Treinta personas que contrajeron matrimonio en los últimos cinco años ante el juez de Paz de Conchillas, y que pagaron para que la boda se celebrara en sus casas, serán citadas a declarar ante la Justicia Penal de Carmelo.

El magistrado fue procesado por un delito continuado de concusión (coimas) y falsificación ideológica de documento público. La jueza penal Alejandra Facal dispuso su prisión domiciliaria porque es una persona enferma.

También fue procesado el único funcionario del Juzgado de Conchillas por un delito continuado de concusión.

El magistrado cobraba indebidamente $ 8.000 por casar a personas en sus casas. También percibía entre $ 700 y $ 1.500 por concepto de timbres. Sin embargo, los timbres por matrimonio no superan los $ 500. Algunos expedientes de casamientos no contaban con timbres y otros sí. También fueron falsificados certificados de residencias de algunas de las parejas.

La Sección Registro Civil de la Intendencia de Colonia informó a la jueza Facal que el magistrado procesado ofició 15 matrimonios en Nueva Palmira, Carmelo y Ombúes de Lavalle. "Algunos de esos matrimonios están bien. Tienen timbres. Otros no. La responsabilidad es del magistrado" dijo una fuente municipal.

Muchos matrimonios llevados a cabo por el juez tienen de vicios formales y es posible que sean nulos. Sin embargo, sobre esas irregularidades primará la buena fe de los contrayentes sobre los vicios documentales de los contratos matrimoniales, dijo a El País una fuente judicial.

El tema impactará en la esfera del Registro Civil y no en el Poder Judicial. El juez de paz oficia de funcionario del registro cuando realiza el casamiento de dos personas.

Los vicios de la documentación del matrimonio sí podrían afectar a alguna pareja que desea separarse, puesto que cualquiera de los cónyuges puede alegar que el matrimonio es "nulo", lo que generaría consecuencias sobre la titularidad de los bienes.

El auto de procesamiento expresa que "durante cinco años aproximadamente", el funcionario J.D.L.S., con conocimiento del Juez D.C., "cobraba a las parejas que contraían matrimonio en la oficina una suma superior a la fijada para dicho trámite. Asimismo, recibían dinero en efectivo, sin informar a los usuarios que debían concurrir con los timbres correspondientes y, además, no agregaban dichos timbres al expediente ni a la libreta de matrimonio".

En dos oportunidades, por lo menos, "ambos funcionarios judiciales concurrieron a otras jurisdicciones con los libros del Juzgado de Conchillas y realizaron los respectivos documentos como efectuados en esta localidad, y no donde efectivamente se realizaba la ceremonia".

Al menos quince parejas víctimas de una maniobra ilícitaE.B.