indispensable para poder funcionar durante el segundo semestre. Si no sacamos un crédito vamos a tener serios problemas para funcionar y por el monto quizás tenga que hacerse en los bancos privados lo cual lleva más tiempo". El intendente electo desconoce la cifra final a gestionar ante los bancos, pero anticipó que estima "un monto de más de US$ 2 millones".

El intendente electo de Paysandú, Guillermo Caraballo, también del Frente Amplio, anunció la realización de auditorías externas, pero en principio confía en que la situación no sea como la de su vecina Salto. "No tenemos información certera, pero la vamos a tener en estos días en el marco del proceso de transición que viene muy bien".

Caraballo ordenó a su equipo que formulara por escrito las preguntas al intendente actual y que este les responda por la misma vía. Sostuvo que ese documento será un insumo "para cumplir un compromiso asumido en la campaña que fue realizar auditorías". Aun así, aclaró: "En principio no tenemos la misma gravedad como en la que está el compañero (Andrés) Lima en Salto, lo que hace que descansemos un poco más tranquilos", expresó.

Por su parte, Lima dijo que el endeudamiento en Salto creció en relación a la información que tenía a mediados de la semana pasada. "Manejábamos un número de $ 1.000 millones de deuda, pero ahora nos encontramos con una perla. Nos informan que en la gestión de los centros termales existe una deuda acumulada de $ 150 millones. Es la primera vez en la historia reciente del departamento que el turismo arroja pérdidas".

Por último, en Artigas la administración entrante está a la espera de información, y todo parece indicar que contratarán una auditoría externa al asumir.

"Podíamos haber administrado mejor". Con estas palabras, la exsecretaria general de la Intendencia de Salto, la hoy diputada Cecilia Eguiluz, reconoce que el Partido Colorado que gobernó el departamento en los últimos cinco años cometió "errores" de gestión. En particular admite un exceso en la inversión en obras públicas que "terminaron saliendo más caro que lo presupuestado".

El mea culpa de la legisladora intenta explicar los motivos que llevaron a suspender el pago de sueldos el último día hábil del mes, como es tradición. En un breve comunicado, el intendente encargado de la transición, Manuel Barreiro, informó a los funcionarios municipales que la comuna no podrá abonar en la fecha acordada y que está haciendo gestiones "a todos los niveles" para poder cumplir. En total son 1.817 los empleados de la Intendencia de Salto, según cifras de la administración saliente. De ellos, 377 ingresaron a trabajar durante el último período de gobierno y unos 20 son cargos de confianza. Todos los funcionarios reciben un salario mayor a $ 20.000 —antes había quienes ganaban $ 7.000, dice Eguiluz—, lo que incrementó, también, el gasto. Por la inversión, la Intendencia tomó fideicomisos que generan "un problema de caja". Aún resta por pagar $ 35 millones por este concepto. Y las deudas son de $ 600 millones. "Parte del déficit se arrastra", señala la exsecretaria, porque al asumir la pérdida era de $ 140 millones. Para Eguiluz todos "son problemas puntuales que tienen solución". La legisladora confía en "un acuerdo". Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, calificó "como muy crítica" la situación en Salto. Dijo que las autoridades electas se encuentran "recorriendo los diferentes ministerios y la OPP" en busca de una ayuda. "Sin duda es la situación más crítica, y qué paradoja, con el intendente mejor puntuado en su momento. Acá vemos como hay que profundizar en la gestión y no dejarse llevar por el marketing, hay que ver lo importante y no lo superficial".

En Salto no pagaron sueldos, en Maldonado no podrán hacerlo en julio