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Gobierno flexibiliza las pautas, pero el Pit-Cnt mantiene el paro

El gobierno le envió ayer al Pit-Cnt dos señales con las que al menos consiguió que la central sindical se avenga a comenzar la negociación salarial en el sector privado: le puso fecha al salario mínimo nacional de $ 15.000 que reclamaba (entrará en vigencia el 1° de enero de 2019) y dijo que tolerará aumentos por sobre las pautas en la medida en que no se trasladen a precios (de esta posibilidad estarán excluidos aquellos sectores que reciban subsidios del Estado).

Hoy el salario mínimo está en $ 10.000 y hasta ayer el gobierno solamente había dicho que para el 1° de enero de 2018 estaría en $ 13.430. Pero al mismo tiempo el gobierno rechazó de plano la posibilidad que ayer planteó el Pit-Cnt de que se utilicen reservas internacionales para financiar inversiones públicas (ver nota aparte).

El Pit-Cnt no pareció quedar muy conforme y ratificó el paro total de 24 horas previsto para el 6 de agosto.

Un hecho sugestivo mostró que la central no quería aparecer ayer demasiado "pegada" al gobierno. Cuando terminó la reunión del Consejo Superior de Salarios del sector privado, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, le pidió al secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, que se sentara a su lado para anunciar los resultados del encuentro. Abdala declinó y le dijo "yo te escucho primero" y se quedó entre los periodistas. Mientras tanto, el asesor del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba, discutía con vehemencia los lineamientos salariales con dos técnicos del instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt.

Tras las explicaciones que Murro y el viceministro de Economía, Pablo Ferreri, brindaron sobre el estado de situación de la negociación salarial, Abdala ratificó que las pautas siguen siendo "insuficientes" para la central. De todas maneras, el Pit-Cnt interpretó desde su óptica el anuncio en el sentido de que no se objetarán los aumentos que superen las pautas, y Abdala adelantó que, a partir de ahora, "con todo derecho" se sentirá libre de buscar incrementos superiores.

Los empresarios valoran que el gobierno haya dejado claro que no permitirá que los incrementos que superen los lineamientos se vuelquen a tarifas o al costo de los contratos de las obras públicas. Juan José Fraschini, de la Cámara de Industrias, dijo a El País que tras anteriores ajustes el gobierno permitió que los aumentos se trasladasen al costo de las obras en construcción y consideró positivo que eso cambie. De todas formas, Fraschini dejó claro que los empresarios entienden que la economía entró en dificultades que persistirán al menos tres años y que aumentos que superen los lineamientos o que incluso se atengan a ellos, pueden ser "muy peligrosos" y poner en riesgo el nivel de empleo.

Sin más cambios.

Fraschini, advirtió además que la "autoclasificación" que el gobierno pretende que acuerden empresas y sindicatos (existirán tres grupos en función de cuál sea su situación) va a ser un asunto "muy espinoso". Las empresas, dijo, "negociarán con buena fe y responsabilidad" y no tendrán inconvenientes en mostrar cifras sobre su situación cuando entiendan que deben ser integradas a los sectores en dificultades, para los cuales los lineamientos del gobierno prevén una estabilización salarial en términos reales. "Mejor no subir salarios y que se mantenga el empleo que subirlos y que se pierdan trabajos", sostuvo Fraschini. Entre ejemplos de sectores en dificultades en los que se está perdiendo empleo, Fraschini mencionó la industria textil y de la vestimenta, las curtiembres y las autopartistas. De esta forma, los empresarios dejan atrás su satisfacción inicial con las pautas del Ejecutivo ya que ahora consideran que ponen en riesgo el nivel de empleo. Los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que en los primeros cuatro meses del año se perdieron 22.500 empleos. El desempleo se ubicó en abril en 8,1%, el nivel más alto desde mayo de 2010.

El gobierno dejó claro a través de Ferreri que no habrá nuevas modificaciones en los lineamientos que fueron rechazados por el Pit-Cnt. La próxima semana deberán comenzar a deliberar formalmente los 57 grupos y subgrupos, luego de que las partes nominen a sus delegados cuyos nombres serán divulgados en el decreto que convocará a los consejos.

La central sindical considera que el esquema de ajustes previsto no asegura el mantenimiento del poder adquisitivo durante la vigencia de los convenios, supone una desvinculación entre la evolución del salario real y el desempeño general de la economía y no da suficiente prioridad a los sueldos más sumergidos.

Ferreri intentó rebatir este último punto. Recordó que los salarios más bajos tendrán un incremento adicional de 3,5% cuando se ubiquen entre $ 10.000 y $ 12.000, y de 2,5% cuando oscilen entre $ 12.000 y $ 14.000. Los beneficiados serán 426.000 trabajadores cotizantes que equivalen al 25% del total que se desempeñan en un régimen de 44 horas semanales.

Las partes deberán ahora "autoclasificarse". Para los sectores dinámicos (con un crecimiento de más de 4% anual) los ajustes que aconseja el gobierno para el primer año de vigencia son de 10%, para el segundo de 9% y para el tercero de 8%. Para el sector intermedio, los incrementos serían de 8,5, 7,5% y 7%, respectivamente, y para el considerado "en dificultades" de 8%, 6,5% y 6%. Este último grupo es el que parece presentar un mayor riesgo de pérdida de salario real. La inflación en los últimos doce meses se ubicó en 8,5% aunque el gobierno asegura que se irá desacelerando. Los analistas privados esperan 8,38% de inflación anual en 2015 y de 7,98% en 2016.

En este contexto, la discusión de los salarios públicos no comenzó porque el martes el gobierno no pudo presentar los lineamientos y pidió a los sindicatos un cuarto intermedio hasta el 24. José Lorenzo López, principal referente de los sindicatos estatales, dijo que en la Administración Central y en los organismos del artículo 220 de la Constitución, los funcionarios reivindican la reimplantación del salario vacacional y aumentos acompasados con el alza del PIB.

Médicos y trabajadores de la salud pidieron al gobierno que cumpla con promesas. Foto. F. Flores
Médicos y trabajadores de la salud pidieron al gobierno que cumpla con promesas. Foto. F. Flores

Inédito esfuerzo conjunto de los sindicatos de la salud para reclamar al gobierno más salario.


Los principales sindicatos de la salud se unieron ayer por primera vez para torcer la mano del gobierno en la pulseada por salarios y presupuesto. Leyeron una proclama conjunta y los tres líderes de los gremios hicieron su oratoria con un mensaje en común.

Pidieron que los salarios no sean un elemento de ajuste, aseguraron que no hay trabajadores de primera y segunda, exigieron al gobierno que cumpla con las promesas electorales y se declararon indispensables para el avance del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Los gremios insistieron que el ajuste sobre los salarios se está haciendo en función de una crisis que "no existe". El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Pablo Cabrera, que inició la oratoria frente al Ministerio de Economía, aseguró que no permitirán recortes en educación y salud porque son áreas en las que el país debe invertir.

Abogando por un espíritu de igualdad, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchansky dijo que los trabajadores no comparten que exista remuneraciones distintas según el lugar de trabajo y que el laudo único debe ser el objetivo.

"El gobierno prometió mucho durante el proceso electoral y es hora de que cumpla con los trabajadores", afirmó.

Ante la atenta mirada de los trabajadores de la salud que por primera vez lo escuchaban como orador en un acto sindical del sector, Trostchansky comentó que "es imposible pensar en salud sin pensar en equipos de salud" y aseguró que no debe extrañar la unidad de los gremios.

El presidente de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez, dijo que los empresarios de la salud son los que "se enriquecieron estos años". "Si hay alguien que tiene que moderar sus expectativas, esos son los empresarios", señaló.

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