La Intendencia de Montevideo también abrió investigación ante la Justicia.

Las escuchas telefónicas que llevó adelante la Policía de Canelones fueron fundamentales para desentrañar los movimientos de la banda organizada que cobraba dinero a cambio de tramitar licencias de conducir sin llevar a cabo los exámenes prácticos correspondientes.

Luego de seis meses de investigación en estricta reserva, la Policía pudo detener y llevar ante la Justicia a 49 personas por los hechos que habían sido denunciados en mayo de este año por la Intendencia de Canelones.

Del total de los declarantes ante el magistrado Alejandro Asteggiante, 18 resultaron procesados: 12 con prisión, por el delito de asociación para delinquir en calidad de autores con reiterados delitos de cohecho como coautores. Seis son inspectores de tránsito de Canelones, tres de San José y otras tres personas eran las que se dedicaban a hacer las gestiones con los funcionarios.

A cinco que fueron procesados sin prisión se les tipificó el delito de cohecho en calidad de autores, y a la persona restante se le adjudicó el delito de falsificación de certificado público.

Los procesados eran todos mayores de edad e iban desde los 18 años hasta los 64.

Los casos detectados por la Policía y la Justicia fueron variados. Uno de los hombres procesados era el ideólogo de coimear a los inspectores y funcionarios municipales. Esta persona que vivía en La Teja se comunicaba desde su celular con otros dos hombres que oficiaban de "ayudantes" cuando había que hacer algún "arreglo" de libretas en San José o Canelones.

Esa fue la punta de la madeja. Un total de 36 discos entregados a la Justicia por parte de la Policía con cientos de horas de grabaciones telefónicas comprobaban cómo el cerebro de la actividad delictiva manejaba los hilos.

El hombre le pedía el dinero a la gente que necesitaba sacar o renovar su libreta. Los montos variaban entre los $ 2.000 y los $ 14.000, dependiendo del tipo de trámite que se tuviera que llevar a cabo.

"Las libretas profesionales eran las más caras, las amateur variaban según lo que se tuviera que hacer", indicaron a El País fuentes vinculadas a la investigación.

Las coimas llegaban a los funcionarios municipales en diferentes modalidades. Giros a través de redes de cobranza, en sobres que eran entregados personalmente fuera de los ámbitos municipales, o incluso de la manera más obvia: en efectivo, en plena pista de pruebas mientras que el inspector aguardaba para firmar los papeles de aprobación de libreta.

"En San José pasaba algo terrible, uno de los funcionarios le llegaba a hacer las pruebas teóricas a quienes estaban dando los exámenes, les agarraba la lapicera y les decía hay que marcar esto, o hay que hacer lo otro", señalaron los investigadores del caso.

Para que un aspirante tuviera la aprobación de la libreta, necesitaba, necesariamente, tener dos inspectores firmantes. Pero en algunos casos sucedía que uno de los inspectores no se encontraba en el círculo de quienes recibían las coimas, y ahí la situación se complicaba para los llamados "gestores".

En el caso de la Intendencia de Canelones, se sabía con anticipación de una semana quienes iban a ser los inspectores de tránsito que tomarían las pruebas. Eso les facilitaba los trabajos a los negociadores, pues llevaban a sus clientes con día y hora para que determinados funcionarios públicos les tomaran las pruebas a los aspirantes.

En los últimos meses, en pleno proceso de investigación del caso, los inspectores iban rotando día a día por una determinación de la comuna canaria. Esto perjudicaba directamente a los aspirantes que iban confiados en llevarse rápidamente sus libretas de conducir. Cuando se encontraban con los funcionarios que no eran los coimeados se tenían que volver con las manos vacías.

"Los hombres que llevaban a cabo las maniobras, en algunos casos llegaron a tener problemas con quienes les habían pagado por las libretas. Resultaba que llegaban a sacarse las licencias (a hacer la prueba) y se tenían que volver para atrás porque no estaban los funcionarios con los que habían arreglado", informaron las fuentes.

Incluso, en una de las escuchas telefónicas, el cabecilla de la banda le decía a otro de sus secuaces que uno de sus clientes "no entiende nada, porque fuimos dos veces a dar la prueba pero los inspectores (dice los nombres) no estaban, había otros, y la tercera vez que fuimos llovía, esos días no hay pista". Esa discusión que fue determinante para procesar a algunos de los inspectores de tránsito, terminó a golpes de puño entre el gestor y su cliente porque este último creía que "lo habían robado" con el tema de la coima que había hecho efectiva.

En la Intendencia de Canelones se reparten 25 números por día. Cinco de ellos son para "casos de emergencia", explicó una inspectora entrevistada por El País.

"Lo que pasaba era que muchas veces esos números se agotaban rápidamente, pero porque los tenían estas personas que les daban plata a mis compañeros; las academias comenzaron a darse cuenta de lo que estaba pasando y me consta que se lo hicieron saber a los jerarcas de la Intendencia", aseguró la funcionaria.

La Intendencia de Montevideo denunció ante la Justicia un episodio similar al de Canelones. A raíz de una investigación periodística llevada a cabo por El País, se pudo determinar como un hombre oficiaba de nexo entre la comuna y los aspirantes a obtener la libreta de conducir. Las maniobras consistían en coimear a funcionarios municipales para que las libretas fueran entregadas rápidamente. La jueza de 16° Turno, doctora Julia Staricco, fue quien recibió la denuncia basada en el artículo periodístico, según indicó Marcelo Schelotto, director interino de la asesoría jurídica de la Intendencia de Montevideo. Schelotto también indicó que hace más de un año se hizo una denuncia similar ante la Justicia, pero que aún no se sabe nada de la investigación.

DIEGO PÍRIZ

UNA INVESTIGACIÓN CON ÉXITODIEGO PÍRIZ