LICENCIAS MÉDICAS

Se entregaron 800 constancias firmadas por el funcionario.

Las certificaciones médicas solicitadas al Banco de Previsión Social (BPS) que superaron las 10.000 sobre el fin del año pasado tenían todas algo en común: estaban pendientes de una valoración técnica. De ellas, unas 800 fueron catalogadas como de situación crítica por corresponder a pacientes oncológicos.

Ante este panorama, el gerente interventor de Evaluación de Incapacidad del BPS prestó su firma electrónica a cinco certificadores que integran la Junta Médica para agilizar los procedimientos que demandan primero un peritaje médico y luego de un examen de al menos dos galenos —se admiten hasta cuatro. La denuncia a la que accedió El País ya fue presentada ante el BPS en noviembre de 2017 por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS).

En el sindicato se informó que el gerente entregó su contraseña de acceso a la firma electrónica y laptops a cinco médicos para que pudieran realizar los procedimientos desde sus propias casas, situación que constituye "una falta grave", según la ATSS, por violar el Reglamento de Responsabilidad Administrativo y el Estatuto del Funcionario del BPS.

Según la denuncia, "se generó un plan para el tratamiento de los dictámenos médicos con conexión remota con laptops conformando comisiones técnicas a domicilio". La asociación considera que para que "se pudieran cerrar los dictámenes se requería de dos firmas de técnicos, por lo que cada uno de los profesionales —fuera del recinto del BPS— debería trabajar con una segunda firma, con la rúbrica electrónica del gerente interventor del sector".

La secretaria general de la ATSS, Silvia Lema, dijo a El País que "la irregularidad es que el decreto dice que el dictamen técnico debe salir de una comisión técnica". Para la dirigente sindical, el gerente "pone en jaque a todo el sistema" porque la contraseña de acceso que se le otorgó a los profesionales médicos sirve para ingresar a todo el sistema". Según calcularon en el sindicato, cada médico procesó 10 historiales clínicos por día durante cuatro meses, cifra que lleva a unos 800 en total. La ATSS solicitó una investigación administrativa de los hechos denunciados. La Junta Médica "es un sector clave", dijo Lema, para poder definir el derecho a la certificación médica. El gerente fue asesor de la directora del BPS, Rosario Oiz, pero luego de las irregularidades registradas en el sector de certificaciones se decidió designarlo como gerente interventor.

Oiz dijo a El País que el directorio aún no se reunió para abordar la denuncia presentada por los trabajadores y que desconoce el episodio que involucra a su ex asesor. "Desconozco sus habilitaciones, es algo personal, no todas las personas pueden hacer todo", dijo la jerarca en referencia a las potestades que tiene cada gerente con su firma electrónica. Oiz agregó que "me extraña todo esto, todos tenemos claras las facultades". Consideró que el caso "debería analizarse, no necesariamente sería una falta, habría que ver las condiciones en que se hizo", apuntó.

Sobre la ATSS, Oiz dijo que el sindicato "se ha comportado de forma muy compleja, tuvimos por ejemplo un conflicto con médicos por reclamos salariales y hemos encontrado una solución".

El año pasado los funcionarios del exsanatorio Canzani que depende del BPS realizaron diversas manifestaciones, en rechazo al recorte de cargos, medida que afectó a todos los servicios que se brindaban allí, entre los cuales estaban cientos de diagnósticos prenatales, 30 ligaduras de trompas que ya estaban programadas, y 15 coordinaciones de cirugía de la Unidad Embrio Fetal y Perinatal del Crenadecer. La medida se tomó tras 15 días de huelga de los médicos ginecólogos y a más de un año de que las autoridades del BPS y del Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvieran el cierre de la unidad de Maternidad.