El gobierno nacional y las intendencias llegaron a un previsible acuerdo sobre el dinero que se les transferirá a los gobiernos departamentales durante el próximo quinquenio. Aún resta por definir lo más complicado: cómo se dividirá "la torta" entre las 19 intendencias.

El acuerdo, que fue anunciado ayer por el director de la OPP, Álvaro García, y el director de Descentralización e Inversión Pública, Pedro Apezteguía, mantiene el 3,33% de los recursos nacionales para las intendencias, que a valores del año 2014 equivale a $ 10.000 millones anuales.

García dijo que se cumplió con el mandato del presidente Tabaré Vázquez de "priorizar criterios técnicos y de diálogo político".

La caminería rural recibirá 7.000 millones para el quinquenio y la iluminación un subsidio de $ 500 millones, variables de acuerdo a la evolución de la inflación. Un 40% estará destinado a atender la facturación del alumbrado público.

"Tenemos la seguridad de que atenderemos la caminería departamental con una lógica común y permanente", dijo Apezteguía.

El gobierno y los intendentes acordaron integrar progresivamente el fondo de incentivos a los municipios, nutrido con 70% desde las intendencias y el 30% del gobierno nacional, hasta llegar a los $ 1.000 millones anuales en 2019.

García hizo referencia también al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) y comentó que se mantiene el sistema de patente única y que se establecerá un subsidio de $ 250 millones para atender gastos de funcionamiento, incluida la implementación de la libreta única, un objetivo del Congreso de Intendentes para los próximos años.

Jefes departamentales consultados por El País dijeron que el acuerdo estuvo dentro de lo esperable y que las diferencias estuvieron en el monto que se destinará a los municipios.

"Se laudó por la mitad", comentó a El País el intendente de Colonia, Carlos Moreira.

En conferencia de prensa, Apezteguía dijo que un objetivo del gobierno nacional era contribuir al apoderamiento de la población y que por eso destinarán a los municipios unos $ 200 millones en 2016 y $ 300 millones del 2017 al 2020. Los gobiernos departamentales, en tanto, aportarán en base a su crecimiento entre unos $ 200 a $ 700 millones hasta 2019. "La idea es que al final del quinquenio todos los municipios del país cuenten para su presupuesto con una base de $ 1.000 millones", explicó y agregó que Los sueldos no podrán pagarse con estas transferencias, "porque un 40% deberá utilizarse para gastos de funcionamiento y el resto será para mejoras del municipio".

En este caso el gobierno sí ya aclaró que $ 100 millones se repartirá en forma "proporcional" entre todos los municipios del país y que el resto se dividirá de forma inversa: más dinero a los niveles más bajos de acuerdo a la densidad, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles educativos de cada municipio.

Los números rojos obligaron a los nuevos intendentes a usar no solo su capacidad de ahorro sino también el ingenio. Esta semana dos jefes departamentales anunciaron que modificarán su salario como medida de ahorro. El intendente de Treinta y Tres, Dardo Sánchez, que es del sector Alianza Nacional, anunció que se rebajaría su sueldo un 35%: de $ 208 mil nominales a $ 170 mil. La idea de Sánchez es "dar un mensaje".

En Lavalleja, reelecta intendenta, Adriana Peña, no cobrará su sueldo en los primeros meses de gestión por la difícil situación financiera que atraviesa la comuna. Peña dijo que en febrero, cuando renunció para hacer campaña dejó $ 130 millones en caja y cuando volvió había $ 30 millones y $ 60 millones de deuda.

Aún falta determinar cuánto le corresponderá a cada una