UNOS US$ 70 MIL

La intendencia de Salto gastó $ 2: en una fiesta

Solo el show de Pepe Guerra costó $ 190.000 a la comuna.

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La fiesta de la citricultura 2016 fue celebrada por todo lo alto en Salto. Foto: Captura Youtube

La Fiesta de la Citricultura realizada en el mes de noviembre en el departamento de Salto, organizada por la intendencia que encabeza Andrés Lima, costó algo más de $ 2 millones, es decir unos US$ 70.000 por concepto de contratación de artistas y pagos varios.

Cuando la actual administración frenteamplista asumió, en julio de 2015, denunció públicamente que la Intendencia no tenía efectivo y que no podría pagar el salario de mayo a los 2.000 funcionarios municipales, tampoco el de junio ni el medio aguinaldo. De acuerdo con fuentes de la comuna, la situación no tuvo muchos cambios en el año 2016.

En un documento de la secretaría general de la comuna, a cargo de Fabián Bochia, que se envió a la Junta Departamental salteña, figura el detalle de los diversos gastos del evento realizado entre el 10 y el 13 de noviembre pasado. Por ejemplo, se contrató a renombrados artistas con un elevado cachet: Braulio López (ex Olimareños) cobró $ 90.000, Pepe Guerra (el otro ex Olimareño) percibió $ 190.000, el dúo Larbanois-Carrero cobró $ 154.000 por actuar, el cantante de cumbia Denis Elías cobró $ 120.000, la orquesta Sonido Cotopaxi $ 55.000, y el grupo Los Negronis cobró $ 70.000, entre otros artistas que subieron al escenario Víctor Lima.

Viáticos.

Asimismo, en otra comunicación hecha a la Junta se informó que las autoridades de la Intendencia de Salto encabezadas por Lima gastaron desde su asunción, hace 17 meses, algo más de $ 1,3 millones, unos US$ 46.000 al cambio actual, solamente en viáticos por viajes y traslados.

Del total de los viáticos, solamente a Lima le fueron adjudicados casi $ 500.000 (US$ 17.200), mientras que el secretario general Bochia y el resto de los directores del gabinete municipal cobraron en total algo más de $ 825.000 por el mismo concepto, es decir unos US$ 27.500.

Solamente el secretario general Bochia percibió desde julio de 2015, cuando fue nombrado en el cargo, hasta diciembre de 2016 $ 98.749, unos US$ 3.300.

La información consta en un documento enviado al presidente de la Junta Departamental de Salto Alberto Villas Boas por el intendente Lima, como respuesta a un pedido de información cursado por los ediles María de los Ángeles Márquez y Alberto Subí.

La diputada colorada por Salto Cecilia Eguiluz, que en la administración del exintendente Germán Coutinho fuera secretaria general de la comuna litoraleña, elevó sobre fines de diciembre un pedido de acceso a información pública al amparo de la ley 18.381 relacionado no solo con los viáticos percibidos, sino con el dinero que el intendente Lima y los jerarcas solicitaron a las arcas comunales a rendir cuenta, y los gastos por almuerzos o cenas en restaurantes del medio realizados por Lima, los directores y los secretarios y demás jerarcas políticos de esta administración. Toda la información requerida comprende desde julio de 2015, cuando asumió la administración de Lima, hasta fines de diciembre.

Eguiluz afirmó en su escrito, al que accedió El País, que tiene "información y material donde nos denuncian que el intendente, el secretario general y algunos integrantes del gabinete municipal almuerzan o cenan en restaurantes y que las facturas son solicitadas a nombre de la Intendencia de Salto, quien se hace cargo del pago".

En abril de 2016, la de Salto fue la segunda intendencia (junto con la de Lavalleja) que se quedó sin presupuesto por problemas políticos, lo que le acarrea diversas dificultades financieras. La razón del fracaso del presupuesto de Lima en la Junta fue que dos de sus ediles no lo votaron.

Cuando el tema se trató en el plenario, de los 31 ediles salteños 16 lo hicieron por la negativa, entre ellos el entonces presidente de la Junta, Martín Pertusatti, del Frente Amplio.

Exigen pago de pensiones y de contratos

El portal tiempodenoticias.com.uy informó ayer que el gobierno del intendente Andrés Lima comenzó el año 2017 con el reclamo de madres exesposas de funcionarios comunales por el pago inadecuado de las pensiones alimenticias. La comuna abonó en cuotas las retenciones que le hizo a los funcionarios y las madres analizan llevar el tema a la Justicia penal.

Ahora son los propios trabajadores contratados por la Intendencia quienes reclaman el pago de las liquidaciones de los contratos. De acuerdo con la información, el sistema funciona así. Un número importante de trabajadores firman contratos por algunos meses y luego estos se van renovando. Cada vez que finaliza un contrato laboral, ya sea en el sector público o privado, corresponde el pago de la liquidación y otros beneficios. Pero eso no ocurrió recientemente en la Intendencia de Salto y por eso los trabajadores están movilizados. Según el portal, en estos casos la Intendencia decreta el cese del funcionario, le otorga unos días libres, que puede alcanzar a un mes y posteriormente lo vuelve a contratar. Es en estos casos donde corresponde el pago de la liquidación en forma inmediata. Salvo que firme otro contrato y continúe trabajando. En tales casos se puede hacer la liquidación después. En las últimas horas el director de Hacienda de la comuna salteña Gustavo Chiriff recibió a una delegación de los trabajadores y en los días subsiguientes las partes darán a conocer los pasos a seguir.

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