La Asociación de Funcionarios Judiciales evaluará mañana jueves el camino a seguir en el conflicto judicial que tiene casi paralizada a la Justicia desde hace más de seis meses.

Los funcionarios, que levantaron las paralizaciones hace varias semanas para fomentar el diálogo, evaluarán retomar los paros totales y parciales. "Está sobre la mesa y se va a tratar el jueves porque tiene que ver con el cambio de estrategias", dijo a El País Gustavo Signorele, integrante del Secretariado Ejecutivo del sindicato.

"La primera medida seguramente tenga que ver con la convocatoria a una Asamblea General a partir de los plazos planteados por la apelación", agregó. Las asambleas, en general, van acompañadas de paros totales o parciales.

Consultados sobre los descuentos que podrían comenzar a realizarse por concepto de "paro distorsivo", Signorele dijo que los paros de los funcionarios judiciales "nunca fueron distorsivos", sino que son paralizaciones de 24 horas.

Esto se contrapone a las medidas adoptadas por la Asociación de Actuarios, otro sindicato de funcionarios del Poder Judicial. Estos son funcionarios encargados del control, autenticación, y conservación de los expedientes y tramitan, además, las diligencias encomendadas por los jueces. Se agrupan en un sindicato distinto a la Asociación de Funcionarios Judiciales, quienes tienen un perfil más administrativo, y toman medidas por su cuenta.

Los actuarios son acusados de provocar el actual atraso en los trámites judiciales. El presidente del Colegio de Abogados, Eugenio Xavier de Mello, dijo que este atraso provocará un severo cuello de botella cuando finalmente cesen las medidas de protesta. Hasta el momento, los actuarios son los únicos funcionarios del Poder Judicial que mantienen medidas.

"El día que los actuarios empiecen a trabajar normalmente comenzarán a emitir las citaciones y notificaciones, y el trabajo se va a empezar a concentrar. Va a provocar problemas en la gestión de los expedientes y será un gran desafío para los abogados que van a tener que correr con los plazos", dijo.

No se firman cédulas citatorias ni notificaciones de ningún tipo, lo que frena todas las audiencias judiciales. Queda a criterio de cada funcionario si se realiza o no una excepción.

En los juicios en los que el Estado tiene algún interés no se hace ninguna actuación. En los casos de los juzgados de Aduanas se tramitan ocho expedientes por día y en los de la Central de Notificaciones de Montevideo se procesan 150 cada día.

De sumarse a la medida, los funcionarios judiciales agravarán esta situación de atraso y desconcierto.

La medida será discutida en la reunión de la directiva de mañana, que también definirá una posible apelación (ver nota aparte).

Los actuarios se reunirán también mañana con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, tras haber sido recibidos por el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma.

El presidente Tabaré Vázquez dijo que el Poder Ejecutivo está manejando distintas posibilidades para cumplir con el aumento que reclaman los funcionarios, aunque antes el vicepresidente Raúl Sendic di-jo que no se estaba en situa-ción económica como para afrontarlo.

Un fallo obliga al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial a hacerse cargo de un aumento de 26% para los funcionarios.

La Asociación de Funcionarios Judiciales definirá mañana si efectivamente apelará el fallo judicial que les otorgó un aumento salarial de 26% pero no con la retroactividad que exigían.

Los judiciales pedían retroactividad desde 2011 y barajaban un monto de 56 millones de dólares. Sin embargo, la Justicia condenó al Estado a pagar lo adeudado desde 2012, cuando los funcionarios presentaron el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que interpreta la Ley de Presupuesto.

"Están trabajando los asesores jurídicos", dijo a El País el dirigente Gustavo Signorele. La idea de la asamblea fue presentar la apelación una vez el Estado haga lo propio, agregó el sindicalista. La Suprema Corte de Justicia ya apeló el fallo porque entiende que el aumento debería ser de 21,6% y no 26%.

El reclamo surgió porque la ley de Presupuesto dispuso un aumento del 26% a los ministros de Estado, el que también incluía a los jueces, actuarios y defensores de oficio. Esa ley presupuestal estableció aumentos hasta igualar con los diputados y senadores, y debió hacerse extensivo a todos los judiciales, dado que están "enganchados". Sin embargo, el gobierno dejó sin efecto el aumento a los funcionarios mediante una ley interpretativa. Esta fue declarada inconstitucional y al año siguiente el Poder Ejecutivo volvió a "desengancharlos" mediante una ley de Rendición de Cuentas, lo que también fue declarado inconstitucional.

Mantienen conflicto por reclamo de aumento del 26%