La Auditoría Interna de la Nación detectó graves problemas de control que "comprometen la transparencia" de la gestión de la Sala Auditorio Adela Reta, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.

Con fecha 3 de setiembre de 2012 se suscribió el contrato de Fideicomiso de administración entre el Sodre, en calidad de fideicomitente, y Conafin AFISA como fiduciaria, constituyéndose el Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural del Sodre, destinado al financiamiento de las actividades e inversiones que se desarrollen en el marco del programa de gestión artística.

Un informe de la Auditoría de la Nación al que accedió El País, afirma que "la gestión económica y financiera llevada a cabo por el fiduciario (Conafin AFISA) presenta apartamientos del marco legal, de los principios contables y de buena administración que comprometen la transparencia y efectividad de la misma". Sostiene que "se realizaron transferencias de fondos sin autorización del fideicomitente, depósitos de ingresos en cuentas no pertenecientes al fideicomiso, ingresos por venta de entradas que no se depositaron en cuentas del Sodre ni fueron transferidos a la Cuenta Única Nacional".

Además, se constataron diferencias en la registración según la fuente de información, registros contables sin comprobantes, documentos que no cumplen las formalidades requeridas para respaldar gastos, errores y omisiones en las rendiciones de cuentas, compras de activos imputados a gastos, derechos y obligaciones de contratos comerciales y canjes no registrados contablemente.

Según la Auditoría, "las observaciones identificadas impactan negativamente en la confiabilidad, integridad y veracidad de la información". Recomendó "exigir al fiduciario (Conafin AFISA) el cumplimiento de las responsabilidades incluidas en el contrato de fideicomiso, y la definición e implementación de procedimientos y controles, que den transparencia a la gestión y aseguren el uso de los fondos para el cumplimiento del objetivo". También planteó "identificar las partidas que fueron rendidas mediante documentación interna y analizar la pertinencia y veracidad de los gastos realizados, así como las eventuales responsabilidades ante la existencia de posibles irregularidades y determinar el impacto financiero sobre los estados contables".

También sugiere implementar actividades de control en el manejo de las transferencias financieras, documentar mediante contratos todos aquellos negocios que vinculen a la Sala, definir criterios para la determinación del precio de la publicidad y contraprestación, controlando su cumplimiento; confeccionar y mantener actualizado el inventario del patrimonio del fideicomiso, regularizando las incorporaciones de activos que corresponden a inversiones y se imputaron a gastos y cumplir con una rendición de cuentas de los fondos en los plazos previstos.

El informe de actuaciones de la auditoría correspondiente al año pasado también analiza, por ejemplo, lo que ocurre con el Departamento de Inmunidades y Privilegios Diplomáticos que tiene a su cargo, entre otras tareas, administrar y gestionar privile-gios como la introducción de vehículos en admisión temporaria o libres de impuestos y la exoneración de tributos por el uso de combustible en misión diplomática. La auditoría señaló que solamente dos funcionarias revistan en esta repartición y que esta circunstancia "no permite asegurar que todas las personas acreditadas cumplan con la normativa o que se hayan otorgado privilegios o se mantengan vigentes a quien no corresponda".

La auditoría recomendó dar al departamento "la debida estructura funcional", e "implementar procedimientos de comunicación y control con Ancap, minimizando el riesgo de uso indebido de beneficios".

En cuanto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la auditoría analizó el control del pago de viáticos para los funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad. "No es posible asegurar que el monto de viáticos obligado en el período auditado, corresponda exactamente a las comisiones realizadas por los funcionarios. Esto podría llevar a que la dirección incurra en ineficiencias en la utilización de recursos financieros, exponiéndola a riesgos reputacionales. La ausencia de definición y aprobación de criterios formales para la asignación de comisiones, le resta transparencia al proceso", sostiene la auditoría.

También fueron analizados los procedimientos de compra de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Salud Pública que son cuestionados porque las adquisiciones se hacen sin una planificación anual y sin que haya una coordinación entre las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud.

La Auditoría Interna de la Nación hizo sonar la alarma sobre algunos procedimientos de la Dirección General para Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sus sugerencias fueron tomadas en cuenta y la cancillería adoptó un plan para subsanar las carencias detectadas.

La auditoría marcó su preocupación porque existía una "concentración de las funciones de control de documentación, emisión de pasaporte y habilitación del pago que podían derivar en que se emitieran pasaportes a personas que no cumplen con las condiciones requeridas" o que se entreguen esos documentos sin que se realice el pago correspondiente.

"Los controles sobre los inventarios de las libretas de pasaportes son débiles dado que no se dispone de un registro integrado que permita realizar los controles adecuados sobre las existencias, que minimicen el riesgo de extravío o uso indebido de las mismas", señaló la auditoría en su evaluación. También señaló que hay vulnerabilidades que pueden derivar en la exoneración de trámites requeridos por las normas legales o la autenticación de firmas no autorizadas. El sistema informático no permite hacer un monitoreo de los trámites.

problemas de “transparencia” en transferencia de fondos, ingresos y gastos