La historia de la compra de El Entrevero en 4 capítulos
Capítulo I
Agosto 2010
El campo de 150 hectáreas ubicado en el kilómetro 171 de la ruta 10, cerca de José Ignacio, se vendió el 1° de agosto de 2011 en US$ 14 millones y no fue reportada al Banco Central, como lo establece la ley.
La compradora de la propiedad es Jumey, una sociedad anónima presidida en ese momento por Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, a quien la Justicia argentina investiga como el presunto líder de la red de lavado asociada al expresidente Néstor Kirchner.
Capítulo II
Abril 2013
El 26 de abril los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido presentaron una denuncia a la Justicia argentina acerca de la existencia de una organización encabezada por el empresario Lázaro Báez (que era amigo y socio del fallecido expresidente Néstor Kichner) dedicada a lavar dinero producto de irregularidades en la realización de obras públicas del gobierno de ese país.
Junio 2013
El 14 de junio la Unidad de Investigación y Análisis Financiero del Banco Central detectó que la venta de la estancia "El Entrevero" en José Ignacio arroja indicios de irregularidades porque ni el escribano ni la inmobiliaria actuante cumplieron con la ley.
El 16 de junio el periodista Jorge Lanata dedicó su programa Periodismo Para Todos, que se emitía por Canal 13, a la existencia de una organización supuestamente encabezada por Báez. Lanata mostró además videos de las cámaras de seguridad de la financiera SGI, también llamada La Rosadita, implicada en el caso de lavado.
Días después, el diario El Observador informa de detalles de la compra de El Entrevero. En torno al negocio de esa propiedad se tejía un entramado de sociedades anónimas y empresarios argentinos. La propiedad está a nombre del contador de Báez, Daniel Pérez Gadín.
El 17 de junio la jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez, comienzan a investigar la compra de la estancia El Entrevero en José Ignacio por unos US$ 14 millones. Los primeros citados son el escribano Adolfo Pittaluga Shaw y al propietario de la inmobiliaria Alejandro Perazzo, que participaron en esa compraventa.
La legislación uruguaya establece que el escribano y la inmobiliaria deben alertar al Banco Central de Uruguay y a la Unidad de Información Financiera del ingreso al país de los 14 millones de dólares. Algo que no hicieron.
Ese día, tanto Pittaluga Shaw como Perazzo dijeron que no dieron cuenta de la operación a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central porque no encontraron indicios de que fuera una maniobra de lavado de activos.
Tanto Pittaluga Shaw como Perazzo hicieron hincapié en sus declaraciones en que la operación (que se realizó en cuatro pagos) se llevó a cabo a través de la participación de seis bancos internacionales, tres de los cuales tienen filiales en Uruguay.
De hecho, Pittaluga Shaw dijo en su declaración que al momento de la firma del boleto de reserva no estaba vigente el decreto reglamentario de la ley que obliga a los notarios a denunciar casos sospechosos de lavado de activos ni tampoco la Asociación de Escribanos había confeccionado el formulario estándar a utilizar por los profesionales para esos casos.
Julio 2013
La diputada argentina Graciela Ocaña pidió a la Justicia uruguaya que investigase un misterioso vuelo a Montevideo de un avión que era propiedad de tres empresarios kirchneristas. La hipótesis es que en ese viaje se trasladó dinero ilegalmente.
A las 14.13 del domingo 14 de noviembre de 2010, el jet privado Learjet modelo 25D matrícula LV-BZC partió de un aeropuerto privado de la localidad bonaerense de San Fernando con rumbo al aeropuerto internacional de Carrasco. En el vuelo, que se realizó 15 días después de la muerte del expresidente argentino Néstor Kirchner, viajaron dos hombres de unos 35 años que llevaban dos bolsos cada uno, según el piloto de la aeronave.
En ese momento, el avión era propiedad de tres empresarios vinculados al kirchnerismo. Uno de ellos es Carlos Robustiano Gauna, amigo personal de Kirchner.
Agosto 2013
Ocaña viajó a Uruguay y denunció públicamente que la Justicia uruguaya no recibió ningún pedido de información de su par argentina por el caso de Lázaro Báez, a pesar de que hacía dos meses el juez federal Sebastián Casanello había pedido -a través de la Cancillería- datos sobre la compra de un campo en José Ignacio.
"Tememos que la cancillería argentina esté encubriendo y demorando para que no llegue aquí la información sobre la operatoria y no permita que lleguen y se envíen datos a Uruguay", dijo la legisladora al diario argentino La Nación al regresar de Montevideo.
Capítulo III
Junio 2014
La Cancillería argentina acusó a las autoridades uruguayas por la demora en la tramitación de exhortos judiciales relativos a las posibles maniobras de lavado de activos que implican a empresarios y dirigentes kirchneristas que estaban siendo investigadas en ambos países desde hacía casi un año.
Sin embargo, en Uruguay se tiene la visión contraria. La jueza De los Santos, que investiga las posibles maniobras de lavado K en base a la compra del campo El Entrevero transmitió a los diputados argentinos que la indagatoria está trabada debido a la demora de las autoridades del vecino país en responder los exhortos enviados.
Mayo 2014
El juez federal argentino Sebastián Casanello procesó a los financistas Leonardo Fariña y a Federico Elaskar por el delito de lavado de activos por diversas maniobras realizadas con adquisiciones de bienes y propiedades en Argentina.
Casanello también investigaba las maniobras por las que supuestamente el grupo que integran Fariña y Elaskar envió al exterior cerca de US$ 60 millones, en este marco entraban varias transacciones y giros realizados en Uruguay.
En su fallo de 200 páginas, el juez argentino explicó que la imputación se basa en "las operaciones llevadas a cabo en el mercado local por Leonardo Fariña y Federico Elaskar, reportadas por diversos sujetos obligados y organismos públicos ante la posibilidad de tratarse de maniobras de lavado de activos".
Febrero 2015
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sancionó a los profesionales que intervinieron en la venta de la estancia El Entrevero.
El escribano que intervino en la compraventa y el operador inmobiliario que participaron del negocio deberán pagar una multa de US$ 276.035 y US$ 88.934, respectivamente, por incumplimiento de las obligaciones impuestas en la ley de lavado de reportar las operaciones sospechosas.
El campo de 150 hectáreas ubicado en el kilómetro 171 de la ruta 10, cerca de José Ignacio, se vendió el 1° de agosto de 2011 en US$ 14 millones y no fue reportada al Banco Central, como lo establece la ley. La compradora de la propiedad es Jumey, una sociedad anónima presidida en ese momento por Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, a quien la Justicia argentina investiga como el presunto líder de la red de lavado asociada al expresidente Néstor Kirchner.
Capítulo IV
Abril 2016
El 5 de abril el empresario argentino Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner e investigado en una causa por presunto lavado de dinero, fue arrestado a poco de aterrizar en un aeropuerto en la periferia del norte de Buenos Aires. La detención fue determinada por orden del juez federal Sebastián Casanello, que investiga una presunta red de lavado de dinero en la que está involucrado Báez.
El 8 de abril, el financista Leonardo Fariña, preso desde 2014, resolvió acogerse a la figura de la legislación argentina conocida como “arrepentido” y declaró durante siete horas frente al juez de la causa que a Lázaro Báez. Dijo que el empresario K y el propio Néstor Kirchner llevaron adelante un "plan para vaciar las arcas públicas" a través de "un sistema que genera como rédito dinero en efectivo".
Allí relató con lujo de detalles el proceso de compra del campo El Entrevero en José Ignacio: “Lo trajo Maximiliano Goff Dávila junto con Julio de Marco, la inmobiliaria participante fue Walter Perazo Inmobiliaria y es escribano interviniente Adolfo Pittaluga Shaw. El titular de ese campo era un español llamado Walter Kobilansky. El precio pactado fue 16.5 millones de dólares"
“Lázaro Báez fue quien quiso comprar el campo. Hoy en día el campo está a nombre de Pérez Gadín. Goff Dávila me comenta el negocio, yo se lo comento a Báez, que me dice que sí. Goff Dávila me muestra el negocio en Argentina, después yo voy a Uruguay. A Lázaro en Buenos Aires yo siempre lo vi en Carabelas. La seña la llevó Maximiliano Acosta por ruta a Montevideo, a la oficina del escribano Pittaluga”
"Cinco de esos 16 y medio millones de dólares se encargó de mandarlos Elaskar sin tener conocimiento de que ese campo era para Báez, cuyo cable lo había conseguido Pancho Pisano padre.
Según dijeron, ellos habían utilizado una sociedad de bolsa que yo no sé cuál es. Esos cinco millones fueron coordenadas a la cuenta de Panamá de Kobilansky. Las coordenadas y certificados de transferencia de esos cinco millones de dólares fueron remitiadas de Elaskar a Maximiliano Goff Dávila y de éste a Adolfo Pittaluga Shaw. Se hicieron dos letras de cambio del Banco Santander Uruguay en favor de Adolfo Pittaluga Shaw, se transfirireron dos millones de dólares más via financiera a la cuenta de Wlater Kobilansky y los últimos tres millones de dólares se encargó de pagarlos Pérez Gadín. La sociedad que se compra es Traline S.A.; Maximiliano Acosta se pone como presidente del Directorio".
El 9 de abril la Justicia argentina imputó ayer por lavado de activos a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en el marco “La ruta del dinero K", la que implica presuntas maniobras por las que se habría utilizado a Uruguay para la compra de inmuebles, el uso de sociedades anónimas para girar dinero al exterior y el envío en avión de bolsos con millones de dólares en efectivo que habrían bajado en el aeropuerto de Melilla.
El 17 de abril, el federal Sebastián Casanello procesó por "lavado de dinero" con prisión preventiva a Lázaro Báez y a el contador Daniel Pérez Gadín, citó a indagatoria a Ricardo Echegaray y pidió la captura del abogado Jorge Chueco, entre otras medidas.
El 26 de abril, la fiscal especializada en Crimen Organizado María Camiño le solicitó ayer a la jueza Adriana de los Santos que trabe embargo al campo "El Entrevero" ubicado en Maldonado. La propiedad pertenece al empresario kichnerista Lázaro Báez, quien fue procesado con prisión el 18 de abril pasado por lavado de activos en Buenos Aires.
El procesamiento de Báez decretado por el juez Casanello generó el delito precedente que esperaban De los Santos y Camiño para avanzar en la investigación sobre la ruta del dinero K en Uruguay. Junto con Báez también fue remitido su contador, Daniel Pérez Gadín. Días después, el abogado de Báez, Jorge Chueco, fue capturado en Paraguay.
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