La ONU presiona a Uruguay para que concrete la llegada de cinco familias salvadoreñas este año. Sin embargo, la falta de viviendas hace que la iniciativa esté demorada desde "hace meses" y que las posibilidades se reduzcan acorde pasa el tiempo.

La primera opción que manejó la Cancillería fue el apoyo de Mevir, con la idea de alquilar casas en el campo y traer a refugiados de áreas rurales. El Estado se comprometía a pagar los $ 1.500 mensuales de esas propiedades por dos años. Pero desde la institución le manifestaron a Relaciones Exteriores que "cuentan con lista de espera" y que han tenido una mala experiencia con los refugiados sirios.

Resulta que cuando el hoy presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, era secretario de Derechos Humanos de Presidencia, se construyó una casona en Juan Lacaze, en un predio que había cedido la granja "La Esperanza Sabalera". Allí fue a parar la familia de sirios reasentada más numerosa, compuesta por 14 personas. Como justificaron que no se adaptaron, se mudaron a Salto y la vivienda quedó abandonada. El pasado junio el local fue entregado a la granja para su trabajo con 25 jóvenes y adultos con discapacidad.

Aquella mala experiencia, dijo una fuente de Cancillería, "hace que tanto Mevir como el Ministerio de Viviendas no se quieran involucrar en la llegada de salvadoreños, y el proyecto se sigue dilatando". Es por eso que las autoridades están evaluando cambiar el perfil de los refugiados a reasentar y no descartan traerlos a Montevideo.

La agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) tiene como prioridad destinar fondos para el realojo de los salvadoreños perseguidos por el crimen organizado. Solo el año pasado hubo más de 79 mil solicitantes de asilo provenientes de esa zona, catalogada como "la más peligrosa del mundo". Pero de no haber respuestas de acogida para estos desplazados, "es probable que los fondos se destinen a otros programas y las personas perseguidas queden libradas a su suerte", explicó la fuente oficial.

Uruguay maneja la intención de traer a unas diez familias en dos años, cada una integrada por un promedio de cinco personas. La modalidad de refugio es similar a la aplicada con los colombianos entre 2013 y 2014.

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