El pasado viernes 5, sobre las 18 horas, el tránsito por la Ruta Interbalnearia hacia el Este, después del peaje de Pando, estaba sensiblemente enlentecido. Una escena similar se repitió el viernes 13, un poco más tarde. 

Había una sola senda habilitada, ya que las otras dos estaban ocupadas por un grupo de manifestantes (unas 70 personas) andando a pie, golpeando cacharros y gritando: "No más desalojos". Eran hombres y mujeres que promediaban los 30 años y no tenían precisamente aspecto de trabajadores.

Hace dos días, al leer un informe que publicó El País sobre un asentamiento hippie, entendí quiénes eran las personas que dificultaban el tránsito. Los llaman "ocupas" y se trata de gente que o bien ingresa a una finca que —aparentemente— está abandonada o construye su vivienda en terrenos que tienen propietarios. El informe señalaba que en lo que va de 2015, el juez de Atlántida, Marcos Seijas, procesó sin prisión a nueve personas por el delito de usurpación.

El tema de las usurpaciones no es nuevo. Años atrás, y ante la andanada de ocupaciones en las principales zonas turísticas del país, el Parlamento sancionó una ley que le dio herramientas jurídicas a los jueces para actuar rápidamente y estableció como un agravante si estas se registraban en balnearios. Según los datos publicados por El País, solo en Neptunia Norte, Pinamar Norte y Marindia, suman cerca de 700 los terrenos usurpados en la última década.

Los manifestantes que yo vi reivindicaban su "derecho" a tener una vivienda digna. Nadie puede estar en contra de dicha aspiración. Pero la vivienda como, el pan, hay que ganárselo —como dice el Antiguo Testamento— con el sudor de la frente. ¿Cuánto esfuerzo, cuánto trabajo hay detrás de la vivienda de un verdadero trabajador? ¿Cuántos años una familia común y corriente debe ahorrar para acceder a la casa propia? ¿Cuántas horas extras o changas fuera del trabajo habitual, se hacen para pagar la cuota del crédito bancario que permitió a esa familia la compra del techo propio? ¿Es justo que alguien que decidió no trabajar porque su filosofía de vida es diferente a la de la mayoría de la sociedad, se apropie de la casa de otro? ¿Es correcto que quien vive a espaldas de las normas de una sociedad, irrumpa en un terreno privado o público y construya allí su casa, para luego exigir al Estado que le lleve, gratuitamente, luz y agua?

Estamos en tiempos electorales. Es obvio que no se tomarán medidas, al menos por parte de quienes deberían adoptarlas. Un vez más, la responsabilidad recaerá sobre la Justicia. Venimos de cinco años en que la política estuvo por encima del Derecho. ¿No habrá llegado el momento de que el respeto a las normas, el ejemplo y los mensajes transmitidos por quienes hoy nos gobiernan transiten exclusivamente por el camino de la ley?

La columna