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Gobierno va por el tercer intento de darles identidad a los apátridas

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Refugiados. Foto: Reuters
ANTONIO BRONIC

El Mides registró a unas 25 personas sin nacionalidad ni documentación.

En el mundo hay 10 millones de personas que no pueden gritar un gol de la selección de su país o golpearse el pecho con orgullo por su bandera. Se los conoce como apátridas porque no tienen una nacionalidad establecida. Estos seres "invisibles", que tampoco pueden votar, acceder a una vivienda o inscribir a sus hijos en una escuela, llegan a Uruguay en cuentagotas. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, hay unos 25 registrados en la última década, aunque en algún caso "hacía años que estaban indocumentados". Aun así, el país carece de una normativa para poder recibirlos dentro de los márgenes de la ley. Los organismos internacionales vienen tirándole de la oreja a Uruguay desde hace algunos años y ahora un proyecto de ley que regule la llegada de apátridas, y hasta les permita juntarse con su familia, sube en la lista de las prioridades del Poder Ejecutivo.

"Toda persona apátrida tiene derecho a solicitar y recibir protección como tal en el territorio nacional. El reconocimiento de la condición de persona apátrida es un acto de carácter declarativo, humanitario y apolítico". Palabras más o palabras menos, ese será el segundo artículo del proyecto que el gobierno quiere enviar al Parlamento en menos de un mes. Según fuentes de Cancillería, "es uno de los principales problemas de Derechos Humanos en el mundo" y aunque Naciones Unidas pidió la erradicación del asunto para 2024, Uruguay aún no tiene su ley.

Ya hubo dos intentos de abordar el tema, la última vez en la legislatura pasada, pero el proyecto estuvo tres años encajonado. Por eso en 2015 la Comisión de Refugiados optó por hacer borrón y cuenta nueva. Y en esa oportunidad el texto se ajusta aún más a lo que pide Naciones Unidas.

De hecho en su segundo capítulo, el proyecto prevé que la Policía no puede prohibir el ingreso al país de quien se declare apátrida, aun si el recién llegado al puesto migratorio no tiene documentación o la tiene pero es falsa. La normativa aclara que esta protección cae si se trata de alguien que cometió delitos graves o puede poner en riesgo las leyes del país. Tampoco vale para quien sea reconocido como nacional de un Estado.

A Uruguay suelen llegar africanos que no son reconocidos por sus países al haber sido expulsados por su tribu, algún dominicano que su gobierno no le dio la nacionalidad por su ascendencia haitiana, un hombre de 70 años que nació en un barco y no fue certificado por el capitán, o casos aislados, como un estadounidense que renunció a su nacionalidad. En la década del 90 habían venido una docena de soviéticos que, tras la disolución de la URSS, quedaron en el limbo.

En el mundo, sin embargo, la décima parte de los apátridas son del noroeste de Birmania. Allí está sucediendo el "apartheid moderno", en que el grupo rohinyá es perseguido por su carácter musulmán y carece de nacionalidad. Una cantidad similar de indocumentados transita por Burkina Fa- so, Mali y Ghana, todos ellos en busca de un trabajo en los cafetales pero sin un Estado que los reconozca como ciudadanos. Y según Cancillería, "Uruguay no es ajeno a lo que pasa en el planeta".

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Refugiados. Foto: Reuters

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