Cuando en febrero, el presidente Tabaré Vázquez presentó en sociedad la Comisión por Verdad y Justicia, que creó para buscar "la información que falta" sobre los crímenes cometidos en dictadura, dijo que el criterio de selección fue la "ejecutividad".

Quizás ese mandato motivó que la comisión no espere el decreto que institucionalmente le dará vida para comenzar a trabajar. Los siete integrantes —los diputados Macarena Gelman y Felipe Michelini, la representante de la colectividad afrodescendiente Susana Andrade, el de la Iglesia Metodista Ademar Olivera, Emilia Carlevaro como representante de la organización de familiares, Pedro Sclofsky por la comunidad judía y Mario Cayota por la iglesia Católica— se reúnen dos veces por la semana, a veces en Torre Ejecutiva, a veces en el Palacio Estévez.

Solo uno de los siete encuentros que mantuvieron fue en la Residencia de Suárez y Reyes porque el presidente de la República quería participar como "uno más".

Según contaron a El País integrantes de la comisión, el encuentro duró más de una hora y Vázquez les transmitió su "absoluto respaldo" y les advirtió que encontrarán "piedras en el camino". Les transmitió su certeza de que hay más información y les pidió que trabajen "duro" y "en forma sostenida".

En los encuentros, que son largos (duran entre tres y cuatro horas) y que son dirigidos por el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, se respira "un ambiente de equipo".

Además de delinear los pasos a dar, cada uno de los integrantes cuenta qué contactos hizo, con quiénes se reunió y cómo podría colaborar en la comisión.

"La información en esta tarea vale oro así que uno de los primeros pasos es reunir todo lo que está desperdigado", explicó a El País uno de los integrantes.

La comisión se instalará en la Secretaría de Derechos Humanos para los Asuntos Recientes, que oficiará de soporte. En total se estima que trabajarán unas 20 personas además de los siete miembros designados por el presidente, que lo harán de manera honoraria.

"Todos coincidimos en trabajar honorariamente. En cuanto a funcionarios nos vamos a arreglar con pases en comisión, que ya estamos tramitando. Queremos reunir funcionarios que tengan vocación para esto y tenemos que coordinar con la Oficina Nacional del Servicio Civil, la capacitación y sensibilización de aquellos que manejarán expedientes, declaraciones de las familias", explicó otro miembro.

La Comisión por Verdad y Justicia dividió el trabajo en etapas y diseñó un instructivo que irá marcando el paso, más allá de lo que establezca el decreto. El primer objetivo trazado es contactar a todos los organismos que trabajan en el tema desaparecidos durante la dictadura, algunos serán integrados y con otros tendrán "una relación fluida".

Para la comisión es importante la sistematización y digitalización de la información que será "el punto de apoyo" para trabajar. Aunque aclaran que no " influirán en las decisiones judiciales" sí pretenden "seguir de cerca los procesos", además de elaborar un informe sobre el estado de situación de acceso a la información. "Más adelante" propondrán también "la revisión de leyes existentes".

Los siete integrantes están de acuerdo en la importancia de "darle un nuevo impulso" a las excavaciones aunque aún no están identificados nuevos puntos del país en los que se debe trabajar. "La actividad de los antropólogos se reanudará y se le va a dar un impulso grande pero sobre la base de la información que reunamos".

Sobre las propuestas presentadas al gobierno por el Pit-Cnt y la asociación de ex presos políticos, que fueron excluidos de la comisión, aseguran que estarán sobre la mesa y aclaran que tienen "un espíritu abierto" y que "están dispuestos" a trabajar con todos los grupos que están vinculados al tema.

Para Vázquez habrá “piedras en el camino” en búsqueda de desaparecidosVIVIANA RUGGIERO