LA OFERTA FORMAL E INFORMAL

Hay unos 70 prostíbulos en Montevideo, la mitad ilegales

Son 34 los autorizados; uno fue multado 10 veces por no acatar su clausura.

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Los prostíbulos no pueden estar a 200 metros de los centros educativos. Foto: F. Ponzetto

Según los registros de la Intendencia, existen en Montevideo 34 prostíbulos habilitados, 9 que han cerrado y 6 que fueron clausurados, aunque estos últimos no necesariamente estén inactivos. A uno de ellos, ubicado en Monte Caseros 2796, el intendente Daniel Martínez resolvió la semana pasada aplicarle una multa de 135 UR ($ 122.500) por violar diez veces consecutivas una orden de clausura.

Como ocurre en muchas actividades, el informalismo amplifica considerablemente la oferta. "Son más los ilegales que los legales. La inversión para abrir es muy grande, eso también ha hecho que muchos que estaban como legales se pasaran a la ilegalidad", relató a El País Mauricio Peña, dueño de 5 prostíbulos y del canal de cable para adultos Divas TV.

"En el mercado ilegal, alquilás una casa, ponés una cama, lo decorás un poco y listo. En el legal, tenés que cumplir con requerimientos de Bomberos, tener habilitaciones de Bromatología, Salud Pública, etc. Al alquilar la casa y solicitar la viabilidad de uso, que lleva varios meses, hay que pagar alquiler, poner un baño en cada habitación; tenés que tener piso y paredes lavables. Hacer un baño en cada cuarto solamente ya te lleva mucho dinero. De repente pasan 8 o 9 meses en los que vos estás tramitando permisos, haciendo reformas y pagando alquiler, mientras tenés el local cerrado", señala Peña.

El listado de prostíbulos habilitados en Montevideo lo lleva el Sector Hoteles, Pensiones Inquilinatos y Afines de la IMM.

"Existen algunas viabilidades en trámite que no han sido agregadas. También existen establecimientos que nunca tramitaron nada y que no se han incorporado al registro, habiendo sido oportunamente clausurados", explicó a El País la presidenta de la Comisión de Casas de Huéspedes de la Intendencia, Marta Garagorry.

Con respecto al caso del prostíbulo ubicado en Monte Caseros, Garagorry informó que se dispuso su clausura por falta de documentación. "Esa es la sanción más grave. No la ha cumplido y ante cada constatación se tramitan las multas. En paralelo se dispuso la realización de la denuncia en sede penal, estando el trámite a cargo de la División Asesoría Jurídica de la Intendencia", anotó.

Exigencias.

La Intendencia permite el funcionamiento de los prostíbulos siempre y cuando estos se ajusten a determinadas disposiciones. Por ejemplo, no pueden estar a 200 metros de centros de enseñanza, templos religiosos o salas velatorias. Tampoco pueden ubicarse a menos de 50 metros de distancia (medidos por el eje de la vía pública o calles a las cuales son frentistas) de organizaciones de beneficencia, oficinas del Estado, comisarías y cuarteles; así como de establecimientos deportivos (estadios, canchas, clubes, gimnasios o similares), salas de espectáculos, teatros, cines o auditorios.

Según el digesto municipal, también deben estar a más de 50 metros de locales comerciales con gran aglomeración de personas, como por ejemplo los supermercados.

Garagorry explicó que los recaudos que se exigen para la instalación de un prostíbulo son la viabilidad de uso; planos aprobados por el Servicio de Contralor de Edificaciones de la Intendencia; habilitación del Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas; autorización del Servicio de Regulación Alimentaria si se expende algún tipo de alimento o bebidas; medidas de defensa contra incendios (avaladas por la Dirección Nacional de Bomberos) y habilitación otorgada por el Ministerio del Interior (Departamento de Contralor Social de la Jefatura de Policía).

"En materia de contralor de este tipo de establecimientos, le compete a la Intendencia verificar el cumplimiento de los requisitos formales (documentación) y de la normativa departamental (volumen XV del Digesto Departamental), en particular lo que refiere al estado de conservación de las instalaciones e higiene", explicó Garagorry. "Registramos intervenciones en caso de ruidos molestos producidos por la música proveniente de los mismos. Y se atienden las denuncias que se reciben de los particulares. De corresponder, se derivan los antecedentes a los organismos que deban intervenir", agregó la funcionaria.

Desde el año pasado, la IMM viene coordinando inspecciones con el resto de los organismos públicos con competencia en la materia (Ministerio del Interior, INAU, MTSS y MSP), "en el seno de la responsabilidad asignada por la Ley a la Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual", informó Garagorry.

Ilegalidad.

"La irregularidad en la prostitución provoca que muchos puedan hacer lo que quieran. El local ilegal es el Uber de los prostíbulos", resume Mauricio Peña.

"Nosotros tenemos la experiencia de recibir chicas que vienen de apartamentos privados en los que de repente trabajan desde hace 4 o 5 años, y cuando llegan a un lugar legal, no tienen idea de lo que es una libreta de profilaxis. Les pedimos todos los meses que tengan la libreta al día, lo cual es toda una transa para las chicas, porque tienen que ir al Hospital Maciel. En la irregularidad no hay control", sentenció.

El registro de trabajadores sexuales lo lleva adelante el Ministerio del Interior. Sin embargo, comprende a un número de personas diez veces menor en comparación con aquellas que se realizan los controles que pide el Ministerio de Salud Pública. En este momento se está estudiando modificar la ley vigente, y se analiza la posibilidad de que el registro pase a la órbita del Ministerio de Trabajo.

UN TEMA SIEMPRE PRESENTE.

Remersaro: reviviendo un tema tabú.

El reciente descubrimiento de un prostíbulo clandestino en un inmueble perteneciente a Laura Remersaro, la exdirectora de la Contaduría General de la Nación, puso en evidencia que tanto las casas de masajes como los apartamentos privados en los que varias trabajadores sexuales ejercen la prostitución escapan del control estatal. Remersaro fue removida del cargo por el ministro de Economía, Danilo Astori.

Los que son legales y los ilegales.

Según la información que maneja la Intendencia, hay en Montevideo 34 prostíbulos autorizados, 6 que fueron clausurados y otros 9 cerrados. Sin embargo, los que son clausurados no necesariamente se encuentran cerrados, exponiéndose a ser multados. Desde el sector se señala que hay más prostíbulos clandestinos que formales, y que algunos legales se han pasado a la ilegalidad por no poder hacer frente a las cargas y exigencias.

Controles de salud mensuales.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) realiza controles de salud mensuales a los trabajadores sexuales. En cada consulta, cada uno tiene derecho a solicitar 144 preservativos gratuitos. Entre 2013 y 2014 creció la cantidad de controles realizados, de 2.150 a 2.544. Esto, según afirman desde el MSP y la comisión dedicada al trabajo sexual, redujo la morbilidad en VIH en general y en particular entre los trabajadores controlados.

Cuando existió una "zona roja".

La construcción de la rambla Sur de Montevideo, durante la década de 1920, erradicó definitivamente el barrio prostibulario de la ciudad, popularmente conocido como "El Bajo". Señala una crónica de época que aunque el Bajo ofrecía "un ambiente de pintoresquismo muy tentador", fueron pocos los contemporáneos que se animaron a ponerlo en evidencia, "posiblemente para no delatar con su conocimiento directo, unos hábitos de vida que era más prudente ocultar".

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