JUICIO MILLONARIO

Reclama US$ 3 millones a firmas; juez inspeccionará obras.

EDUARDO BARRENECHE

Carencias de agua caliente en duchas de adolescentes; mal sistema de calefacción por losa radiante en los celdarios; desprendimientos de puertas y luminarias de seguridad en las celdas y desmantelamiento de rejas y protecciones; mal funcionamiento del sistema sanitario antivandálico y del sistema sanitario en general, y todas las habitaciones de los celdarios carecen de ventilación directa.

Esas son las principales carencias de cuatro hogares construidos en forma directa en la administración anterior del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente —hoy Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente—, según una contrademanda presentada por el INAU en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, cuyo titular es el juez Gabriel Ohanian.

En el escrito, al que tuvo acceso El País, el Instituto exige a dos empresas el pago de US$ 3.000.000 por problemas edilicios de cuatro hoga-res. Las dos empresas, en el mismo expediente, reclaman US$ 1.000.000 por supuesto incumplimiento del INAU.

Además de citar a otras empresas como garantía, el INAU pidió al juez Ohanian que concurra a inspeccionar la calidad de las obras y el magistrado hizo lugar al pedido.

Las obras cuestionadas son las realizadas en los hogares ex Regimiento N° 9, ubicado en la avenida José Belloni; en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) situado en la calle Cufré y Bulevar Artigas; un tercer establecimiento levantado en el predio del INAU de la avenida General Flores y Bulevar Artigas y las obras realizadas en el Hogar SER de la Colonia Berro.

En su escrito, el INAU incluyó un informe de 2015 donde el Departamento de Arquitectura solicita desalojar a los internos debido a que la infraestructura e instalaciones de los hogares "no brindan" las condiciones mínimas de seguridad.

El 24 de julio de 2015, la presidenta del Inisa, Gabriela Fulco, ordenó auditorías en los cuatro hogares refaccionados por la anterior administración porque los costos superan "enormemente" la calidad de las mejoras edilicias. Un mes más tarde, la ministra de Desarrollo Social (Mides), Marina Arismendi, dijo a El País que encima de su escritorio tenía una denuncia penal para presentar sobre irregularidades en la gestión en hogares de la Colonia Berro y de Montevideo. Esa denuncia no se concretó.

En el escrito, el INAU señala que la auditoría le advirtió que no se pudo utilizar satisfactoriamente las instalaciones dada la "gravedad" de las fallas constructivas, "defectos" y "falencias de todo tipo"

Las dos empresas señalaron en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que cumplieron con la concreción de obras en los cuatro hogares. El 3 de agosto de 2016 intimaron al INAU el pago de los trabajos efectuados en los centros. En el contrato, el INAU se comprometió a pagar $ 122 millones (US$ 4 millones).