EDUCACIÓN

Gremial de jueces criticó "reacción corporativa" tras fallo sobre niña que repitió

La Asociación de Magistrados recordó los principios de independencia judicial dictados por las Naciones Unidas.

Foto: Darwin Borrelli
Foto: Darwin Borrelli

La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) emitió hoy un comunicado en el que manifiesta su respaldo al juez Gerardo Álvarez, quien resolvió que una niña del colegio Santa María — Maristas de 8 de Octubre— aprobara su curso, contrario a la decisión de la docente.

En el comunicado, la gremial de jueces critica la "reacción corporativa" de los jerarcas de la Educación y recuerda que t"odas las instituciones gubernamentales y de otra índole" deben respetar y acatar la independencia del poder judicial.

A su vez, confía en que "los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo".

En este sentido, manifiesta que es la judicatura quien tiene "autoridad para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley".

Se señala también que no se deben realizar "intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial" ni ser sometidas a "revisión las decisiones judiciales de los tribunales".

Por último, la gremial manifiesta que no se deben crear "tribunales" que "no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponde normalmente a los tribunales ordinarios".

Estas normas forman parte de los principios de la Naciones unidas sobre la independencia judicial.

La decisión del juez Álvarez provocó las críticas de las autoridades de la Educación.

El consejero de Primaria, Héctor Florit, dijo que le "preocupa" la existencia de "un ámbito jurisdiccional que adopta decisiones que avasallan la especialidad técnica del ente autónomo", ya que la Inspección de Privados, el órgano de Primaria que hace el seguimiento de los colegios habilitados, avaló el accionar del centro educativo.

"Nunca puede ser un juez el que determine si un niño puede, o no, ser promovido. Eso menoscaba la especialidad profesional, la autonomía jurídica del ente y vulnera el derecho del alumno de ser acompañado por profesionales", cuestionó.

El alegato del abogado de la familia, Bruno Rivero, se basa en el principio de igualdad. Foto: A. Colmegna
Bruno Rivero, abogado de la familia de la niña. Foto: A. Colmegna

La inspectora defendió la decisión técnica y, añadió que "el colegio tuvo un equipo psicopedagógico muy potente que acompañó a la niña", que tiene dificultades de aprendizaje.

Irupé Buzzeti, directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, calificó de "absurda" y "alarmante" la decisión de la Justicia. "Es como si un médico dijera que yo tengo apendicitis y yo vaya a la Justicia y me diga que no", acotó.

El abogado de los padres de la menor, Bruno Rivero, dijo que "en un Estado de derecho, cualquier actividad social está sujeta al derecho" y criticó que "parecería haber una actitud corporativista en que cualquier decisión de los maestros está por encima de la Justicia".

Según el abogado de la familia, el colegio les indicó que la decisión ya estaba tomada y que, de haber una queja, la plantearan a la inspección de Primaria. Así lo hicieron los padres, pero se encontraron con que la inspectora avalaba la postura del colegio. Y recién entonces presentaron un recurso de amparo ante la Justicia.

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