Fallo contra Uruguay por el Comercial

1/1: DICTAMEN. La decisión de un juez neoyorkino va en contra de la estrategia oficial de contraatacar a los ex socios del Comercial. (El País)

La Justicia de Estados Unidos falló en contra de las pretensiones del gobierno uruguayo en el contencioso que mantiene con los bancos internacionales accionistas del ex Banco Comercial, al hacer lugar a la solicitud de éstos para que el país cumpla con la cláusula contractual que determina que todo litigio con ellos debe procesarse a través de un arbitraje. La decisión cierra el paso a la estrategia oficial para que el diferendo se sustancie en los tribunales estadounidenses.

El dictamen fue emitido el martes pasado por el juez federal William Pauley del Distrito Sur de Nueva York, confiaron a El País fuentes judiciales. Con la decisión, el juicio iniciado por el gobierno de Tabaré Vázquez en Nueva York queda prácticamente bloqueado, dado que que el Estado uruguayo deberá esperar ahora la decisión a la que se llegue en el arbitraje, iniciado por los bancos —J.P. Morgan, Credit Suissse First Boston y Dredsner Bank— en junio de 2005, antes de seguir adelante con la demanda. En el arbitraje los bancos reclaman por segunda vez por el incumplimiento del contrato de capitalización de 2002 del Banco Comercial.

FUNDAMENTOS. La decisión de Pauley a favor de los bancos se basó en que el contrato de capitalización del ex Comercial contenía una "cláusula amplia" de arbitraje que preveía que todos los litigios que surgieran "en conexión" con éste se resolverían sólo por arbitraje.

El fallo sostiene que "dado que la cláusula de arbitraje contiene clara e indiscutible evidencia de que las partes acordaron someter el tema de la arbitrabilidad a un foro arbitral, esta Corte debe hacer cumplir ese acuerdo".

La Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de París, organismo donde se sustanciará el arbitraje, ya había puesto el mecanismo en movimiento. Incluso el Estado uruguayo designó como su árbitro de parte al especialista argentino Horacio Girgera Naón.

El pasado 18 de enero tuvo lugar la primera audiencia de este arbitraje en la que el tribunal coordinó con los bancos y el Estado uruguayo un cronograma tentativo para el arbitraje. De acuerdo al mismo, el arbitraje se desarrollaría en el correr de este año y se dictaría un laudo a comienzos de 2007. Con la decisión de Pauley queda despejado el camino para que el arbitraje avance, explicaron las fuentes.

EFECTOS. El fallo de la justicia estadounidense constituye un duro revés para la estrategia anunciada hace un año por el gobierno de Jorge Batlle y refrendada luego por la administración de Tabaré Vázquez, de iniciar una serie de juicios civiles, tributarios y administrativos contra los tres bancos extranjeros. Con el fallo de Pauley las acciones en ese sentido que efectivamente se llevaron a cabo terminarán siendo sustanciadas en el arbitraje en el cual Uruguay es la parte demandada.

Como parte de la ofensiva contra los accionistas del ex Banco Comercial el gobierno de Batlle había anunciado que promovería acciones regulatorias a cargo del Banco Central y tributarias por parte de la Dirección General Impositiva, pese a lo cual éstas aún se mantienen en una etapa administrativa.

Finalmente, el Estado uruguayo también promovió que el Banco Central demandara a los bancos extranjeros en Uruguay actuando como liquidador de la Compañía General de Negocios. No obstante, el planteo de dicha demanda presentada en las últimas semanas se enfrenta al escollo de conseguir probar que los bancos extranjeros eran accionistas de ese banco off shore que formaba parte del grupo del Comercial, comentaron fuentes que conocen el caso.

A todo esto, el laudo arbitral de fines de 2004 que condenó al Estado uruguayo a pagar aproximadamente US$ 130 millones sigue generando intereses y ya fueron rechazados sucesivos recursos contra su confirmación presentados por los representantes uruguayos.

Cuando en enero de 2005 se conoció el laudo unánime del primer arbitraje contra el Estado uruguayo el gobierno de Jorge Batlle anunció que se pagaría tras finalizar la feria judicial. Sin embargo, luego modificó su posición argumentando que embargos planteados por acreedores argentinos de la Compañía General de Negocios Saife, también en liquidación, impedían pagar la suma adeudada y anunció que que el Estado uruguayo sería el que iniciaría juicios.

Tras varios meses de deliberaciones conducidas por el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y el ministro de Economía, Danilo Astori, esa posición también fue apoyada por la administración Vázquez y ésta fue la que impulsó efectivamente las demandas.

El Estado uruguayo intentó bloquear judicialmente la confirmación del primer laudo arbitral, pero hasta la fecha todas las decisiones le fueron adversas. La confirmación judicial de ese laudo está actualmente a consideración de un tribunal de apelaciones estadounidense y fuentes judiciales dijeron a El País que este sea probablemente el último recurso judicial posible.