Arbeleche considera que como primera herramienta se podría efectivamente cumplir con la medida anunciada de solamente cubrir dos de cada tres vacantes que se generen en el sector público porque eso permitiría un ahorro de US$ 80 millones anuales. "Proponemos separar la autorización legal para emitir deuda por parte del Poder Ejecutivo de lo que es una regla fiscal", sostuvo. Hoy el gobierno argumenta que la ley de tope de endeudamiento actúa como una regla fiscal pero en los hechos no es así, opina.

"El alto nivel de déficit de 3,7% del Producto Interno Bruto que salió en enero no se genera porque la recaudación esté enlentecida porque nos encontramos en niveles de presión fiscal que son de los más altos desde que tenemos la reforma. Si no es la recaudación, el problema son los gastos que no paran de crecer. El abordaje nuestro es: pongámosle un límite al comportamiento del gasto. Al final ahorrar cuando nos va mejor es lo que nos va a permitir que las políticas sociales se mantengan en curso. Lo peor que uno puede hacer es desplegar un conjunto de políticas y cuando la economía está complicada poner el freno de mano", consideró.

"Si bien Uruguay cuenta con una ley de tope de endeudamiento, el oficialismo se ha encargado de perforarla hasta volverla inoperante. La ley de tope del endeudamiento neto nunca consiguió limitar el crecimiento de la propia deuda ni, en consecuencia, el aumento del gasto. La consecuencia no solo fue el deterioro del resultado fiscal, sino una pérdida de credibilidad de la política fiscal que pone en duda la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para cualquier observador mínimamente responsable está claro que el Uruguay no tiene una regla fiscal", señala el documento del sector de Lacalle Pou.

Pablo da Silveira coordinó ya en 2014 el equipo de asesores de Luis Lacalle Pou y es su principal referente en temas de educación. En su opinión, resulta clave asegurar la conformación de comunidades educativas fuertes, sobre todo en Secundaria. Considera que el gobierno abandonó ya en 2015 cualquier pretensión de cambiar la educación.

Si bien la escuela uruguaya no está exenta de problemas, Da Silveira reconoce que los problemas se hacen más visibles en Secundaria. "El sistema de elección de horas explica parte muy grande de los problemas y es de las cosas más fáciles de resolver.

Está exactamente igual que en 2005. Lo que genera educación, no son los docentes aislados sino comunidades educativas estables con equipos de trabajo de gente que se conozca y coopere. En Pocitos el 70% de docentes tiene cinco años o más en el establecimiento y en las zonas periféricas, es al revés", sostuvo. Para Da Silveira, fue "una de las cosas más insólitas" que la directora de Secundaria Celsa Puente renunciase el año pasado a modificar el sistema de elección de horas para que estas se realizasen por dos años (hoy se hacen por un año).

"Si se combinan las tasas de abandono con los resultados de las pruebas Pisa, se descubre que la mayoría de los uruguayos de quince años no son capaces de entender un texto escrito que ofrezca un mínimo grado de dificultad, no son capaces de escribir o resolver un problema que exija una regla de tres. Hay dos problemas: la baja cantidad de gente que termina Secundaria y que los que se quedan aprenden poco", señaló. "Los gobiernos del Frente Amplio creyeron que los problemas de la educación se arreglaban tirándoles plata. Es evidente que esto no es así", opinó.

El asesor en materia laboral del senador Luis Lacalle Pou, Mario Arizti, entiende que las pautas salariales de la próxima e importante ronda de Consejos de Salarios deben ser discutidas y entregadas con antelación a los actores sociales e incluir ajustes nominales razonables de los salarios y considera que si mantiene la inflación dentro del "rango meta" del gobierno eso facilitará las tratativas. "Hay que preocuparse por el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también por el futuro de sus puestos de trabajo", consideró Arizti. También entiende que para las negociaciones debería establecerse un plazo de no más de dos o tres meses.

Arizti asegura que los asesores del sector Todos tienen canales abiertos de comunicación con el instituto "Cuesta-Duarte" del Pit-Cnt. "No hay gobernante que no trate de llegar a acuerdos con una organización tan importante como es en Uruguay el Pit-Cnt. Es un actor muy importante en la vida del país. No hay que caer en quién hizo más cosas por los trabajadores. Puedo nombrar una cantidad de cosas que hicieron el Partido Nacional y el Colorado en materia de relaciones laborales. La mayoría de las leyes de protección social fueron de gobiernos blancos y colorados. No estamos todos los días diciendo "el Partido Nacional en tal momento hizo tal cosa. No tiene sentido. Lo que tiene sentido hoy para el trabajador es si va a tener o no trabajo y qué tipo de trabajo va a tener. La regla debe ser la cooperación y el conflicto la excepción", dijo Arizti.

En las negociaciones se deberá dar prioridad a la búsqueda de soluciones para el desempleo juvenil y femenino, dijo. "El programa de gobierno nuestro es un verdadero libro donde el tema Consejo de Salarios está bien claro", enfatizó Arizti.

El Partido Nacional cree que el oficialismo ve al sector agropecuario "como la gran vaca lechera de la que extrae recursos para financiar su gasto desmesurado (...) Pero no comprende su lógica ni sus fragilidades. Por eso lo ha empujado a una situación insostenible. Junto con las empresas desaparece el empleo", denuncia el documento de Todos.

La libre importación de combustibles, la reducción de los costos de la electricidad, la eliminación de la potencia contratada para las empresas de riego, el alivio impositivo y la mejora en la seguridad rural, son algunas de las medidas que el sector propone para el campo. "A esta crisis la fabricó el oficialismo. No podemos echarle la culpa a nadie de afuera. Sus graves consecuencias afectan al conjunto de la economía y al bienestar de muchos uruguayos. Pero el gobierno ha ofrecido unas pocas medidas, fragmentarias e insuficientes, que ni siquiera van a poder frenar el agravamiento de la situación. Por eso le proponemos al presidente de la República que imprima un cambio de rumbo y lance un plan de respuesta global a los problemas del agro. Ni parches de corto plazo, que solo desgastan los puentes de comunicación, ni medidas sectoriales dirigidas a dividir a quienes reclaman", señala el documento. Juan Ignacio Buffa, principal asesor en temas agropecuarios del sector, entiende que "en este marco cualquier medida que se anuncie para el agro será bienvenida. Es mejor que nada", No obstante, dijo que se declaró en emergencia a casi 8 millones de hectáreas y según cifras oficiales la ayuda le va a llegar a 2.200 productores. ¿Alcanza para dar respuesta a una situación tan amplia? No alcanza. Se necesitan otras medidas mucho más de fondo", apuntó.