Los partidos políticos deberán volver a negociar en mayo.

El 2 de marzo jurará como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Eduardo Turell Araquistain. Los partidos políticos con representación parlamentaria habían resuelto, a fines del año pasado, negociar para alcanzar un acuerdo y consensuar el nuevo miembro del máximo órgano judicial.

Sin embargo las conversaciones entre el oficialismo y la oposición fracasaron, y tal como lo estipula la Constitución de la República asumirá el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad.

Según adelantaron a El País fuentes políticas y judiciales, la SCJ ya informó a Turell que jurará como ministro el jueves de la semana próxima. El 24 de noviembre de 2016, el juez Jorge Larrieux cesó como ministro de la SCJ por cumplir 70 años. A partir de allí se abrió un plazo de 90 días para que el Parlamento eligiera sucesor.

Ese plazo se vence este viernes 24, pero ante la paralización de las negociaciones, ya fue comunicado a Turell que será el nuevo integrante del máximo órgano judicial. Su nombre fue manejado al principio de las negociaciones, pero luego surgieron otros nombres que obstaculizaron el acuerdo. A pesar de eso representantes de todos los partidos que trabajaron en la comisión no pusieron objeciones a Turell y destacaron su carrera judicial.

El objetivo inicial de las negociaciones era acordar todos los relevos de la SCJ para el actual período. La oposición accedió.

Para definir un nuevo integrante del organismo, evitando el mecanismo de antigüedad, se requiere una votación en la Asamblea General del Parlamento. La Constitución establece que la propuesta debe tener la aprobación de dos tercio del total de miembros: 130. En ese sentido el Frente Amplio no puede designar integrantes solo con sus votos; necesita negociar 22 votos que le faltan para alcanzar esa mayoría especial.

El último ingreso a la SCJ fue propuesto por la oposición. Por eso el Frente Amplio sostenía que le correspondía la iniciativa, y así ocurrió. Primero propuso a Alicia Castro, y logró el apoyo de la oposición. Luego revisaron el currículum y decidieron modificar su planteo. Optaron por proponer a Rosina Rossi; quien ocupa el lugar 14 en la lista de antigüedad.

La oposición pidió analizar la carrera de Rossi, y a principios de febrero respondió. El Partido Nacional vetó su nombre y aclaró que no apoyaría su designación de ninguna manera. A partir de ese momento las negociaciones se congelaron.

El Frente Amplio no propuso nuevos nombres, ni la oposición flexibilizó su postura. Oficialismo y oposición no lograron acuerdo y por eso el 2 de marzo asumirá Turell.

Ahora en mayo los partidos políticos deberán enfrentar una situación similar. El ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, cumple 70 años y debe abandonar su cargo. Por eso los partidos políticos tienen que analizar si se sientan a negociar o dejan que ingrese un nuevo integrante por antigüedad.

Al ingresar Turell quien queda en el primer lugar por antigüedad es Beatriz Fiorentino Ferreiro. Pero por cumplir 70 años en marzo no podrá ser considerada. El siguiente nombre es Selva Anabel Klett Fernández. Su currículum fue bien considerado, pero no tiene la aceptación del Frente Amplio.

En el cuarto lugar en orden de antigüedad (tercero cuando ingrese Turell) está Bernadette Minvielle Sánchez. En el oficialismo está bien valorada y consideran que tiene gran calidad técnica.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, se reunió con el senador blanco Jorge Larrañaga para conversar sobre la realidad presupuestal del organismo previo al inicio de la discusión del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

"Hay mucha preocupación sobre cuál va a ser la posición del Poder Ejecutivo en la instancia presupuestal, a la luz de lo que han sido las pasadas dos discusiones", dijo a El País el diputado blanco Pablo Abdala que también participó de la reunión.

Chediak explicó que realizarán un pedido presupuestal "ajustado a la realidad" en el entendido que el nuevo código de proceso penal implicará más recursos para cumplir con las exigencias. A su vez, en el corto plazo dijo que se enfrentarán a la necesidad de cubrir las vacantes que decidieron congelar para poder ahorrar recursos por la falta de presupuesto. "Nosotros advertimos que hay una decisión política del gobierno de reducir y debilitar presupuestalmente y materialmente al Poder Judicial", dijo Abdala.

En el encuentro el senador Jorge Larrañaga repitió su propuesta de llevar adelante una verdadera "Justicia Ambiental", que pueda "acompañar el desarrollo con la preservación de los recursos naturales" creando juzgados especializados en la materia como existen en Brasil, por ejemplo. El legislador ya presentó un proyecto de ley.

NEGOCIACIONES NAUFRAGARON