Debió contratar a 267 y solo empleó a 22.

El Estado viola la ley por la cual el 4% de las vacantes generadas deben ser ocupadas por personas discapacitadas. Solo se llegó, según los datos de 2015, al 0,33%. En el caso del Poder Ejecutivo no se hizo ni un solo contrato de estas características, pese a que ingresaron 105 trabajadores nuevos.

En total son 267 los puestos que se deberían cubrir en toda la administración pública con personas discapacitadas. En 2015 se contrató solo a 22 —en 2014 fueron incorporados 75 y en 2013, 72. La cifra del año pasado es la menor desde 2010, lapso en el que se implementó la ley y cuando ingresaron 16 trabajadores.

El año pasado hubo 4.785 vacantes en el Estado que fueron provistas por personas sin discapacidad. Todos estos datos se desprenden de un informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) al que accedió El País.

El inclumplimiento del Estado es develado en momentos en que el Frente Amplio impulsa una ley para que la misma exigencia que se le hace a los organismos públicos, se traslade al sector privado. El proyecto ya fue votado en la Cámara de Diputados y se espera que sea modificado en el Senado, debido a algunos reparos del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro (ver aparte).

El organismo que más vacantes con discapacidad debería generar es Obras Sanitarias del Estado (OSE), que tiene 45 puestos sin cubrir.

Le sigue el Banco de Seguros del Estado (BSE), con 37; el Banco República del Uruguay (BROU), con 36; UTE, con 36; la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Banco de Previsión Social (BPS), con 20; y la Administración Nacional de Puertos (ANP), con 15.

Después, ya con menos de una decena vacantes, la lista es encabezada por el Poder Legislativo, la Universidad de la República (UdelaR) y la Administración Nacional de Correos, que deberían llenar nueve cargos cada organismo.

En el caso de las intendencias la violación mayor a la ley es de la comuna montevideana, que tiene 37 cargos para discapacitados sin cubrir; le sigue Salto, con 18; Río Negro, con 15; Canelones, 14; y Durazno, 12.

De 2010 a esta parte el Estado contrató a 256 personas con discapacidad. De estas, el 41,8% tiene algún tipo de incapacidad motriz, y equivalen a 107 personas. En tanto, los discapacitados con problemas de visión, audición o habla, representan similares proporciones que van del 15% al 18%, hasta llegar a quienes tienen dificultades psíquicas o intelectuales que son la minoría con el 10,2%.

Los organismos que contrataron a las 22 personas con discapacidad a lo largo de 2015 son Ancap, UdelaR, Correos y BSE, seis intendencias (Durazno, Flores, Paysandú, Soriano, Río Negro y Treinta y Tres) y la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata.

La UdelaR contrató y presupuestó a cinco personas con discapacidad, tres de ellas con dificultades de visión (se trata de un administrativo, un vigilante y un preparador del área biológica), otra de audición y habla (como administrativo), y otra solo de audición (como asistente de biblioteca).

La Intendencia de Paysandú, en tanto, que fue la que más personas discapacitadas ocupó, generó siete contratos permanentes: dos personas con dificultades motrices en miembros superiores e inferiores, otra con dificultades motrices en miembros superiores, una con dificultades intelectuales, una con dificultades de visión y otra con dificultades motrices en miembros inferiores. Menos la última, que se desempeña en el área administrativa, todos los demás ocupan cargos de auxiliares de servicio.

El 34% de los discapacitados que ingresaron al Estado lo hicieron para cubrir puestos de auxiliar, el 22,7% para áreas administrativas. También hay peones, vigilantes y asistentes.

En cuanto a sus edades, el 50% tienen entre 30 y 45 años, el 32% entre 18 y 29 años, el restante 18% más de 46. La mayoría son hombres: el 63,6%.

"Es muy loable el objetivo, pero no fui consultado", dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, luego de que días atrás en la Cámara de Representantes se votara el proyecto de ley que establece cuotas para discapacitados en el ámbito privado. La iniciativa, que fue presentada el año pasado por el exdiputado comunista Óscar Andrade y por Gerardo Núñez, que asumió la titularidad de la banca en junio pasado, es muy probable que sufra "ajustes" en el Senado, según advirtió el propio Murro a El País.

Pese a que el proyecto salió por unanimidad, desde filas blancas criticaron que el Frente Amplio se haya negado a incluir una exoneración de impuestos para las empresas en caso de contratar a personas con discapacidades.

"Cuando se trató en Diputados el Proyecto de Ley de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad en el Ámbito Privado, propusimos exonerar de aportes patronales cuando se contrate a una persona con discapacidad y el Frente Amplio se opuso. Es irónico estar en contra de esta exoneración cuando a grandes empresas se les concede muchas exoneraciones tributarias", dijo Lema a El País.

Por otro lado, el diputado presentó la semana pasada 20 pedidos de informes a los organismos que más en falta están con cubrir puestos con personas discapacitadas. Además, el nacionalista envió un pedido a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) en el que consultó "si se han adoptado medidas frente al incumplimiento del Estado", y que en caso afirmativo se le detallen las mismas.

VACANTES PARA DISCAPACITADOS SIN CUBRIR