Expertos y oposición advierten que cambios no pueden ser por decreto

Fiscales rechazan pasar a depender de Presidencia

A la propuesta del futuro gobierno de que las fiscalías pasen por decreto a depender directamente de la Presidencia de la República —hoy funcionan en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura— le llovieron críticas técnicas y políticas que auguran una batalla con la oposición. En el oficialismo responden que no está en riesgo la autonomía técnica de los fiscales.

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Para la oposición los fiscales no son objeto de control paralmentario. Foto: A. Colmegna

Las críticas se centran básicamente en que con la idea oficialista se perdería control parlamentario y podría crecer la injerencia del Poder Ejecutivo. Y en que una modificación así requeriría de una ley y no se podría hacer por decreto.

La futura ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo el miércoles a Radio Uruguay que ya se trabaja en un decreto para ese fin que podría aprobarse al día siguiente de la asunción del futuro presidente, Tabaré Vázquez.

Vázquez lo adelantó.

El asunto había sido adelantado el lunes pasado por el propio Vázquez a los integrantes del directorio blanco con los que se reunió. El diputado nacionalista, Pablo Iturralde, le dijo en esa oportunidad al futuro presidente que la propuesta menoscaba el control parlamentario y el futuro mandatario le respondió que los fiscales irían al Poder Legislativo las veces que fueran necesarias, según contó el legislador a El País. A esto Iturralde respondió que se requerían "garantías institucionales".

Según Iturralde, si bien la actual situación de dependencia de Educación y Cultura "es mala" por lo menos permite un contralor parlamentario ya que los ministros pueden ser convocados al Legislativo. El planteo puede tener que ver con la "inexperiencia jurídica" de Muñoz, aventuró Iturralde que integra la comisión de Constitución y Códigos de la cámara baja.

"Es delicado. Arrancamos mal. Habrá que hacer dos cosas: convocar al Parlamento y eventualmente presentar acciones de inconstitucionalidad. En un momento en que los fiscales van a tener un rol más protagónico por el nuevo Código del Proceso Penal se alejan de la autonomía", consideró.

También objeta la idea Óscar López Goldaracena, que el año pasado como suplente del senador oficialista Eduardo Lorier, impulsó un proyecto de ley que suponía que las fiscalías pasarían a ser un servicio descentralizado que dependería de un futuro ministerio de Asuntos Jurídicos. Ese servicio hubiese tenido una conducción colegiada y un consejo asesor integrado por fiscales y la cabeza sería el Fiscal de Corte. Esa iniciativa de la actual administración no tuvo andamiento. López Goldaracena dijo a El País que la nueva propuesta le sorprende porque a su juicio es necesaria una ley orgánica que defina la ubicación institucional de los fiscales en el marco de una reforma global del sistema judicial. Cree también que debe consultarse a los fiscales para su elaboración. Coincidió en que podría haber un riesgo para la autonomía de los fiscales que al no depender más de un ministerio lo harían del presidente de la República, que solamente puede ser llamado a responsabilidad por medio de un juicio político. En su opinión, de todas formas, es claro que "no tiene sentido" que las fiscalías al igual que los registros dependan de Educación y Cultura pero advirtió que "las reformas parciales son un método equivocado". En su opinión, también debe aprobarse una ley orgánica para los defensores de oficio para que estos no tengan ninguna dependencia de los fiscales, ya que en los procesos representan intereses contrapuestos.

La idea del futuro gobierno tampoco parece gustarle al presidente de la Asociación de Fiscales, Juan Gómez. "El Ministerio Público está regulado por la ley por lo que me merecería reparos que se modifique por un decreto", comentó Gómez a El País. La gremial no fue consultada en esta oportunidad por las futuras autoridades. Sí lo había sido cuando se elaboró el proyecto el año pasado y había dado su visto bueno "en líneas generales" a la creación de un servicio descentralizado, recordó Gómez, aunque no fuera la solución "ideal". "No es obligación que nos pidan opinión pero sí es costumbre", señaló Gómez. El fiscal dijo que en su trayectoria de décadas como fiscal penal no sufrió presiones pero "eso no quita que además de que algo sea, lo parezca, por lo que sería buena cosa que los cambios estén respaldados por disposiciones legales" que den garantías.

El País intentó obtener la opinión del fiscal de Corte, Jorge Díaz, pero no fue ubicado. Díaz ha dicho que las fiscalías deberían estar por fuera del Poder Ejecutivo y tener el mayor grado posible de autonomía respecto al sistema político.

El ex candidato colorado, Pedro Bordaberry, escribió en Twitter que "los fiscales no pueden depender de la Presidencia de la república; esto ofende al estado de Derecho, deben ser independientes".

El futuro senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, consideró, por su parte, que "la concentración de funciones y competencia en Presidencia va en contra del equilibrio de poderes y de la capacidad de contralor del poder". Y el diputado nacionalista José Carlos Cardoso también escribió en Twitter que "en el sistema judicial el fiscal representa al pueblo, no al gobierno (...) Vázquez concentra poder fáctico".

Para el oficialismo no se perderían garantías


En el oficialismo se quita dramatismo al asunto. El diputado oficialista, Daoiz Uriarte, uno de los referentes en asuntos jurídicos de la bancada frenteamplista, dijo a El País que la idea oficialista no supone "ninguna pérdida de garantías" porque la dependencia de los fiscales de Presidencia de la República sería "meramente administrativa". "Los fiscales tienen autonomía. Yo no recuerdo que se haya llamado a ningún ministro de Educación por algo relativo a los fiscales. Y al presidente solamente se lo llamaría entonces por algún problema administrativo y no por la actuación de los fiscales", argumentó. Uriarte reconoció que "puede ser discutible" que los cambios puedan ser realizados mediante decreto pero consideró que es un punto "sutil, no es sustancial".

Muñoz explicó que "se está trabajando para un decreto en el que pasen como una Secretaría nacional a depender de la Presidencia, con los actuales recursos humanos, que son todos muy valiosos, muchos cargos concursados, personas de mucho prestigio y muy buen desempeño". "Es la dependencia la que cambia, no el estatus de las personas" y "las necesidades presupuestales que ellos planteen correrán vía Presidencia de la República", agregó.

Pero el fiscal Enrique Viana dijo que lo que propone Muñoz es ilegal y se mostró también contrario a la idea de crear un servicio descentralizado (que apoya la gremial de fiscales a la que él no considera representativa) porque también "acercaría" a los fiscales al Poder Ejecutivo. "Quiero creer que es una reflexión en voz alta y que esta idea no se va a mantener. Se quiere eliminar la autonomía técnica de los fiscales que no podemos depender de lo que nos diga un fiscal general ni de nadie", sostuvo.

SABER MÁS

Claves de la polémica


1-TAMBIÉN LA JUNTA ANTICORRUPCIÓN

Muñoz también adelantó que el futuro gobierno quiere que los registros y la Junta de Transparencia y Ética Púbica (Junta anticorrupción) pasen a depender de la presidencia. La junta hoy funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura pero quiere ser un ente autónomo.
 
2-ARGUMENTOS PARA LA AUTONOMÍA

El catedrático de Derecho Administrativo, Juan Pablo Cajarville, cree que “es de toda evidencia que la subordinación en que se encuentra la junta está reñida con el alcance subjetivo de sus cometidos, que alcanza a los titulares de los órganos máximos de los tres poderes del gobierno”.

3-PROYECTO QUE NO CUAJÓ


El oficialismo impulsó en 2014 un proyecto para crear un Ministerio de Asuntos Jurídicos. Como parte de un paquete de cambios, el entonces senador Óscar Lopez Goldaracena quería reducir la posibilidad de que el Fiscal de Corte actuase con arbitrariedad respecto de sanciones y traslados.

4-UNA ADVERTENCIA PARA FISCALES

Para el constitucionalista Martín Risso “la función de los fiscales en materia penal va a ser más importante y van a tener otro protagonismo. “Hay que asegurarles la mayor independencia. No sé si con esto empeora. Lo que es claro es que no mejora. El responsable ya no será un ministro”, dijo.

5-CRÍTICAS A SITUACIÓN ACTUAL

López Goldaracena cree que el Ministerio de Educación debe concentrarse en sus cometidos y no le corresponde tener bajo su órbita a registros y fiscales. El diputado oficialista, Felipe Michelini cree que “si se deja todo como está” el ministro “desatiende los temas de educación y cultura”.

6-TOMA Y ROBALLO DISEÑAN EL PLAN

El futuro secretario de la Presidencia, Miguel Toma y el próximo prosecretario, Juan Andrés Roballo, trabajan en la definición del futuro de las fiscalías. Roballo dijo que “en esta etapa de diseño institucional es preferible no entrar en detalles”. No se esperaría a la discusión del Presupuesto para aprobar la modificación.

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