Serán 63 los inspectores de tránsito que se verán beneficiados por el fallo de la Suprema Corte de Justicia.

La Suprema Corte de Justicia confirmó un fallo en primera instancia que condenó a la Intendencia de Maldonado a pagar unos 11 millones de dólares a 63 inspectores de tránsito de la comuna fernandina.

La demanda fue iniciada por los inspectores el 3 de setiembre de 2012, por el no cobro del 25 por ciento de cada multa aplicada por infracciones de tránsito.

Los reclamantes fundamentaron su derecho a lo establecido en el articulo 40º del primer presupuesto quinquenal de la administración del entonces intendente Oscar de los Santos entre los años 2005 y 2010.

La referida norma estableció que los inspectores de tránsito percibirían una compensación cada vez que se constatara una infracción “debidamente comprobada y servicios prestados”. Esto es el 25% sobre las infracciones de tránsito y “hasta un 50 por ciento sobre servicios inspectivos de tránsito realizados a solicitud de particulares”.

La norma presupuestal no exigió que para el cobro de esa compensación la multa fuera pagada por cada conductor infractor.

El presupuesto del segundo gobierno del Frente Amplio entre 2010 y 2015 insistió con la forma del decreto anterior e involucró al resto de los funcionarios municipales, como el caso de los inspectores que cumplen tareas de control bromatológico.

Los demandantes recurrieron en setiembre de 2012 a los tribunales, ante la falta de pago de la cuota parte de cada multa que aplicaron por parte de la administración del entonces intendente De los Santos.

Cada uno de los inspectores reclamó $192.000 más los correspondientes reajustes que marca la ley. La suma total reclamada en setiembre de 2012 fue de $12.096.000.

Los reclamantes obtuvieron un fallo en primera instancia favorable a sus intereses, dictado el 13 de junio de 2014 por la jueza Ivón Olivera Kamaid.
El expediente fue apelado y elevado al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º turno, cuyos integrantes el 25 de febrero de 2015 revocaron el fallo en primera instancia.

Los inspectores interpusieron un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia quien confirmó el fallo en primera instancia por el que fue condenada la Intendencia de Maldonado.

La sentencia se encuentra firme y el abogado de los funcionarios adelantó que la suma que exigen sus clientes es de unos 11 millones de dólares.

Por lo pronto el presupuesto general de sueldos, gastos e inversión de la administración del intendente Enrique Antía modificó el polémico artículo, estableciendo que los inspectores cobrarán su porcentaje siempre y cuando los infractores abonen la multa.

La administración del intendente Enrique Antía acordó un solución de consenso con siete inspectores de tránsito de la ciudad de San Carlos que habían presentado la misma demanda.

En este caso la suma total reclamada por los inspectores carolinos fue de $1.032.000 pesos para cada uno de ellos. Un fallo de la entonces jueza carolina Ana Reloba Pereira fue confirmado en segunda instancia a favor de los siete inspectores de tránsito. Un acuerdo extrajudicial entre la Intendencia y los inspectores fijó el monto a pagar en $325.000 para cada inspector. La revisión de algunos pagos efectuados por la anterior administración demostró que al menos dos inspectores habían percibido de forma indebida sumas de dinero no establecidas en la demanda. Uno de los funcionarios cobró de más 254.706 pesos y otro 121.560 pesos.

Ambos inspectores devolvieron las sumas percibidas de forma incorrecta. En este caso el pago efectuado a siete inspectores fue por un total de 2.275.000 pesos.

MALDONADOMARCELO GALLARDO