UN PRIMER PASO

El gobierno acordó fórmula para pagar deuda a jueces

Resuelve parte de un problema grave, pero le falta firmar con los judiciales.

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Corte: "En un acuerdo, ambas partes ceden derechos inciertos". Foto: Gerardo Pérez

El gobierno quiere resolver de una vez, después de muchas idas y venidas, el enorme y ya viejo problema que le suscitó el artículo de la ley de Presupuesto del año 2011 que "enganchó" las remuneraciones de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia con las de los ministros de Estado y los legisladores. Ayer dio un primer paso al firmar un acuerdo con la Asociación de Magistrados del Uruguay pero le queda todavía negociar con otros varios actores.

En el Presupuesto de 2011, el Poder Ejecutivo tuvo la intención de mejorar las remuneraciones de los ministros del gabinete. E incluyó un artículo por el cual se equipararon los salarios de los secretarios de Estado al de los legisladores. La redacción dada a la norma dejó abierta la posibilidad de que el aumento salarial (26%) también incluyera a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral. En el Poder Judicial, por ley, los jueces deben ganar un porcentaje del salario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por lo que el aumento beneficiaba a los magistrados de todas las categorías. Y los trabajadores judiciales también tienen sus salarios "enganchados" al de los magistrados con lo cual se generó, sin que fuera la intención del gobierno de la época, una "cadena" de incrementos que el Ejecutivo buscó luego evitar.

El presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Alberto Reyes, dijo a El País que ya se consiguió la adhesión al acuerdo a través de firmas del 50% de los alrededor de 500 magistrados que hay.

El convenio, que se firmó con el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, y del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, establece un aumento de 10% por las obligaciones contraídas por el Ejecutivo desde diciembre de 2012 a la fecha, a lo que se sumaría en enero próximo otro 3,4% e idéntico porcentaje en el primer mes de 2018.

El primer componente tiene para el Estado un costo de US$ 9,5 millones, a los que se suman otros US$ 2,5 millones por el segundo, explicó Ferreri. El acuerdo supone que los magistrados desisten de seguir adelante con los juicios que comenzaron, explicó Reyes. "Lo valoramos también desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del relacionamiento del Poder Judicial y el poder político. Puede contribuir a desbloquear la situación general", valoró Reyes.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo que la próxima semana se reunirá con las gremiales de fiscales y defensores de oficio porque se pretende enviar antes del 15 de enero un proyecto de ley que solucione en la mayor medida posible el diferendo en el que se solicitarán los créditos presupuestales necesarios para cumplir con lo que se acuerde.

Dificultades.

Pero con la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay la solución está mucho más distante. Carlos Fessler, secretario general del sindicato, explicó a El País que se adeuda a los trabajadores judiciales administrativos (unos 3.800) alrededor de US$ 35 millones correspondientes a ajustes no realizados entre diciembre de 2012 y marzo de 2016, y que todavía no hay una propuesta del gobierno respecto a este punto. Además, según el sindicato, se debería calcular lo que va de abril de 2016 a la fecha y convenir los ajustes adicionales futuros.

El gobierno propuso un 4,3% de incremento pagadero en tres años, pero el sindicato reclama 13% y está dispuesto a discutir los plazos. "Estamos lejos", reconoció Fessler. El sindicato seguirá negociando con el gobierno (se declaró un "cuarto intermedio") pero es difícil que pueda realizar una asamblea antes del 1° de febrero para responder a un eventual nuevo planteo del Ejecutivo, dijo Fessler. No hay fecha para una próxima reunión y el gobierno dejó claro que la propuesta del sindicato judicial elevada tras una asamblea realizada el día 15, alejaba las posibilidades de llegar a una solución.

La situación del sindicato es diferente a la de los magistrados porque tiene a su favor una sentencia judicial.

"Tenemos una situación que está perfectamente determinada en la sentencia: la forma de liquidación. La oferta del gobierno estaba muy lejos de esa posibilidad que estaba marcada en la sentencia. La expectativa de nosotros es que los montos que están (en la sentencia) no se toquen y sí podríamos discutir los plazos de pago. Estamos en una negociación entendiendo que los dos actores tienen intereses propios", señaló Fessler. El sindicalista agregó que el gobierno ha dejado claro que la fórmula que finalmente se acuerde debe tener la aceptación de al menos el 80% de los involucrados en cada uno de los gremios.

La sentencia judicial a la que alude Fessler no contempla los derechos que se pudieran haber generado entre abril del 2011 y diciembre de 2012.

El Ministerio de Trabajo convocó para el próximo lunes a la Asociación de Defensores de Oficio y para el martes a la Asociación de Fiscales y se espera que les realice una propuesta similar a la que le hizo a la gremial de magistrados.

Un conflicto largo y costoso.

El Parlamento aprobó en su momento una ley interpretativa que intentó reducir las obligaciones contraídas por el Estado por los "enganches" salariales cuando estableció que los aumentos de los mismos debían comprender solamente a ministros y subsecretarios. Pero la norma fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y comenzaron entonces los reclamos judiciales. En noviembre de 2014 la Suprema Corte de Justicia elevó una propuesta para solucionar el asunto que el Ejecutivo no aceptó y hubo múltiples paros y movilizaciones. Ahora el gobierno quiere apretar el acelerador para resolver un problema que heredó de la administración de José Mujica, que tiene un costo fiscal alto.

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