“La comuna vio el inmueble hace meses; era más barato, y le pareció caro”.

La comisión investigadora integrada por directores políticos de la Intendencia de Montevideo resolvió aconsejar al intendente Daniel Martínez que desista de comprar el inmueble destinado al nuevo Laboratorio de Regulación Alimentaria. Fuentes municipales dijeron a El País que "esto habilitará a hacer una nueva convocatoria de adqui-sición" y que hasta ahora "no se pagó nada" de los US$ 1.490.000 que solicitó el único oferente de la licitación.

Además de conformar un grupo de trabajo integrado por directores de primera línea (un hecho inédito para una denuncia de este tipo), de forma complementaria, Martínez resolvió seguir el trámite normal para estos casos: la investigación administrativa.

Asimismo, ayer quedó instalada en la Junta Departamental una comisión preinvestigadora, que comenzará a trabajar hoy con un integrante de cada lema, en la que se encuentra el edil nacionalista Diego Rodríguez como denunciante. Este grupo recogerá pruebas y elaborará un informe que pasará al Plenario de la Junta para ser votado y crear una Investigadora. Para ello, necesitará los votos del Frente Amplio.

El trabajo que comienza hoy en el legislativo comunal se prolongará seguramente hasta el viernes. Si bien la preinvestigadora tiene dos días de plazo, se pedirá una ampliación para recibir el expediente de la licitación, que la IMM no envió a los ediles, como exige la norma municipal.

"Que hayan frenado la compra indica que hay algo sospechoso, no quieren pagar el costo político. Esto potencia la investigadora. Y tampoco le quita responsabilidad al intendente", declaró anoche el edil Rodríguez a El País. "¿Cuál es la sanción económica que le cabe ahora a la Intendencia por haber hecho un negocio y recular con chancletas después?", se preguntó.

El legislador dijo que tiene información de que representantes de la Intendencia fueron a recorrer el local "entre julio y agosto del año pasado", cuando estaba en manos de la empresa Merial, y que comunicaron que "no llegaban al precio", aunque este era muy inferior al que finalmente se terminó pagando.

Según Rodríguez, esto refuerza la teoría —insinuada por el propio TCR— de que los pliegos fueron redactados "a medida" para quien resultó ser el único oferente.

"No nos caben dudas de que es un traje a medida. Por un tema económico en su momento no se hizo el negocio. Pero había un conocimiento exacto de cómo era el local. Y seis meses después tenemos esta operación en la que terceros hacen la compra por US$ 750.000, vendiéndole el local a la Intendencia 48 horas después por US$ 1.490.000. La comuna no mandó a un tasador al inmueble para ver si el precio era el correcto. El pliego coincide con los metrajes, los galpones y los garajes que la Intendencia quería", indicó el edil.

Según el fallo del TCR, "el pliego de condiciones es en extremo detallista en cuanto a los requisitos que debe reunir como mínimo el inmueble a adquirir, incluyendo no solo ubicación y superficie, sino además las especiales construcciones que deben existir en el mismo, al punto por ejemplo que se indica la cantidad de metros cuadrados que debe contar para Servicios Higiénicos, en el caso 100 m2 para cada una de las reparticiones a las que se destinará el inmueble". En este sentido, el organismo de contralor advierte que "se presentó una única oferta, la cual cumple con todos los requisitos mínimos del pliego".

El Tribunal también destaca que "no consta que se hubiera concurrido al inmueble para estimar su valor".

Si bien las dos comisiones de trabajo de la Intendencia y la que se pretende formar en la Junta investigarán hasta determinar si hubo algún hecho ilegal en el proceso —y eventualmente determinar responsabilidades—, el TCR ya observó la existencia de irregularidades.

Una de ellas es el incumplimiento a lo señalado por el ar-tículo 36 numeral 1° de la Ley 9.515, que establece que "le compete a la Intendencia adquirir terrenos y edificios para oficinas y establecimientos departamentales o mandar construir otros nuevos, con acuerdo en ambos casos de la Junta Departamental, por dos tercios de votos". Esto no ocurrió.

Según una resolución municipal en poder de El País, el intendente Martínez puso su firma a la compra del inmueble el 16 de febrero de 2017, aceptando la oferta de US$ 1.490.000. El bien tiene una valoración de Catastro de exactamente la mitad de ese precio.

Cuando la observación del TCR tomó estado público, el intendente se molestó por haberse enterado "a través de la prensa". Fue entonces que decidió dar cuerpo a la comisión ad hoc. La misma está integrada por directores de primera línea: Fernando Nopitsch (secretario general); Christian Di Candia (prosecretario general); Juan Voelker (Recursos Financieros); Fabiana Goyeneche (Desarrollo Social); Ernesto Beltrame (Jurídica) y Gustavo Cabrera (Sección Compras,).

Martínez también resolvió ayer iniciar una investigación administrativa (que indaga hechos y no personas), de donde eventualmente después podrían disponerse sumarios y la radicación de una denuncia penal, en caso que exista mérito para formularla.

En el petitorio presentado por el edil Diego Rodríguez a la Junta Departamental, para investigar el tema, se señala que "las personas que adquirieron el bien, o al menos dos de ellas, son conocidos operadores inmobiliarios del país, quienes ostentan la titularidad de una empresa inmobiliaria. En este sentido, el edil precisó que "ofertaron como personas públicas y no como empresa". Rodríguez solicitó que la Intendencia remita a la Junta Departamental el pliego licitatorio por el cual se procedió a la compra del inmueble, así como "todas las resoluciones que se emitieron en el transcurso del proceso hasta su finalización".

Según el legislador, "las actuaciones, por acción o por omisión, no se ajustan al principio de buena administración".

ANDRÉS LÓPEZ REILLY

PREOCUPACIÓN MANIFIESTAANDRÉS LÓPEZ REILLY