El cierre de los Consejos de Salarios

Gobierno agilita el cierre de convenios salariales

El ministro Murro firmó cinco acuerdos en las últimas horas.

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Los docentes protagonizaron el mayor conflicto que enfrentó la segunda administración de Vázquez.

El Poder Ejecutivo cierra el año firmando varios acuerdos salariales luego de haber tenido un 2015 plagado de conflictos, en especial con el sector de la educación pública, que llevó a que los alumnos de Secundaria perdieran cerca de 30 días de clase.

La conflictividad sindical que se desarrolló durante todo el año fue bastante más alta en comparación a 2014, aunque desde que se terminó de votar en el Parlamento el Presupuesto Nacional "las movilizaciones de los sindicatos han disminuido", indica el informe del mes de noviembre del Instituto de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay.

"Es la realidad del Uruguay, nos tocó sin duda una conflictividad mayor de la que esperábamos, ni el mismo presidente de la República ni el Ministerio de Trabajo esperaban estos índices, pero al fin y al cabo es parte de la realidad que nos toca afrontar. Tenemos la enorme satisfacción que el equipo plural del Ministerio se ha fortalecido en esta intensidad de conflictos", dijo ayer a El País el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, luego de haber firmado la reglamentación de una partida económica para los funcionarios judiciales.

En este sentido, el ministro agregó que hubo "un conflicto muy grande en la educación, en su momento tuvimos un pico muy alto, pero el gobierno está por el diálogo y así lo enfrentamos".

Pese a que fue un dolor de cabeza para el Poder Ejecutivo el reclamo del 6% del Producto Bruto Interno para la educación pública por parte de los sindicatos, los sectores más representativos aceptaron firmar un acuerdo a dos años que implica un sueldo base de $ 25.000, $ 5.000 menos de lo que pedían los docentes.

Respecto a otras áreas de negociación colectiva, el ministro de Trabajo señaló que "en el sector privado se está avanzando mucho, no son cifras seguras pero estimamos que a esta altura estamos en un 70% de los convenios firmados o preacordados".

Los convenios más importantes que se firmaron en las últimas horas, además del de los funcionarios judiciales, fueron los del transporte de pasajeros interdepartamentales, y el del sector metalúrgico que abarca a varios grupos y subgrupos de trabajo.

Los que quedan.

"Los rezagados grandes", de los grupos que aún no han firmado convenio, son dos. "De los grandes nos estaría faltando acordar con el comercio minorista y la educación privada", aseguró Murro.

Si bien la idea es que cierren antes de fin de año, el ministro de Trabajo señaló que "es difícil" que esto se concrete.

"Con la educación privada se está trabajando intensamente, personalmente me reuní con los empresarios y los trabajadores, vamos a estar convocando a un ámbito tripartito para los próximos días porque las gestiones que ya llevamos adelante en este sentido no nos han permitido avanzar. Con el comercio minorista veremos qué es lo que pasa también en las próximas horas", dijo Murro.

Firmaron todos los sindicatos del Estado.

El apuro del gobierno de firmar acuerdos salariales antes de fin de año coincide con el pedido que le hizo el Pit-Cnt a los diferentes gremios que aún no habían podido cerrar en la negociación colectiva.

En el caso del sector público, ayer se firmaron cinco acuerdos. Uno fue con los trabajadores de los ministerios, nucleados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), luego en el Ministerio de Trabajo acordó la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, y un rato más tarde lo hizo el Sindicato único del INAU (Suinau).

En tanto, la Asociación de Funcionarios de UTU asistió ayer por la tarde a firmar el convenio salarial que el gobierno le había propuesto meses atrás. "Fue un gran trabajo el que hicimos", dijo el ministro Ernesto Murro. Por último, en un día maratónico para la cartera de Trabajo, sobre las 16 horas asistió a una reunión con Murro la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), donde finalmente se reglamentó una partida económica de $ 246 millones para el sector que lleva "más de cinco años de conflicto", aseguró Carlos Fessler, presidente de AFJU.

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