Médicos, escribanos y 17 inspectores de tránsito involucrados en maniobra.

Desde el mes de junio pasado la Policía de Canelones viene siguiendo a tres propietarios de academias de conducir.

Mediante "pinchazos" a teléfonos móviles y seguimiento a los correos electrónicos de uno de ellos se pudo detectar una amplia red de contactos que permitiría sacar la libreta de conducir sin dar la prueba correspondiente.

Además, la Justicia está investigando si uno de ellos tendría contactos en la Intendencia de Canelones que permitiría borrar multas de Tránsito.

En la mañana de ayer el juez penal de Las Piedras, Alejandro Asteggiante, ordenó la detención de 40 personas involucradas de distinta forma en el caso.

Entre ellos hay 13 inspectores de Tránsito de la Intendencia de Canelones y 4 de la de San José, médicos, escribanos y unos 20 "usuarios" que habrían accedido al sistema, según confirmó a El País el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat.

"El negocio consistía en que estas tres personas indagadas facilitaban a los usuarios la posibilidad de obtener el permiso de conducir sin dar la prueba práctica, entre otras cosas. También cabe la posibilidad de que alguno de los indagados haya ofrecido la posibilidad de sacar multas a otras personas, hay que ver si esto es así o no y contrastar las declaraciones", explicó a El País el funcionario judicial.

Los médicos que debieron comparecer eran los encargados de expedir las constancias de salud requeridas en este tipo de trámites municipales.

De forma extraoficial se pudo saber que la documentación se confeccionaba en una casa del barrio La Teja de Montevideo y que los "clientes" debían rendir la prueba teórica pero evitaban el examen práctico, mediante acuerdo con algunos de los indagados.

Otro dato que se manejaba ayer es que la mayor parte de los clientes de la organización eran personas mayores, o con problemas de salud, que no estaban en condiciones de aprobar el examen práctico de conducir. En algunos casos la operación podía tener un costo de $ 8.000 y en otros de $ 15.000, dependiendo de la situación y las condiciones del cliente.

Ayer desde la hora 15:00 comenzó el desfile de involucrados ante la sede penal. El primero en declarar ante el juez Asteggiante fue el director de Tránsito de la Intendencia de Canelones, Marcelo Metedeira.

El funcionario confirmó en la tarde de ayer a El País que ratificó la denuncia que la comuna había presentado ante la Policía tiempo atrás y que por espacio de dos horas ofreció al magistrado toda la información que le fue solicitada.

En segunda instancia prestaron declaración los "usuarios" que contrataron el "servicio".

Ayer se estimaba que, debido al gran número de involucrados, estaba comenzando una verdadera "maratón" de indagatorias y que la primera instancia podría culminar hoy miércoles o en las primeras horas de mañana, cuando vence el plazo constitucional de 48 horas para las detenciones con orden judicial.

El abogado penalista Gustavo Salle defendió a un joven de 18 años que, junto con su padre fue a sacar la libreta a la Junta de La Paz. Al salir del edificio comunal un hombre se les acercó y les ofreció "acotar" el trámite a cambio de $ 8.000. Al parecer el ofrecimiento ilegal no incluía la prueba escrita.

"Es un particular que opera bajo el apodo de El Gordo. Esto es un típico caso de viveza criolla", afirmó el abogado.

El hombre mayor había perdido la prueba teórica y el joven logró salvarla. Por eso, el hijo siguió adelante con la maniobra ilícita que le había ofrecido "El Gordo", logrando de esa forma evitar dar la prueba práctica.

La defensa va a alegar que el joven actuó como consecuencia del consejo del padre, según explicó Salle.

Hasta la tarde de ayer, el joven permanecía detenido y se supone que en la jornada de hoy podría volver al juzgado o quedar en libertad.

PABLO MELGAR

DESBARATAN RED EN LAS PIEDRASPABLO MELGAR