Cuatro jóvenes murieron tras la explosión en su depósito.

La fiscal penal Silvia Méndez pidió el procesamiento con prisión por "homicidio culposo con resultado de pluralidad de muertes" para los responsables de la empresa que depositaba pirotecnia en un local de Toledo (Canelones) donde cuatro de sus empleados murieron carbonizados a fines del mes de octubre de 2016.

La medida apunta a los dos responsables del depósito que fueron denunciados por los familiares de los fallecidos. Tiempo atrás los abogados que atienden el caso en representación de las víctimas solicitaron el cierre de fronteras para los dos empresarios.

El abogado Gustavo Salle Lorier está a cargo de la defensa de la familia de Damián Fagian, uno de los trabajadores fallecidos en el siniestro.

"La primera preocupación de las familias es que los responsables vayan presos, después tienen el derecho del accionamiento civil. Un procesamiento en el área penal supone comenzar con un handicap", señaló el abogado.

Una vez que se produjo el pedido de procesamiento por parte de la Fiscalía, el expediente pasó al juez, en este caso Patricia Ferreira. Si bien todavía no hay fecha, la magistrada puede citar a una audiencia ratificatoria en la que los dos indagados comparecen con sus abogados para repreguntar y solicitar nuevas pruebas.

El abogado aclaró que es posible que la jueza se expida de inmediato ya sea haciendo lugar al pedido de pruebas de la defensa, archivando el caso, o dictaminando el procesamiento tal como solicitó la Fiscalía.

Otra posibilidad es que debido a lo complejo del asunto la juez formalice un auto de resolución con lo que contaría con un plazo de 45 días para tomar el fallo definitivo, de acuerdo con el abogado defensor.

El siniestro ocurrió en la tarde del 25 de octubre de 2016 cuando cuatro operarios se encontraban trabajando dentro de un depósito. Estaban preparando la tradicional zafra de fuegos artificiales de Navidad y Año Nuevo.

Enseguida del incendio, el jefe de Bomberos, Leandro Palomeque, informó que el local no tenía las medidas de protección contra incendios que exige ese organismo para otorgar la habilitación.

En un comunicado, la empresa Meteoro, nombre comercial de la firma a cargo del depósito, expresó su dolor por el hecho y, entre otras cosas, aseguró que desde 2012 estaba en trámite la renovación de la habilitación. "Se pueden decir todos los tal vez que quieran, pero no la tenían, y punto", expresó Palomeque.

Además, se supo que la salida de emergencia tenía una reja y que las puertas estaban cerradas en el momento en que ocurrió el siniestro mortal.

Un funcionario de la compañía declaró ante la Justicia que los operarios se tiraban pirotecnia como "juego". No obstante, la pericia realizada por los especialistas de Bomberos constató que el lugar en que ocurrió el siniestro estaba lleno de pólvora, algo no permitido por las normas de seguridad.

La Intendencia de Canelones señaló que el depósito no contaba con su autorización para funcionar en las condiciones que lo hacía. Un informe de la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo (MTSS) señaló que los empleados estaban reparando fuegos artificiales de la zafra anterior dentro de un recinto no autorizado para ello.

Por su parte, el sindicato Fuecys, al que pertenecía al menos uno de los cuatro jóvenes fallecidos, tiene en su poder un informe de marzo de 2012 en el que, a instancias de una comisión bipartita, se identificaron varias irregularidades laborales, según reveló un informe de Qué Pasa del mes de noviembre de 2016.

El autor del informe señaló varios problemas y anunció que informaría al Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA) para que controlara las instalaciones, algo que no se sabe si efectivamente ocurrió.

En las imágenes que anexa el informe se ven fallas en la señalización de extintores y puertas de salida, y bocas de incendio y mangueras en mal estado.

De acuerdo con el registro fotográfico, las cajas de mercancía llegaban a apilarse a varios metros de altura y en forma desordenada, dificultando el pasaje y el acceso rápido de los trabajadores. Además, según el informe, no existía en esa fecha un plan de emergencia o evacuación del lugar.

A SIETE MESES DE LA TRAGEDIA