La mala calidad de las construcciones en centros para alojar a menores infractores adjudicadas de forma directa y por unos US$ 20 millones —algunas inauguradas hace menos de un año y otras todavía en curso— genera preocupación en el gobierno, que comenzó a investigar cómo fueron concedidas por las anteriores autoridades, qué criterios se siguieron a la hora de aceptar las propuestas arquitectónicas y qué controles se realizaron sobre los trabajos finalizados a la hora de recibirlos.

"Fue mucho el dinero gastado para solucionar de una vez el hacinamiento. Es una situación preocupante porque una pared de un centro de seguridad que se prometió como muy avanzado no puede romperse con la mano y el hierro no puede ser arrancado para ser utilizado como arma", dijeron a El País fuentes del gobierno. La auditoría será dirigida por la dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte.

El 24 de julio El País informó sobre el inicio de las investigaciones sobre las obras, aunque con el correr de las semanas las autoridades admiten que han encontrado que las "deficiencias edilicias" son más graves de lo esperado". Fue la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, que el próximo viernes será interpelada por la gestión del INAU con relación a los menores infractores, la que dispuso que se auditen los más de veinte millones ejecutados por la anterior administración del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes (Sirpa), encabezada por Ruben Villaverde. En la mira están dos centros en Bvar. Artigas y Gral. Flores, uno de ellos de máxima seguridad (Ceprili) y de distribución de los menores; también las remodelaciones en el ex Batallón 9° y La Tablada, y otros trabajos en el Hogar SER. Todas estas obras se adjudicaron de forma directa por las anteriores autoridades del Sirpa, haciendo uso de una facultad que le votó el Parlamento para acelerar la creación de plazas y así terminar con el hacinamiento.

Fuentes del gobierno dijeron a El País que hay situaciones "muy llamativas" porque hay materiales que habrían sido cotizados muy por encima de su valor. También se cuestiona la ausencia total de controles por parte del INAU sobre las obras. "El hierro no es el apropiado para un centro de seguridad, rompen la pared y lo arrancan, es maleable, barato", se explicó.

El video que terminó con funcionarios ante la Justicia por el maltrato a menores internados, mostró cómo en cuestión de minutos dos adolescentes arrancaban una tapa de cemento del piso, la rompían y se hacían del hierro para utilizarlo como un arma.

El Ceprili, que antes funcionaba en la calle Burgues, se inauguró en setiembre del año pasado en la Avda. Gral. Flores y Cufré. Menos de un año después presenta, según un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos de fecha 28 de julio, un "desgaste prematuro y deterioro edilicio importante en varias áreas, mayormente en las celdas".

El Instituto de Derechos Humanos pudo observar celdas con las puertas de hierro arrancadas y otras donde se ha arrancado la malla metálica interior o la reja. "En estos casos se pudo constatar que dicha malla metálica ha sido levantada —aparentemente a mano— por los jóvenes, según informaron las autoridades competentes", se indica. En otras celdas, la malla de protección de los artefactos de iluminación (leds), ha sido arrancada por completo. "Esta situación resulta peligrosa ya que al carecer de protección permite el acceso a los cables que alimentan la fuente de luz y a los cables que se encuentra del lado exterior de celda que pertenecen al sistema de vigilancia", precisa.

"A su vez, algunos dispositivos higiénicos de algunas celdas están fuera de servicio, ya sea por rotura o por obstrucción de la cañería de desagüe. Según las autoridades, estos dispositivos antivandálicos carecen de stock de repuestos en el país y la empresa constructora cada vez que se rompen solicita el kit al país de origen", indica. La tapa de desagüe en el patio fue arrancada, por lo que los funcionarios taparon el agujero con un cartón. También se arrancaron las tapas de instalación eléctrica. "Al no haberse previsto instalación eléctrica dentro de las celdas, los funcionarios instalaron enchufes y alargues para poder habilitar enchufes dentro de las celdas", indica. Y añade que "las cerraduras electrónicas de seguridad nunca fueron activadas, por lo que se desconoce si el sistema funciona".

El Centro tiene 60 plazas y el día de su inauguración, hace once meses, el exministro Daniel Olesker, afirmó: "Hoy son un hecho las nuevas plazas y también las calidades con las que se generan las mismas, y las posibilidades que otorgan a los adolescentes privados de libertad".

Semanas atrás las autoridades del Sirpa intentaron reubicar a 80 menores infractores en el ex Regimiento 9, inaugurado hace exactamente un año. Pero no pudieron. Según las fuentes del gobierno, algunas zonas presentan un estado edilicio "lamentable" y en una de las últimas tormenta "algunos techos volaron". "El centro casi no se usó y hay problemas en las paredes, la sanitaria, etc. Es grave", se afirmó.

El 6 de setiembre de 2013 el Inau dispuso la contratación directa de una empresa de plaza para la reconstrucción del ex Batallón de Caballería Nº 9, cedido por el Ministerio de Defensa. La adjudicación se realizó por $ 105.072.725 (casi US$ 5 millones). El contrato fue observado por el Tribunal de Cuentas porque no se fundamentó debidamente la causal de excepción para obviar una licitación. En febrero de 2015, el INAU hizo "ajustes paramétricos" y sumó al contrato un total de $ 14.300.000 (US$ 600.000).

La reconstrucción del edificio La Tablada (cedido por el Ministerio del Interior en 2012) para adaptarlo como centro de reclusión de menores también se adjudicó de forma directa en octubre de 2013 por un total de $ 81.616.237 (US$ 3,7 millones).

En mayo de 2014, el INAU también adjudicó de forma directa obras de ampliación de capacidad y mejoras del Hogar SER de la Colonia Berro por $ 3.404.161.

Materiales de mala calidad en centros con solo un año; gasto fue por US$ 20: