La jueza Viviana Granese recorrió ayer la Colonia Etchepare y resolvió intimar a ASSE a que solucione a la brevedad la situación de la jauría de perros que ya causó la muerte de un paciente.

Según explicó el vocero de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Raúl Oxandabarat, durante la inspección ocular la jueza se mostró sorprendida por la cantidad de perros salvajes que conviven "en pie de igualdad" con los pacientes, incluso dentro de los pabellones. La resolución de la jueza indica que "los funcionarios de las colonias también los alimentan y los protegen".

Debido a esto, "sumando las condiciones edilicias en estado decadente de los pabellones" y la falta de higiene, Granese decidió intimar a ASSE a que resuelva la situación en un plazo de 72 horas. Para esto podrá contar con la ayuda del Ministerio de Defensa, del Interior, de Salud Pública y con quien estime conveniente.

"La Dirección de la Colonia Etchepare y Santín Carlos Rossi detenta la tenencia de los mismos y por tanto es responsable por el bienestar de la población interna", dicta la resolución. La Comisión de Zoonosis y la Facultad de Veterinaria realizarán una visita mensual a las colonias.

Además, se otorgó un plazo de 10 días para que se redistribuya a los pacientes de los pabellones 24, 29 y 30, que son los que se encuentran en "situación de riesgo físico, mental". Estos deben ser redistribuidos en pabellones habitables.

Finalmente se estableció un plazo de dos meses para la redistribución progresiva de los internos en los nuevos pabellones que están prontos pero que aún no tienen finalización de obra.

La actuación judicial se llevó a cabo luego de que el pasado jueves un hombre de 70 años fuera, según personal de la colonia, "comido vivo" por la jauría. El fallecido tenía dificultades para trasladarse y tras el ataque sufrido terminó con heridas de tal gravedad que obligaron a su internación en el Hospital Pasteur. Sus brazos quedaron destrozados, con los huesos y tendones a la vista.

Este, sin embargo, no es el primer ataque denunciado. Una jauría de entre 80 y 100 perros somete cotidianamente a pacientes y funcionarios.

La jueza Granese había citado para ayer sábado al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, a la exministra Susana Muñiz —de viaje— y a la presidenta saliente de ASSE, Beatriz Silva, a declarar al juzgado de San José. Sin embargo, todo se complicó.

Según un comunicado de la Suprema Corte, Granese estuvo trabajando en el juzgado en horas de la mañana, donde los convocados tenían que presentarse a las 9 de ayer. El mismo comunicado indica que la única que se presentó fue Beatriz Silva.

Sin embargo, el ministro Basso también concurrió al juzgado a primera hora de la mañana y permaneció en la puerta del mismo hasta pasadas las 10.

Durante este lapso el juzgado de San José estaba cerrado y luego se supo que tanto la jueza como la fiscal Sylvia Lovesio se encontraban en la recorrida por el predio de la Colonia Etchepare.

Basso tomaba mate, sonreía, miraba el reloj, entraba y salía del auto, y nada.

"Yo tengo fueros. Podría no haber venido. Pero mi intención es ayudar en lo que se pueda", dijo Basso a El País en la puerta del juzgado, mientras aguardaba, sin quejarse, solo asombrado por la situación. Le sorprendió que lo citaran a declarar, pero igual fue; aunque, como es un secretario de Estado, podría haber declarado por escrito.

Sobre los perros de la Colonia Etchepare, advirtió que es un problema que viene desde hace decenas de años, y señaló que él no tiene la potestad "para eliminar a los perros".

Estaban su chofer, su abogado, él y el auto oficial. Y la calle Treinta y Tres, sobre la que está el juzgado, totalmente desierta.

Su abogado es el del MSP, Gúmer Pérez, quien estaba un poco más indignado que Basso. "En 20 años de profesión nunca me pasó algo igual. Y además con un ministro… es increíble", decía, bufaba, se reía, y le pasaba un mate a Basso que, incrédulo, golpeaba las dos puertas del juzgado, la principal y por la que entran los detenidos.

Pérez explicó a El País que el mismo actuario fue quien lo llamó por teléfono para coordinar la hora de la declaración. Y que el ministro accedió a ir cuando al juzgado le quedara mejor: esto era el sábado a las nueve de la mañana.

El abogado del MSP no tiene intenciones de que Basso vuelva a ir a declarar al juzgado de San José, de seguro ahora sí optará por hacerlo por escrito.

Es que las opciones son pocas: o iba ayer, o lo hacía en la mañana del lunes, ya que el resto de la Semana Santa el juzgado estará cerrado.

Luego de que El País difundiera en su página web la noticia, la jueza Viviana Granese, dijo a Radio 41 de San José que en el momento en que el ministro estaba parado en la puerta del juzgado, ella estaba recorriendo la Colonia Etchepare, y que recién en horas de la tarde iría rumbo a la sede penal. Sin embargo, según la Suprema Corte la jueza sí había estado en la sede penal durante la mañana.

La idea de tomar acciones contra los animales es manejada por varios funcionarios. Sin embargo, el sindicato entiende que ese accionar puede ser contrario a las normas y esperó que la Justicia decida. La ley de protección animal impide que puedan matarse los perros.

Desde ASSE, por otro lado, se manejó la posibilidad de trasladar a los 450 pacientes de la colonia.

Decadencia, suciedad y precariedad fue lo que notó la jueza Viviana Granese durante su recorrido por la Colonia Etchepare. Movida por la muerte de un paciente a causa del ataque de perros salvajes que habitan el terreno, la jueza se encontró con un panorama desolador. No solamente los perros viven “a la par” de los pacientes, los enfermos que habitan algunos de los pabellones, argumentó la jueza, tienen varios de sus derechos humanos vulnerados. Esta situación, conocida por todos, deberá resolverse en un plazo de no más de dos meses. La jueza ordenó la mudanza de pacientes de los pabellones más precarios y la habilitación de otros. La situación ya había sido advertida. Un experto español que desde hace 3 años asesora al Ministerio de Salud Pública dio una visión muy negativa del sistema de salud mental en el país. Ve cercanos al infierno a colonias como la Etchepare y hospitales como el Vilardebó, y urge por cambios. En noviembre pasado, por otro lado, se advirtió que las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi están al “límite máximo” y no tienen capacidad de albergar a más pacientes. Según una circular que envió el director de las colonias, Osvaldo Do Campo, a la Suprema Corte de Justicia, no existe solución.

La presencia de la jauría de perros en el predio de la Colonia Etchepare no es nueva y su peligrosidad había sido advertida tanto por trabajadores como por la propia Institución de Derechos Humanos.

La situación de los perros abandonados y agresivos lleva décadas tanto en la colonia Etchepare como en la Santín Carlos Rossi. Antes, sin embargo, era “la perrera” la que se hacía cargo de los animales.

Los perros ingresan de diversas formas al predio. Algunos pertenecen o pertenecían a los pacientes. Otros son arrojados por vecinos.

Según la jueza Viviana Granese, los animales duermen dentro o a la intemperie junto a los internos, comen de la comida que ellos les dan y beben del agua que se les proporciona en dicho centro.

Debido a los años que lleva el problema, la cantidad de perros viene en aumento. Además, el contacto entre los canes los devolvió a su estado salvaje.

La Institución de Derechos Humanos volvió a manifestar esta semana “su profunda preocupación por la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los pacientes y funcionarios” en la colonia.

El 7 de noviembre de 2013, la Institución recibió una denuncia sobre ataques por parte de una jauría de perros, de los que han sido víctimas pacientes y funcionarios de la Colonia Santín Carlos Rossi, lindera con la Colonia Etchepare. Si bien la situación había sido comunicada informalmente meses antes, la denuncia se realizó a raíz de un caso en el que un paciente resultó gravemente herido. Al otro día, la Institución envió un oficio a la presidenta del directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Beatriz Silva, en el que solicitó que se tomaran medidas urgentes.

El 11 de noviembre se envió un oficio al presidente de la Comisión de Zoonosis, Ciro Ferreira, quien informó que sólo se tomaron medidas relacionadas a la esterilización, vacunación y dosificación antiparasitaria.

Al no tener respuesta por parte de las autoridades de ASSE, el 6 de diciembre se reiteró el oficio, disponiendo de un plazo de 20 días hábiles para la implementación de las medidas administrativas necesarias.

Según la Institución, ASSE informó sobre las medidas tomadas pero resultaron insuficientes.

Según la información recabada entre 2010 y 2013 se registraron al menos 158 ataques de perros.

jauría de perros en hospitalG.CORTIZAS / C. TAPIA