Jorge Díaz demandó más asistencia de los magistrados a los juzgados.

Una polémica suscitada entre el fiscal general Jorge Díaz y dos organizaciones de operadores judiciales amenaza con enturbiar las relaciones entre ellos ante la próxima puesta en funcionamiento del nuevo sistema procesal penal acusatorio contenido en el reformado Código del Proceso Penal (CPP).

Está previsto que el nuevo CPP comience a regir, aunque en forma parcial, el 1° de febrero de 2017, según lo establece a texto expreso la ley que lo consagró.

Díaz concurrió el jueves 26 a la comisión de Constitución y Legislación del Senado para referirse a dos propuestas del Poder Ejecutivo acordadas por el gobierno y los partidos políticos en las reuniones sobre seguridad.

En la comisión, Díaz consideró que para optimizar la aplicación del nuevo CPP y todo lo que su implementación demanda del sistema judicial, una de las medidas que se debería tomar es "empezar a trabajar en el control de la asistencia diaria de los operadores del sistema de justicia a sus despachos".

"La obligación de asistencia diaria la tienen los jueces, los fiscales y los defensores", planteó, para agregar que "se necesita gente que esté en su despacho, que asista a las audiencias" para asegurar "la eficacia del régimen" que se implementará.

Díaz planteó, además, "pensar en un límite mínimo de horario de trabajo diario". "Considero que el hecho de que se establezca un horario mínimo de trabajo no afectará la dignidad de ningún trabajador", dijo. Aunque admitió que quizás estas opiniones "no son muy simpáticas", dijo que de lo contrario "no será posible un cambio" en el sistema. Manejó la ampliación del horario de atención de las sedes judiciales, habitualmente entre las 13 y las 18 horas, yendo a un doble horario. "La gente no entiende por qué las oficinas judiciales abren a las 13", dijo, tras lo cual afirmó que con el actual horario "sería imposible realizar todas las audiencias" como plantea el nuevo código.

"En la Justicia Penal no podemos seguir con un régimen de 38 días en la feria judicial mayor y de 15 en la menor, junto con siete en Semana de Turismo, lo que hace que durante dos meses al año el sistema esté paralizado", agregó.

La primera reacción a las afirmaciones de Díaz provino de los fiscales. La asociación que los reúne, presidida por el fiscal Juan Gómez, consideró que los dichos de Díaz sobre la carga de trabajo de todos los operadores del sistema judicial, "no se estiman de recibo", más allá de aclarar que comparten el nuevo CPP que se aplicará en febrero próximo.

Los magistrados fiscales "participan de todas las tareas tanto en sus despachos como en audiencia, a lo largo de todo el año, lo que incluye ferias judiciales, Semana de Turismo y días inhábiles, en un proceso que, aun con fallas, cumplen en aras de un sistema de justicia realizable".

La Asociación de Magistrados del Uruguay también manifestó su molestia con las declaraciones del fiscal general Díaz diciendo que se mueve en forma "avasallante".

"Algunas de las expresiones son verdades a medias, que no hacen más que inducir en error a la opinión pública que puede desconocer cómo opera el Poder Judicial", expresaron los jueces en un comunicado difundido ayer.

"La puesta en funcionamiento del nuevo sistema procesal penal (CPP), por el que públicamente ha apostado el Dr. Díaz, no justifica una actitud avasallante. No puede desconocerse que la Suprema Corte de Justicia, silenciosa y no mediáticamente, sin presupuesto asignado, está trabajando en su implementación", agregó la asociación.

Ante la propuesta de Díaz de eliminar las ferias judiciales, los magistrados argumentaron que este mecanismo es el que permite unificar la licencia de los jueces e impedir interrupciones mayores en los casos no solo penales sino de todas las materias. A su vez, explicaron que los jueces trabajan con una dedicación total que incluye los fines de semana, por lo que, si bien se manejó décadas atrás reformar el sistema de ferias, no se encontró otro mecanismo mejor que no afecte los procesos en curso.

El propio fiscal general Díaz sabía que sus consideraciones generarían polémica, cuando reconoció ante los senadores que después de esas afirmaciones iba a tener que "salir con casco y escafandra" a la calle.

EL FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIALDANIEL ISGLEAS