Indagatoria por coimas con final imprevisible

E. BARRENECHE / E. DELGADO

El expediente judicial sobre irregularidades en la aduana del aeropuerto de Carrasco es de imprevisible final. Si despachantes son procesados por cohecho, se afectará la operativa del sector, porque los que reconocen pagar "propinas" son decenas.

Hasta ahora son 11 los encarcelados y todos aduaneros, pero si los procesamientos abarcan a despachantes la cifra de presos por este caso puede crecer ampliamente e incluso también ser investigados jerarcas y ex jerarcas de Aduanas.

La jueza Mariana Mota y el fiscal Gilberto Rodríguez definirán en los próximos días si procesan a despachantes de aduanas por coautoría de cohecho, el mismo delito por el que enviaron a prisión a 11 aduaneros. Dicho delito es bilateral, lo comete el funcionario público que recibe dinero y el privado que lo entrega.

La Asociación de Despachantes de Aduanas reconoció en un comunicado el pago de "propinas" a aduaneros a cambio de que realizaran trámites. También lo hicieron funcionarios aduaneros y abogados de ambas partes, por los que si bien son unos 15 los despachantes investigados, si algunos de ellos son procesados otra larga lista de sus colegas pueden seguir el mismo camino.

Los despachantes aseguran que por escrito y verbalmente informaron al director de Aduanas, Luis Salvo, de que se veían obligados a pagar coimas en Carrasco y que también lo comunicaron a anteriores directores. Esa información fue desmentida por Salvo, Lissidini e Illarieti (ver recuadro). Pero el abogado de uno de los aduaneros procesados afirmó que su cliente informó a Salvo del sistema de cobro de "propinas" en el aeropuerto.

Salvo incluso dijo que elípticamente le hablaron de situaciones irregulares, que pidió pruebas concretas y no las tuvo.

Hoy está previsto que declaren el ex director de Aduanas Armando Méndez, y ex jefes de aduanas de Carrasco, además de despachantes y empleados.

mencionados. Si bien los magistrados pretendían resolver esta semana la situación de los despachantes investigados, se encontraron con el gran inconveniente de cada una de estas personas menciona a alguien más -despachante o ex jerarca- cuyo testimonio solicita.

Las declaraciones de estos individuos que son mencionados se van mechando durante esta semana, indicaron fuentes judiciales a El País. A ello se sumarán careos entre aduaneros procesados y despachantes investigados, añadieron.

La cuestión es que la jueza Mota deberá decidir cuándo terminar con los interrogatorios, para enviar el expediente al fiscal Rodríguez y que éste resuelva si pide el procesamiento de despachantes o considera que no cometieron delitos y solicita el archivo de las actuaciones con relación a ellos. En este caso cambiará la figura por la que fueron procesados los aduaneros, que de cohecho pasaría a concusión.

Otros delitos que están a estudio de jueza y fiscal son el de cohecho calificado y de asociación para delinquir.

Un elemento que expusieron los despachantes es que el cobro de "propinas" es una práctica que tiene décadas en Aduanas y que se realiza desde antes que muchos de ellos comenzaran a trabajar. Fuentes del caso indicaron que para la Justicia eso no es una excusa ni un eximente del delito. Algunos despachantes incluso reprocharon a la Justicia por permitir que se cobraran coimas por trámites aduaneros, a lo que se les aclaró que la existencia de ese delito no es responsabilidad de los magistrados que investigaron cuando el caso llegó a ellos. Incluso señalaron que, como en todo delito, puede haber reincidencia, siendo responsabilidad de los actores intentar evitarlo.

El Juzgado de Mota está cumpliendo extensas jornada de trabajo y con una disponibilidad de funcionarios reducida.

operativa afectada. En tanto, la vicepresidenta del gremio de funcionarios aduaneros, Virginia Errandonea, señaló que "está afectada" la operativa aduanera en el aeropuerto porque la Dirección de Aduanas aún no llenó los 11 cargos que quedaron vacantes por el procesamiento de funcionarios.

Salvo realizó consultas en los últimos días a funcionarios de Aduanas de Montevideo que estén interesados en ser trasladados a Carrasco.

Errandonea calificó de "mentiras" que "se caen por su propio peso" los argumentos de los despachantes acerca de que fueron presionados para entregar "propinas" a los aduaneros.

El ministro de Economía, Danilo Astori , se expresó en el mismo sentido que Salvo, de que no recibió denuncias de la Asociación de Despachantes sobre maniobras delictivas en el aeropuerto de Carrasco u otras oficinas de Aduanas.

El viernes 28, la jueza de la Ciudad de la Costa, Mariana Mota, y el fiscal Gilberto Rodríguez, procesaron con prisión a nueve aduaneros del aeropuerto de Carrasco por un delito de cohecho (coima).

Agentes del Departamento II (Crimen Organizado) de Inteligencia Policial incautaron a los aduaneros agendas que contenían listados de "deudas" de despachantes por concepto de "propinas". Además, las escuchas telefónicas permitieron establecer una vinculación entre aduaneros y despachantes.

El viernes 18, la Justicia procesó con prisión a otros dos aduaneros que trabajaban en la terminal área. Unos 10 despachantes con sus respectivos funcionarios fueron citados a declarar por el caso. Alegan que fueron presionados por los aduaneros a dar "propinas".

La vicepresidenta del sindicato de funcionarios aduaneros, Virginia Errandonea, dijo a El País que detrás de las acusaciones contra funcionarios realizadas por los despachantes en el Juzgado de la Ciudad de la Costa, se encuentran las nuevas condiciones que impondrá a estos empresarios la reforma en Aduanas. Uno de los cambios es la creación del Operador Económico Autorizado.

Esta figura permitirá a importadores, transportistas o cualquier persona que cumpla ciertos requisitos hacer el trabajo que ahora efectúan los despachantes.

El operador económico tendrá que cumplir determinadas cualidades. Una de ellas es no haber sido procesado por la Justicia Penal, indicó la dirigente sindical.

"Si el Juzgado de la Costa remite a la cárcel a los despachantes que están declarando, éstos pierden el estatus luego de la reforma", dijo Errandonea. Por las maniobras en la terminal aérea, declaran por lo menos seis firmas de gran trayectoria entre los despachantes. "Por eso, los despachantes procuran que la jueza de la Ciudad de la Costa cambie la carátula del expediente de cohecho simple a concusión", concluyó la gremialista.

El País