CONFLICTO

El sindicato de MontevideoGas duda que sea así.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería salió ayer a aclarar que no tiene pensado desentenderse del futuro del servicio de gas natural por cañería, algo que los sindicatos de las distribuidoras involucradas insinuaron.

La cartera emitió un comunicado en el que señaló que "el Ministerio de Industria, Energía y Minería ha velado y seguirá velando por el estricto cumplimiento de la normativa vigente y de los contratos con dichas concesionarias". Sin embargo, también dejó entrever que no puede decir mucho más debido al arbitraje que Petrobras, la responsable de las dos distribuidoras, comenzó contra el Estado uruguayo porque entiende que este tomó acciones que obstaculizaron su inversión.

"En el marco de los referidos arbitrajes, el Estado debe actuar con riguroso profesionalismo, en la defensa de los intereses del Estado; y con estricto apego a las normas del arbitraje. Sin perjuicio de los arbitrajes actualmente en curso, que se dilucidarán en las vías correspondientes, el Estado seguirá velando, como hasta ahora, por la debida prestación del servicio, de acuerdo a los contratos vigentes", agrega el comunicado.

Los sindicatos hace meses que denuncian que Petrobras (operadora de MontevideoGas y accionista mayoritaria en Conecta) se ha desinteresado de las distribuidoras y no invierte ni en la expansión de la red ni en el mantenimiento de equipos. Además, está en pie de lucha contra la congelación salarial que Petrobras propone y el envío al seguro de paro rotativo que involucra al 30% de la plantilla de la empresa. En el consejo de salarios que se realizará hoy, la empresa brasileña debería confirmar o desmentir los envíos al seguro de paro.

Ayer el sindicato ocupó por algunas horas el ministerio. Emitió un comunicado en el que señala que el Poder Ejecutivo "sigue sin dar seguridad de que el servicio continúe funcionando" y anunció una huelga de hambre a partir del 13 de noviembre si Petrobras no modifica su actitud.

El gobierno sostiene que las distribuidoras podrían tener más viabilidad si se retomase la construcción de la regasificadora de Puntas de Sayago, obra que quedó detenidas en 2015. El gobierno firmó un memorándum con Shell que ha mostrado interés en relanzar el proyecto con la mira puesta en abastecer al mercado argentino, que fue aprobado por UTE y Ancap —accionistas de Gas Sayago, el consorcio que tenía a su cargo el impulso al proyecto.

El Partido Nacional ha cuestionado la forma en que el gobierno negocia con la multinacional.