La fiscal Ana María Tellechea solicitó ayer el procesamiento con prisión de un diplomático de carrera por considerar que incurrió en irregularidades en el otorgamiento de 96 visas "truchas" a ciudadanos chinos cuando se encontraba cumpliendo funciones diplomáticas en España y en China, según dijeron a El País fuentes del caso.

La fiscal Tellechea también entendió que el diplomático incurrió en un delito de cohecho (coima) por recibir dinero a cambio de trámites consulares irregulares.

Señaló, además, que el acusado cometió fraude al pasar supuestos gastos ficticios de sus casas al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tres ciudadanos asiáticos, que residen en Rivera, testificaron ante la jueza Julia Staricco y la fiscal Tellechea que pagaron US$ 5.000 por cada una de la visas para ingresar a Uruguay sin haber cumplido con ninguna de las formalidades requeridas por las normativas de migración uruguayas, señalaron a las fuentes.

En sus declaraciones, el diplomático señaló que, cuando se encontraba en China, continuó otorgando las visas al empresario chino porque un entonces superior suyo las avalaba. La persona a la que el diplomático identificó en el juzgado ya no se desempeña en la Cancillería y está fuera del país. La defensa solicitó a la jueza Staricco que lo cite a declarar, según indicaron operadores del caso.

Efectivos del Departamento IV solo pudieron ubicar a los tres comerciantes chinos y no a los otros 93 cuyos ingresos a territorio uruguayo fueron comprobados por Migraciones pero no sus salidas.

Según operadores judiciales, estos ciudadanos chinos podrían haber sido trasladados hacia Argentina o Brasil donde hay enormes colonias de asiáticos. También podrían estar trabajando en negro en Uruguay.

Las leyes migratorias uruguayas son muy estrictas. Las personas asiáticas necesitan cumplir muchas formalidades para poder acceder a ellas.

El penalista Gumer Pérez, defensor del diplomático investigado, cuestionó el pedido fiscal de procesar al diplomático con prisión por "reiterados" delitos de cohecho, tráfico de personas y de fraude.

Pérez dijo que, de las actuaciones judiciales y administrativas, surge que su defendido otorgó las visas "apegado" a las normas y circulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Señaló que el ex cónsul remitió a Uruguay las solicitudes de visas en España y que las aprobaciones de las mismas se realizaban en la embajada y en la oficina consular. "La investigación abarca a 11 visas otorgadas en España", señaló Pérez.

El diplomático también es investigado por visas otorgadas en China donde, por un breve período, fue encargado de negocios de la Embajada de Uruguay en ese país.

Con respecto a la tipificación que hizo la fiscalía sobre cohecho, Gumer sostuvo que este delito necesita la participación de dos personas.

"No está probado que mi cliente recibió una suma de dinero. Los testigos dijeron que pagaron a un chino y no al diplomático. Dijeron que no lo conocían", dijo. Pérez dijo que el diplomático no incurrió en estafa porque durante su estancia en el extranjero generó ahorros al Estado por 18.000 Euros.

La jueza Staricco resolvió ayer la libertad del indagado, cierre de fronteras y diligenciar más pruebas para el caso.

En el alegato de la defensa, el abogado del diplomático investigado, Gumer Pérez, pidió a la jueza de 16° Turno, Julia Staricco, que cite a declarar al secretario General de la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) y ex Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro.

Pérez pidió a Staricco que también cite a testificar a tres embajadores que tuvieron como destino España, Corea y China. "Todo fue en conocimiento de Almagro. Se solicita eso porque cada una de las visas otorgadas por el diplomático investigado fueron siempre avaladas por Almagro. Primero, como embajador de Uruguay en China y segundo como canciller uruguayo. Las visas llegaban al Ministerio de Relaciones Exteriores y eran avaladas por él", dijo Pérez.

Sin embargo, una investigación de la Cancillería realizada luego de una denuncia efectuada por una ex pareja del diplomático, detectó la existencia de supuestas irregularidades en una sede diplomática en España.

En octubre del 2014, Almagro dijo que había comenzado un sumario en contra del ex cónsul. Un año después, el sumario concluyó que se habían comprobado supuestas anomalías en los gastos de la sede diplomática y en la tramitación de documentación consular.

Hace un mes, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores presentaron una denuncia penal. En forma simultánea, la Cancillería pidió a la Oficina de Servicio Civil la destitución del diplomático denunciado.

Ciudadanos chinos dijeron en la Justicia que pagaron US$ 5.000 por cada visaEDUARDO BARRENECHE