El borrador elaborado sufrirá “modificaciones” por diferencias en el Frente.

El informe borrador de 185 páginas que elaboraron los integrantes del Frente Amplio en la Comisión Investigadora sobre Ancap traslada la responsabilidad del déficit de US$ 800 millones al Ministerio de Economía, al sostener que "la aplicación de la política tarifaria, contenedora de la inflación en los precios de los combustibles, llevó a que diferentes costos no se trasladaran al precio final". Además, concluye que no hubo "ilícitos o irregularidades" en la gestión de Ancap.

Fuentes de la bancada indicaron que el texto tendrá cambios que se terminarán de procesar la próxima semana, debido a que hay diferencias entre el MPP, la Lista 711 y el Partido Comunista con el Frente Líber Seregni (FLS) sobre la responsabilidad del Ministerio de Economía en el déficit de Ancap.

El informe —al que accedió El País— está firmado por los senadores Marcos Otheguy (Lista 711), Ruben Martínez Huelmo (Espacio 609), Daisy Tourné (PS) y Marcos Carámbula (PCU). Concluye que los ejercicios 2011 a 2014 en Ancap fueron deficitarios en US$ 602 millones y que en el mismo período la empresa podía haber recibido US$ 800 millones de Economía.

El informe recoge la versión del vicepresidente Raúl Sendic, quien declaró en su comparecencia en la Comisión Investigadora: "No hay forma de sustentar una empresa cuando, en un período de cuatro o cinco años, no son tenidos en cuenta US$ 800 millones a la hora de elaborar una plataforma de los ingresos". La diferencia de costos no considerados fue de un 50% (US$ 400 millones) por incremento en los costos de distribución, un 25% por costos de Ancap vinculados a disponibilidad logística por el aumento de la demanda, un 12,5% (US$ 100 millones) por pago de intereses del financiamiento de endeudamiento y otros 12,5% por variación del tipo de cambio, precio del petróleo y biocombustibles.

"Si conforme al régimen vigente el Poder Ejecutivo no reconoce la estructura de costos endógena propuesta o elevada por Ancap a su consideración, esta queda desde el punto de vista jurídico, en una suerte de estado de sujeción o inercia. Como corolario de lo anterior, debe hacerse cargo de los mismos a costa de su propio patrimonio", señala el borrador del informe oficialista.

Los senadores del Frente Amplio hablan de un "desacuerdo más aparente que real" —dentro de la coalición— por el no reconocimiento de costos en Ancap. En tanto, afirman que Economía actuó "en el marco de sus competencias constitucionales y legales, co-mo conductor de las políticas macroeconómicas y energéticas", y por otro lado el directorio de Ancap "ejecutó las políticas sectoriales fijadas por el Ejecutivo". Según entienden, quedó acreditado a lo largo de la Comisión Investigadora que "los costos endógenos no fueron reconocidos por el Ministerio de Economía por razones fundadas, que se comparten. Entonces, como manifestó el exministro de Economía Fernando Lorenzo ante el Parlamento, fue para proteger el nivel de inflación y a los usuarios, consumidores, productores e inversores(…), estableciendo una suerte de subsidio implícito", afirma el informe del FA.

Asimismo agrega que "los costos endógenos de Ancap están conformes al orden jurídico vigente". También concluyen que la iniciativa para incorporar los mencionados costos "está suficientemente amparada por el orden jurídico, y se justifica externamente en el cumplimiento del programa de gobierno del Frente".

A juicio de los senadores informantes, a futuro se deberían "transparentar" las reglas de juego a fin de revisar la paramétrica, "ponderando" los costos "no reconocidos" que debe asumir el directorio de Ancap.

El informe cuestiona "el juicio reiterado al infinito en todos los medios de prensa" de que "todas las inversiones previstas" en el Plan Estratégico de Ancap "se multiplicaron por tres o cuatro". Según afirman, esta situación generó una especie de "novela periodística sobre la gestión de Ancap".

Los frenteamplistas critican el "divorcio" o separación entre la actividad y los resultados parciales que se iban gestando a través del trabajo de la Comisión Investigadora y los discursos que se difundían públicamente por la oposición.

Como ejemplo, afirman que el juicio de que el costo real de "todas las inversiones se multiplicaron por tres o por cuatro" es "absolutamente falso". Agregan esto "supone desconocer deliberadamente las elementales fases de estudio, preparación y ejecución de todo proyecto de inversión".

Para justificar el incremento de costos de las inversiones como la planta desulfurizadora de La Teja, sostienen que existió "variación en los costos" como el precio internacional del hierro, del acero, mano de obra, hechos no imputables como la absorción de AESA por YPF, medidas gremiales, problemas de seguridad de los obreros para acceder a la obra, modificaciones del proyecto originario como el software de última generación para el comando de la refinería de la Teja que costó US$ 10 millones o los cambios de diseño para la toma y devolución del agua del Río de la Plata con la finalidad de preservar el medioambiente.

El borrador sostiene que los argumentos que parten de la denuncia del Partido Nacional y que se expresan en el discurso asumido ante los medios de comunicación a instancias del senador Álvaro Delgado (Todos), "son inválidos" porque "parten de la falsedad del contenido de sus propias premisas". Advierte que hacen una lectura "sesgada" e "interesada".

Como ejemplo de "falacias" de la oposición, citan "confundir lo estatal con ineficiencia" o cuando "se reproduce hasta el infinito que Ancap produce las naftas más caras de la región". Con respecto a esto, se critica la no distinción en el precio final de los combustibles, de la parte que percibe Ancap de aquella que se destina a Rentas Generales para financiar el cumplimiento de cometidos estatales.

En pocas palabras, se concluye que el mayor componente de ambos precios es el costo impositivo que tiene como destino a Rentas Generales y no a las arcas de Ancap. Además, se sostiene que no le compete a la Comisión Investigadora analizar la situación económico-financiera de la empresa a partir de los registros de sus estados contables, porque esa es una competencia del Tribunal de Cuentas. En tanto, afirman que tampoco es potestad de la Investigadora expresarse por la gestión de Ancap.

Entre las causas de los resultados negativos se habla del perfil del endeudamiento, el dólar, los altos precios internacionales de insumos básicos, incrementos de mano de obra y los costos internos no trasladados a los precios finales.

Los senadores de la oposición criticaron al vicepresidente Raúl Sendic por haber pedido licencia en el Senado en la misma fecha que se tratarán los informes de la Comisión Investigadora sobre la gestión de Ancap. Ayer pidieron sin éxito que la sesión prevista para el 17 de febrero se postergue hasta su regreso a Uruguay.

En su carta, Sendic solicitó licencia entre el 10 y el 18 de febrero para participar en Cuba de la Feria del Libro.

El senador nacionalista Álvaro Delgado criticó con dureza la solicitud de Sendic, y tildó al hecho de "inaceptable". Por su parte, el senador Ernesto Agazzi (MPP) consideró en Twitter: "Es irrelevante que en la presidencia del Senado este Sendic el día en que se discutan informes de Ancap".

El borrador del informe del Frente Amplio redactado por el presidente de la Comisión Investigadora sobre Ancap, Marcos Otheguy (lista 711), señala que no hubo irregularidades en el pago de US$ 5.000 en publicidad a una radio en Quebracho que no existía. Según sostiene, el "incumplimiento de un particular a los términos de la resolución dictada por el directorio de Ancap no genera responsabilidad jurídica" de parte del Estado. "El destino que el beneficiario de la resolución le haya dado al dinero es harina de otro costal", advierte. Además concluye que como el destino "nunca" fue aprobado por el directorio de Ancap "no existe ninguna irregularidad, más allá del hecho de lo originariamente resuelto".

El pago de US$ 3,1 millones a la empresa intermediaria Exor como indemnización por quedar marginada de manera indebida de las tratativas para renegociar la deuda entre Ancap y Pdvsa tuvo "un giro" en "un hecho del principio no imputable al directorio de Ancap", sostiene el borrador del informe del Frente Amplio en la Investigadora de Ancap. El hecho obedece al acuerdo firmado entre del gobierno del presidente Tabaré Vázquez con Pdvsa para que parte de la deuda con Venezuela se pagara con alimentos.

"No se puede afirmar que Ancap paga sobrecostos" , señala el texto borrador del informe del Frente Amplio. Sostiene que Ancap "no paga ningún sobreprecio", sino que se "paga lo indicado por el mercado en libre competencia documentado en la oferta, con la liquidez que representa un cargamento cada 25 días, con destino a procesarse en la Refinería La Teja". Los frenteamplistas insisten que Ancap adquiere los cargamentos de crudo a través de pedidos de precios abiertos.

La acusación del Partido Nacional de la asociación de Ancap con Trafigura, empresa acusada de corrupción (intermediaria entre Ancap y Petroecuador) para que los Estados intercambiaran directamente petróleo y refinados a precios menores que los del mercado fue rechazada de plano por el Frente Amplio. "Ha quedado suficientemente demostrado y acreditado ante la Comisión Investigadora que los hechos denunciados carecen de todo fundamento jurídico", concluye el informe del Frente Amplio.

La Comisión investigadora sobre AncapVALERIA GIL