UN PROYECTO DIFÍCIL DE IMPLEMENTAR

IMM quiere datos de Uber y cobrar 7% de cada viaje

Presentó su proyecto para regular las aplicaciones, con varias exigencias.

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Conductores: denuncian que son perseguidos por inspectores. Foto: F. Ponzetto

La Intendencia de Montevideo anunció ayer en conferencia de prensa que el lunes ingresará a la Junta Departamental un proyecto para regular el transporte de pasajeros ofrecido por vehículos particulares y mediado por plataformas electrónicas.

El borrador, al cual accedió El País, plantea una regulación completa que, en principio, parece de difícil aceptación por parte de las empresas y de compleja implementación y fiscalización. De hecho, el director de Movilidad de la Intendencia, Pablo Inthamoussu, abogó por una pronta aprobación de la ley nacional que está a estudio del Parlamento (la comuna asegura que su proyecto es "complementario"), porque el escenario que se asoma por delante, con el meteórico avance de las aplicaciones, es en extremo complejo.

En su artículo 4, el proyecto señala que los permisarios le deberán abonar a la Intendencia un canon de $ 1,70 por cada kilómetro recorrido desde el inicio hasta la finalización del viaje, cualquiera sea su destino dentro o fuera del departamento de Montevideo. Por fracción de kilómetro se abonará el canon en forma proporcional a dicho monto.

Un viaje realizado en Uber desde Malvín hasta el Centro, por ejemplo, de 10.5 kilómetros, tiene un costo aproximado de $ 240. De aprobarse el proyecto de decreto, la Intendencia cobraría $ 18 por ese viaje, es decir algo más del 7%.

El borrador establece que las liquidaciones del canon deberán hacerse de forma mensual. Para eso —y otras cosas—, la comuna pretende acceder a lo que las multinacionales como Uber guardan bajo siete llaves: los números del negocio.

En su artículo 10, literal H, el proyecto de decreto señala que será obligación del titular u operador de la plataforma electrónica "proporcionar a la Intendencia toda la información veraz, necesaria y útil en los tiempos y formatos que esta requiera para conocer la identidad de los conductores, sus datos individualizantes y los recorridos efectuados por cada vehículo", así como "las tarifas, los montos cobrados y cualquier otra información que se entienda necesaria para ejercer sus potestades".

El literal siguiente hace lugar a una de las críticas reiteradas de la patronal del taxi: que el transporte regulado ingresa a todos los barrios y a toda hora, cumpliendo una función social, mientras que las aplicaciones como Uber no lo hacen. Frente a ello, la Intendencia pretende obligar a las plataformas a "garantizar que el servicio de transporte se preste de forma ininterrumpida, incluso en días festivos y feriados, durante las veinticuatro horas del día, sin discriminación por punto de destino, ni de partida, ni por la extensión del recorrido".

Ante la constatación de incumplimientos, la Intendencia podría suspender a las aplicaciones por dos años, o incluso de forma definitiva.

Conductores y autos.

Según el proyecto de decreto, los conductores deberán ser autorizados por la Intendencia y nadie podrá tener más de un vehículo afectado al servicio. La comuna incluso podrá limitar el número de automóviles.

También se aclara que "no podrán afectarse a este servicio los vehículos con taxímetro, remises ni aquellos habilitados a realizar transporte de turismo, de escolares o ambulancias".

La plataforma española Cabify, que puso su pie esta semana en Montevideo —y lo hizo en buenos términos con la administración— anunció que trabajaría con remises.

También se advierte que las tarifas no podrán ser subsidiadas, excepto para promociones específicas y acotadas en el tiempo. Y que la Intendencia podrá fijar tarifas máximas.

Los conductores deberán tener libreta profesional, cumplir con las normas fiscales, de previsión social y laboral. También se les exigirá que informen a los pasajeros la tarifa previamente al comienzo del viaje.

En cuanto a los vehículos, podrán tener una antigüedad máxima de 4 años desde su primer empadronamiento (salvo que se trate de coches eléctricos, que podrán tener hasta 10 años). Deberán pasar por un control técnico anual, tener un seguro especial y aceptar perros guía que acompañen a personas con discapacidad visual.

Otro paro.

Luego de la conferencia realizada ayer por las autoridades de la Intendencia en la Junta Departamental, el sindicato de trabajadores del taxi (Suatt) resolvió un nuevo paro en contra de la regularización propuesta por la IMM. El paro será el miércoles de la semana próxima, a partir de la hora 16:00, con movilización hacia la Junta Departamental.

"Se busca destruir a la competencia"

El coordinador de gabinete de la Intendencia, Ramón Méndez, informó ayer sobre la voluntad de la administración de incidir en las tarifas que cobran las aplicaciones de transporte.

"Subir abusivamente las tarifas es una práctica usual. (...) Si se consiguen tarifas más baratas, bienvenidas sean. Pero no pueden ser subsidiadas; no pueden ser tarifas por debajo de los costos solamente con el objetivo de destruir a la competencia", indicó.

Méndez señaló que "alguna de estas plataformas ya lleva perdidos cerca de 6.000 millones de dólares en el mundo para subsidiar y para destruir a la competencia. Naturalmente, como reguladores del sistema de transporte, tenemos que oponernos de manera tajante".

El coordinador del gabinete de Daniel Martínez aclaró que no se permitirá el cobro de tarifas diferenciales en los días de lluvia o de paro. El incumplimiento a las disposiciones del decreto y de su reglamentación, por parte del permisario o del conductor, será objeto de distintas sanciones. Entre ellas está la suspensión de la licencia de conducir hasta por 2 años o el retiro del permiso para trabajar, que pretende otorgar la Intendencia.

En el caso de las aplicaciones, la comuna las podría suspender por dos años, o incluso de forma definitiva. Según Méndez, el canon que se pretende cobrar a las nuevas empresas "guarda relación con el que pagan otros actores del mercado".

"Son transacciones que necesariamente tienen que hacerse por intermedio de algún medio electrónico, estando imposibiltadas las transacciones con dinero en efectivo", agregó el coordinador de gabinete de la Intendencia.

Choferes dicen que el proyecto no sirve

Mientras la Intendencia presentó su proyecto de regulación, que ahora deberá se analizado y votado por la Junta Departamental, avanza en el Parlamento la discusión de una ley nacional. El intendente Daniel Martínez recordó ayer que este proceso parlamentario lleva ya unos ocho meses.

El lunes sesionó en el Parlamento la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología, que tiene previsto llegar a un acuerdo sobre el borrador del Poder Ejecutivo el lunes próximo.

Esteban Queimada, vocero de la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones, señaló a la comisión que “queremos estar en el marco legal; queremos pagar, lo hemos manifestado muchas veces, pero no podemos ajustarnos a la norma vigente del servicio de transporte actual, porque es una actividad que aunque se emparenta, es totalmente distinta”.

Otro de los conductores agremiados, Andrés Hernández, consideró que el proyecto es “sancionatorio” y que “no soluciona nada”.

“Si agarran a un conductor desarrollando la actividad le sacan la libreta entre uno y dos años, cuando a un conductor alcoholizado se la sacan por seis meses. Nos parece totalmente ilógico e irreal”, indicó.

También advirtió por la escalada de hechos violentos. “A mí un taxista me sacó un arma”, informó.

El diputado frenteamplista José Carlos Mahía recordó que el Poder Ejecutivo planteó un proyecto inicial al que luego, con la participación de Agesic (organismo que lidera la estrategia de implementación del “gobierno electrónico”) le hizo modificaciones.

“Lo que les compete como trabajadores es cumplir con las leyes hoy vigentes que se aplican a las empresas registradas en la DGI y en el BPS que, por lo tanto, hacen aportes al Estado. A su vez, se establecen derechos y obligaciones en vinculación directa con los trabajadores”, indicó Mahía.

La oposición tiene una posición crítica sobre el borrador del oficialismo. El diputado colorado Adrián Peña, por ejemplo, dijo en la última reunión de la comisión que este proyecto de ley no va a solucionar el problema de fondo, sino que, en todo caso, podrá diferirlo en el tiempo. “La realidad hoy marca eso y estamos ante una verdadera dificultad”, sentenció Peña.

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