Debería ser una broma. Pero lo más preocupante es que hablan en serio. Mientras los uruguayos se sienten cada vez más inseguros y se preguntan si alguien saldrá en defensa de la gente honesta antes que sea demasiado tarde, el gobierno parece más preocupado por los derechos de los delincuentes y propone abrir las celdas y poner en libertad a unos dos mil malvivientes para intentar mitigar en parte el hacinamiento carcelario.

El gobierno dice que la medida, aunque polémica, es adecuada. Que las cárceles están a punto de explotar. Que en esas condiciones de reclusión es imposible que alguien logre rehabilitarse. Que quienes van a quedar en libertad son personas que cometieron delitos menores. Que cuando se liberaron presos en la administración Vázquez sólo un 20% de los excarcelados volvieron a delinquir.

Se mira sólo una parte de la realidad. Pero por mirar tanto lo que están viviendo los delincuentes se está perdiendo de vista lo que están padeciendo los que respetan la ley y viven con miedo. ¿Se han puesto a pensar las autoridades que la gente honesta también vive encerrada, detrás de rejas que protegen puertas, ventanas y jardines, para evitar que le roben lo que se ha ganado con su trabajo o que atenten contra su familia o sus bienes?

¿Han considerado quienes hablan de la "baja tasa de reincidencia" que si el 20% de quienes son liberados vuelven a delinquir estaríamos hablando de 400 delitos más? ¿Han pensado que esos delitos podrían poner en riesgo la vida de niños, jóvenes, adultos y ancianos? ¿Han siquiera evaluado que quizá la tasa de reincidencia es mucho más alta, pero muchos delitos no son siquiera denunciados por una ciudadanía que ya sabe que nadie se preocupará de aclarar algunos delitos con los que los uruguayos, lamentablemente, ya nos hemos acostumbrado a convivir?

¿Han pensado quienes nos gobiernan el riesgo que nos harán correr a todos, incluyendo a sus propios familiares, con una medida de este tipo? Si las autoridades admiten ser incapaces de controlar a los delincuentes hacinados en las cárceles, ¿qué es lo que les hace pensar que podrán controlarlos cuando los dejen en libertad? Y si uno solo de ellos sale de la cárcel y mata, ¿qué harán los gobernantes que propiciaron esta medida y los legisladores que la aprobaron? ¿Pedir disculpas y seguir adelante?

¿Qué señal emite a quienes violan la ley un Estado que, por no poderles rehabilitar como corresponde, les deja en libertad? ¿Y qué le estamos diciendo a quienes están libres y cometiendo delitos?

El gobierno debe reflexionar. Estas medidas no pueden anunciarse un día y, al siguiente, decir que se esperará a ver cómo recibe la ciudadanía la iniciativa para resolver si se procede o no en ese sentido.

Para enfrentar al delito hace falta liderazgo. El gobierno que nos gobierna lo tiene, pero debe utilizarlo para proteger a las personas de bien, y no para privilegiar los derechos de los delincuentes.

Se está a tiempo de hacer lo correcto.

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