LA COLUMNA DE PEPEPREGUNTÓN

Gravísimo

La gestión del Antel Arena no fue nunca auditada por Antel. El 10% de las compras se hicieron a través de procesos no competitivos (adjudicación directa).

Personas afuera del Antel Arena. Foto: Fernando Ponzetto
Personas afuera del Antel Arena. Foto: Fernando Ponzetto

El Cosse Arena iba a costarles a los uruguayos US$ 40 millones. Pero terminó costándoles el triple. Una locura.

La gestión de la obra no fue nunca auditada por Antel. El 10% de las compras se hicieron a través de procesos no competitivos (adjudicación directa). Como si el dinero sobrara. Al día de hoy todavía restan pagar unos US$ 47 millones por la construcción de un estudio cerrado que vale la cuarta parte de lo que costó levantarlo.

Iba a ser, según Cosse, un gran negocio. Se estimaban ganancias de unos US$ 10 millones para Antel. Pero hasta el momento sólo ha generado pérdidas por US$ 3,7 millones en menos de tres años. Ruinoso, por donde se lo mire.

Pero eso, con ser mucho, no es todo. El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, denunció en la interpelación de la pasada semana en el Senado que el informe favorable del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, el mismo que la ingeniera Cosse esgrimiera en su momento como elemento clave para rechazar las acusaciones de inconstitucionalidad de su decisión de que Antel construyera un estadio desoyendo al Tribunal de Cuentas de la República, era falso.

Gurméndez afirma que el informe, firmado por el ya fallecido constitucionalista e integrante de dicho instituto, Dr. Alberto Pérez Pérez, está impreso en una hoja con el membrete de ese cuerpo de la Udelar pero no tiene la firma de su secretario. Es más, no hay constancia alguna en actas de que el tema de la constitucionalidad de la construcción del Antel Arena haya sido siquiera considerado por el Instituto de Derecho Constitucional y de que sus integrantes analizaran el asunto. Gravísimo.

¿Eso es verdad? ¿Es cierto que ese informe, que Cosse y el entonces secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, utilizaron como escudo para sortear las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas, era falso?

¿Sabían Cosse y Toma que ese informe no pertenecía al Instituto de Derecho Constitucional de la Udelar o fueron engañados? ¿Por quién o quiénes? ¿Lo sabía alguien más dentro de Antel, del gobierno de la época y del propio Frente Amplio?

¿Fue un informe que el doctor Pérez Pérez hizo por sí y ante sí, como un acto extremo de militancia, o alguien le pidió que lo hiciera para tener algo de qué agarrarse y gastarse US$ 120 millones en el proyecto personal de la ingeniera Cosse?

¿Por qué en aquel momento, cuando Cosse y Toma aludieron tantas veces a ese pronunciamiento, nadie del Instituto de Derecho Constitucional de la Udelar pronunció palabra? ¿Por qué nadie salió a decir que el instituto no había estudiado el tema ni se había pronunciado? ¿Por qué?

¿Qué explicaciones tienen para este hecho de inusitada gravedad la ingeniera Cosse, el doctor Toma, los servicios de Antel de la época y la propia Universidad de la República? ¿Y el Frente Amplio, que no estaba en sala cuando esta grave denuncia fue realizada? ¿No va a decir nada?

¿Esta es la forma que tienen algunos de defender a las empresas públicas?

La ciudadanía merece que la verdad aflore. De una vez.

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