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La directora jurídica del INAU criticó que no se le haya pedido un informe al organismo y manifestó que hay "contradicciones" entre las medidas de protección dictadas previamente y esta restitución.

Este lunes, la madre de la niña uruguaya a quien la Justicia ordenó volver a España, donde se encuentra su padre, acusado de haber abusado de ella y de haber ejercido violencia hacia la madre de la niña, presentará un recurso de queja por denegación de apelación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para intentar evitar la restitución.

En declaraciones al programa Viva la tarde de radio Sarandí, la directora jurídica del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), Andrea Venosa, señaló que existe una contradicción entre la decisión judicial y las medidas adoptadas previamente.

Explicó que la madre y la niña se encuentran con custodia policial y existe, tanto en Uruguay como en España, una medida cautelar para el padre, que le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la menor.

Venosa señaló además que la Convención de La Haya indica que, en cuanto a las jurisdicciones judiciales, "cuando el niño o niña ha permanecido más de un año dentro del territorio, los juzgados competentes son los del territorio donde está el niño y no los del país de donde provino".

En este sentido, explicó que la medida de restitución dictada en enero de 2016 "cayó", porque se le había dado un plazo de 30 días al padre para cumplir con "algunas condiciones", cosa que no ocurrió.

Venosa advirtió que hubo "elementos en el procedimiento judicial" que no fueron tenidos en cuenta, "más que nada con lo que tiene que ver con que el niño o niña sea escuchado. La niña manifestó haber vivido situaciones de violencia en España, eso quedó probado", dijo.

También señaló que la Justicia no solicitó informes sobre la situación al INAU, cosa que es habitual en estos casos, sino que "nos enteramos por la prensa".

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El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del MIDES y el INAU expresaron en un comunicado su "preocupación" por el caso.

El comunicado señala que "sin desconocer la importancia de colaborar entre países para evitar que los niños y niñas sean trasladados de un país a
otro sin autorización de ambos padres, entendemos que las situaciones de violencia basada en género, cualquiera sea el lugar en que ocurran, constituyen una grave violación de los derechos humanos, que dejan marcas y secuelas graves y difíciles de superar y que exigen volcar el mayor esfuerzo en la mejor recomposición de la vida de las personas víctimas de estas situaciones".

Para Inmujeres e INAU, "en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Uruguay está obligado a adoptar todas las medidas para garantizar a la niña y a su madre una vida libre de violencias y la reparación integral del daño causado".

"En el caso que nos ocupa, tanto la niña como su madre fueron víctimas
por largos años de violencia doméstica en España y es en Uruguay que se
encuentra la red familiar, social y de atención de su salud. La pérdida de este apoyo afecta directamente el desarrollo integral de la niña y las expone a una nueva revictimización, sumada al daño psíquico que implica el retorno forzado a un lugar que identifica con experiencias de violencia", sigue el comunicado.

Y señalan luego que "precisamente en este caso, la niña y su madre no deberían ser enviadas donde se encuentra el agresor en tanto se está perpetuando la violencia y poniendo en riesgo su vida e integridad. A su vez conforme lo establecido en las normas internacionales, art. 7.1.b) del Convenio de La Haya de 1996, el art. 16 del Convenio de 1980 y el art. 17.2 de la Ley 18.895, la jurisdicción competente debería ser la uruguaya,
dado que caducó la sentencia de segunda instancia y ya pasó más de un año desde su llegada".

"En estas situaciones, la normativa vigente en nuestro país establece que
el interés prioritario a contemplar debe ser el de esta niña y por tanto las
decisiones que se adopten desde las instituciones del Estado, deben garantizar su debida protección y el efectivo ejercicio de sus derechos humanos, por encima de otros intereses de los adultos involucrados", añaden.

El INAU e Inmujeres agregan que "teniendo presente el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, creemos necesario que la sociedad y sus instituciones reflexionen sobre las formas, los caminos y los cambios que se requieren para asegurar la protección y garantía que asegure una vida libre de violencias".

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La Intersocial Feminista, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y Mujeres de Negro convocan a una concentración para mañana martes 3 de octubre.

El encuentro será a las 18 horas en la Plaza Libertad, frente de la Suprema Corte de Justicia, para rechazar la medida de la Justicia uruguaya.