No subir la carga a sueldos de menos de $ 50.100 “cuesta” US$ 60 millones.

El gobierno anunciará tras el Consejo de Ministros que se realizará hoy por la mañana en la Torre Ejecutiva, el detalle de los cambios en el paquete de ajuste fiscal que debe presentar este mes al Parlamento.

Es que el presidente Tabaré Vázquez acordó ya con el Frente Amplio que finalmente no se subirán las alícuotas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los salarios que van de $ 33.400 a $ 50.100 nominales, pero todavía quedan detalles relevantes por definir. Quizás lo más importante sea a cuánto subirán las alícuotas para las remuneraciones que pasan de $ 50.100. Luego de acceder a no subir la carga a la franja que va de $ 33.400 a $ 50.100, que generó rechazo en el Frente Amplio por tratarse de un segmento de remuneraciones medias, el gobierno debe buscar la forma de obtener los alrededor de US$ 60 millones que iba a obtener de la primer franja subiendo el impuesto a la segunda.

El gobierno quiere mejorar la situación fiscal, principalmente para asegurar que las agencias de calificación de riesgo no le bajen la nota a su deuda. Si lo hicieran, se encarecerían los costos de financiación del país. Con el ajuste, que el gobierno prefiere denominar "consolidación fiscal", el gobierno quiere hacerse de aproximadamente US$ 350 millones para cumplir su objetivo de abatir en un punto el déficit fiscal que estaba en el 3,6% del Producto Interno Bruto cuando anunció el paquete de medidas, aunque ya trepó al 4%. El presidente Tabaré Vázquez ya dejó claro que lo que se deje de incrementar la carga tributaria a la franja de $ 33.400 a $ 50.100 deberá compensarse subiendo el impuesto todavía más a quienes ganan más de $ 50.100. Se dividirá la franja que iba de $ 50.100 a $ 167.000. Una primera franja llegará hasta $ 100.000 y otra hasta $ 167.000. A la primera se baraja aplicarle una alícuota de 24% y a la segunda de 25%.

El proyecto del gobierno implica que la máxima tasa para recibir deducciones será de 8% para casi todas las franjas. Hasta ahora el 90% de los trabajadores recibe una deducción de 10%. Este porcentaje se mantendría solamente para quienes perciben menos de $ 33.400 nominales. Las deducciones son descuentos a los que tienen derecho quienes pagan IRPF por partidas que ya abonan como los aportes al Banco de Previsión Social y al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). También se toman en cuenta los gastos por hijos a cargo, y en algunos casos las cuotas de préstamos hipotecarios (cuando el valor de la vivienda no pasa de US$ 80.000).

Todo esto se da en un contexto de clarísima desaceleración económica. Ni analistas ni el gobierno esperan que este año el crecimiento —si es que este año el país crece— pueda pasar del 1%. Por ejemplo, el índice Líder del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) cayó, en la última medición correspondiente a marzo, un 0,5%. Se trata de la octava caída en los últimos 9 meses. "Sobrevuelan presiones recesivas", dice el director académico de Ceres, Ernesto Talvi. Este mes el Banco Central del Uruguay difundirá los datos correspondientes al nivel de actividad de los primeros tres meses del año.

El gobierno ha preferido no aclarar cuánto rinde aproximadamente en materia de recaudación cada franja del IRPF, ni cuánto obtendrá con la baja de las deducciones. Apuesta también a la postergación de gastos por US$ 125 millones. Con el IRPF sobre los salarios, su idea original era obtener US$ 283 millones, con el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS, que también ahora deberá subir más que lo originalmente previsto) US$ 18 millones, y con el IRPF a las rentas de capital y con el IRAE estimaba recibir US$ 100 millones.

El sector moderado de la central sindical está conforme con los cambios anunciados por Vázquez, pero no logró apoyo el viernes pasado para desactivar el llamado a un paro general. Podría desconvocarse según el resultado de los contactos que el Pit-Cnt tendrá esta semana con el gobierno.

EL AJUSTE FISCAL