El terreno tiene prohibición de arrendar y protección por ser “productivo”.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Fernando Puntigliano, concurrió a la Junta Departamental a explicar los motivos por los cuales se alquiló un terreno en Osvaldo Rodríguez y Camino La Renga para generar allí un vertedero "alternativo" de basura, que no duró ni una semana.

La situación fue advertida por los propios vecinos del predio, quienes trasladaron a la edil suplente Derby Falcón la preocupación por la contaminación que se estaba generando en el sitio. Finalmente, fue el titular de la banca, Javier Barrios Bove (Alianza Nacional), quien terminó convocando al jerarca a la Comisión de Medio Ambiente y Salud de la Junta.

Según información registral aportada por Barrios Bove, el padrón en cuestión está hipotecado y tiene prohibición de arrendamiento. Tras consultar la propia web de la IMM, el edil detectó también que se trata de un terreno calificado como "suelo rural productivo, cortado por suelo rural natural", lo cual "no condice con un depósito transitorio de residuos".

Según la normativa, "el suelo rural productivo se compone de áreas cuyo destino principal es la actividad agraria, pecuaria, forestal o similar, minera o extractiva, o las que los instrumentos de ordenamiento territorial establezcan".

El edil también advirtió que la Intendencia acordó un arrendamiento con un particular por US$ 130 mil por mes y que el valor de la compraventa del terreno en el año 1991 fue de US$ 3.173.

Con respecto a la contaminación, Barrios Bove agregó que el padrón atraviesa o linda con el arroyo Las Piedras y que arrojar residuos en ese lugar de forma prolongada podría haber provocado la corrupción de este curso de agua. En este sentido, el legislador ya había señalado que la propia Intendencia había aplicado onerosas multas por el vertido de aguas residuales en el lugar.

Puntigliano y la directora de Limpieza de la Intendencia, Gabriela Monestier, identificaron el padrón en cuestión como el número 161.793. E indicaron (como señala la resolución de arrendamiento) que le pertenece a la empresa Dikrem S.A.

Sin embargo, utilizando información catastral e imágenes satelitales, el edil nacionalista demostró que el padrón utilizado fue en realidad el 135.525. Y que el terreno no está a nombre de la firma, sino de su director.

"La empresa Dikrem, si hubiese sido la propietaria de ese padrón, jamás se lo podría haber arrendado a la Intendencia, porque tiene una hipoteca con prohibición de arrendar", anotó Barrios Bove.

El error fue admitido por los directores municipales.

"Los errores administrativos cometidos son todos de mi cargo y no de los funcionarios, porque fui yo el que las apresuré, el que decidió tomar rápidamente las medidas. Era una situación insostenible, y con la seguridad y la salud ocupacional no se juega. Por lo tanto, me hago cargo de dichas medidas", dijo Puntigliano, luego de argumentar que era necesario arrojar los residuos "de valor" por un tiempo en otro lugar para retirar a los clasificadores informales del vertedero de Felipe Cardoso y poder iniciar allí obras de mantenimiento y adecuación.

El jerarca también dijo que la resolución firmada por el intendente Daniel Martínez sobre el arrendamiento del terreno no explica a cabalidad el alcance del negocio. Y comentó que el documento, que fue publicado por El País, "no es un papel secreto, aunque salió de la institución en forma irregular".

La directora Monestier también admitió errores en el proceso: "Como lo explicó el director, esta decisión se tomó prácticamente en dos días. Tiene razón el edil cuando señala que hubo investigaciones que tal vez tendríamos que haber hecho y podríamos haber hecho. También es verdad que esta no fue una opción de un menú de opciones que tuvimos encima de la mesa. Esta terminó siendo la única opción a la cual pudimos acceder en un día o dos; eso es literalmente así", indicó la jerarca.

A partir de esta experiencia fallida, Puntigliano anticipó los planes de la administración para solucionar los problemas más acuciantes con respecto a la disposición final de residuos.

"Estamos negociando con la Cámara de Industrias un predio que ya tiene la aprobación de la Dinama. Es un área muy cara, pero que nos permitiría resolver rápidamente una situación de riesgo en corto plazo. Requiere de cierta preparación; no es inmediato su uso", señaló el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia.

"Surge de la información registral que el padrón está hipotecado, y que además tiene una prohibición de arrendar. Uno busca por el padrón (en la web de la IMM), y en la parte de Categoría dice: Suelo rural productivo. Cortado por suelo rural natural. Eso no condice con un depósito transitorio de residuos", indicó el edil Javier Barrios Bove.

El legislador departamental también señaló que se acordó un arrendamiento de US$ 130 mil por mes y que el valor de la compraventa del terreno en el año 1991 fue de US$ 3.173.

"Además, el terreno está hipotecado por US$ 187.500", subrayó el edil del Partido Nacional.

"Los errores administrativos cometidos son todos de mi cargo y no de los funcionarios, porque fui yo el que decidió tomar rápidamente las medidas", dijo Puntigliano. El director de Desarrollo Ambiental indicó que existía una urgencia de sacar a los clasificadores del vertedero de Felipe Cardoso y que eso se logró al llevar la basura "valiosa" al terreno alquilado. "Toda esa cadena de errores cometidos —de los cuales me hago completamente cargo— no son justificables, pero son también parte del precio que hubo que pagar para asegurar la vida de los trabajadores y de los clasificadores", indicó.

ANDRÉS LÓPEZ REILLY

UN NEGOCIO CONTROVERTIDOANDRÉS LÓPEZ REILLY